Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 24 de Febrero de 2021, expediente CNT 082266/2017/CA001

Fecha de Resolución24 de Febrero de 2021
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II

SENTENCIA DEFINITIVA Nº: SALA II

Expediente Nro.: 82266/2017 (Juzgado Nº 76)

AUTOS: “ABASTO Z.G. C/ SOLUCIONES MULTIMEDIA S.A. S/

DESPIDO”

VISTO

Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 22 de febrero de 2021, luego de deliberar en forma remota y virtual mediante los canales electrónicos disponibles, a fin de considerar los recursos deducidos en autos para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, atento a lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N°297/2020 (prorrogado mediante posteriores decretos), en función de la emergencia sanitaria declarada en la República Argentina mediante Decreto Nro. 260/2020 y a lo dispuesto en las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los integrantes de la Sala II, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. D.E.S. dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alza la parte demandada a tenor del memorial obrante de fecha 04/09/2020, con réplica de la contraria Se queja la demandada por cuanto el judicante de la anterior instancia consideró que no acredito que carecía de puestos de trabajo acordes a la capacidad parcial de la actora. Sostiene que el sentenciante a quo no analizó la prueba del testigo por ella ofrecida. Cuestiona, asimismo, que el sentenciante de grado haya considerado aplicable el CCT 130/75, la procedencia del rubro “comisiones”, de la multa que emana del art. 80 LCT. Por último, cuestiona las costas, la tasa de interés y los honorarios determinados en grado.

Sostuvo la actora al demandar que en el mes de enero de 2017

comenzó padecer una tendinitis en la muñeca izquierda como consecuencia de la cual se le indicó licencia médica a partir del 30/01/2017, y que el 14 de febrero de ese mismo año le fue diagnosticada una cervicodorsalgia. Refirió que en marzo de dicho año se le otorgó alta médica condicionada, precisándose en el certificado médico respectivo cambio de funciones en tareas administrativas sin atención al público. Refirió que, retomo sus tareas habituales pero que a los 15 días volvió a sufrir fuertes dolores por lo que debió retomar tratamiento y licencia médica hasta el 15/06/2017, fecha en la cual obtuvo alta médica con idénticas indicaciones de tareas sin atención al público. Refirió que, sin perjuicio de haber notificado tal situación a su empleadora, no obtuvo respuesta alguna ni fue reubicada, sino que tras la negativa de la demandada, el día 09/08/2017 fue despedida conforme lo dispuesto por el art. 212 segundo párrafo LCT.

Fecha de firma: 24/02/2021

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.S.R., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: D.E.S., JUEZ DE CAMARA

La demandada negó las manifestaciones iniciales y sostuvo que,

ante la presentación del certificado médico de la trabajadora, analizó la situación y ante la carencia de un puesto de trabajo acorde a lo prescripto por el médico de la accionante,

decidió el despido de la misma en los términos del art.212, segundo párrafo, LCT.

Ahora bien, al respecto es dable señalar que constatada la disminución definitiva de la capacidad laboral de la actora, encontrándose ésta imposibilitada de prestar las tareas que venía desarrollando hasta el momento, la empleadora estaba obligada a asignarle otras que pudiera ejecutar sin disminución de su remuneración.

En efecto, habiéndose configurado el presupuesto fáctico complejo que exige el primer párrafo del art. 212 LCT, se generó en consecuencia el deber de la empleadora de reasignar funciones adecuadas a la capacidad residual de la trabajadora sin disminuir su remuneración, conforme a la obligación de dar tareas que le incumbía en los términos del art. 78 de la LCT, salvo, claro está, que la imposibilidad de cumplir con el mandato legal obedeciera a motivos fundados que impidieran la satisfacción de tal deber, como contempla el segundo párrafo de aquel dispositivo legal.

Desde esta perspectiva, no cabe duda alguna que era la demandada quien debía probar que no se encontraba en condiciones de otorgar tareas compatibles con la aptitud física del trabajador.

En este sentido, intimada que fue la accionada, ésta sostuvo en reiteradas oportunidades que le era imposible la dación de tareas sin atención al público,

destacando en su misiva del 4/08/2017 que “la empresa no cuenta actualmente con otros puestos de trabajo compatible con la sugerencia de su médico tratante”” (fs. 80).

Sobre dicho aspecto G. (fs. 276/277), propuesto por la demandada, sostuvo que, “…las tareas que había eran similares, en cuanto a tareas, a las que...

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