Abastecimiento: el G-6 dijo que denunciará la iniciativa ante la Justicia

A pesar de los cambios propuestos la semana pasada por el Poder Ejecutivo, , que reúne a los sectores más representativos de la economía, volvió a rechazar el proyecto de nueva ley de abastecimiento: en un duro comunicado difundido después de un desayuno que tuvieron ayer en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), los empresarios advirtieron que, de ser aprobada, la iniciativa violará la Constitución Nacional.Fue otro encuentro que terminó no sólo con decisiones unánimes, sino con avances sobre la estrategia a seguir. Ya se contrató, por ejemplo, al estudio Cassagne y Asociados para elaborar una presentación jurídica si la ley sale tal como está. Ninguno de los que estuvieron ayer en la sede de Avenida de Mayo -Jorge Brito, de la asociación de bancos de capital privado nacional; Adelmo Gabbi, de la Bolsa; Luis Etchevehere, de la Rural; Héctor Méndez y José Ignacio de Mendiguren, de la UIA; Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción, y Carlos de la Vega, de la Cámara de Comercio- está conforme con el modo en que el Palacio de Hacienda, demiurgo del proyecto, ha intentado hasta ahora tranquilizarlos: si bien es cierto que la letra escrita fijará determinados alcances, les vienen diciendo, eso no quiere decir que se vayan a aplicar en su totalidad en todo momento, ni que se trate de una intervención en las empresas.El proyecto se tratará hoy en el Senado, donde, pese a la mayoría con que cuenta el bloque oficialista del Frente para la Victoria, se prevé un extenso debate, luego de que se discuta la nueva ley de pago soberano de la deuda (ver aparte).Los temores de los empresarios recrudecieron anteanoche, al oír a la presidenta Cristina Kirchner fustigar a las automotrices que, según ella, "encanutan los autos". Ese lunfardo no sólo multiplicó la desconfianza sino que acaso obligó a que el comunicado insistiera en la concatenación de advertencias de estos días: la ley "establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención".Según el texto, "estas atribuciones constituyen una violación de la Constitución Nacional al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76° de la misma. En este marco...