Abastecimiento: denuncia de empresarios contra el Gobierno

Una vez que termine la Conferencia Industrial que cerrará mañana en Pilar la Presidenta, probablemente el jueves, las entidades empresariales que integran el poderoso Grupo de los 6 (G-6) presentarán ante la Justicia una y, además, pedirán una medida cautelar para que, preventivamente, se impida al Gobierno aplicar todas las normas que ésta incluye.

La ley 26.991 fue sancionada en el Congreso hace casi tres meses y la , que presentarán las cámaras, patrocinada por el estudio Cassagne, ya tiene las firmas de los dirigentes empresarios: Héctor Méndez y Daniel Funes de Rioja (UIA); Eduardo Eurnekian (Cámara de Comercio); Jorge Brito (banca nacional, Adeba); Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio); Luis Etchevehere (Sociedad Rural Argentina) y Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción).

La demanda trasluce el malestar que se instaló entre las empresas y el Gobierno desde que, en septiembre pasado, el Congreso aprobó una ley que le da al Poder Ejecutivo muy fuertes facultades para intervenir sobre la vida de las empresas.

Pero, además, el juicio se inicia, casualmente, la misma semana en que se desarrolla en Buenos Aires la 20» Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, en la que está invitada a exponer mañana, como principal oradora, la presidenta Cristina Kirchner (de lo que se informa por separado).

El escrito, al que tuvo acceso LA NACION, tiene 150 páginas. Allí se afirma que las "abusivas" facultades que la ley entrega al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Comercio, así como el hecho de que la ley no contiene parámetros concretos, hacen que la ley misma "genere una amenaza creíble" para todas las empresas.

Además, "basta con que un funcionario considere que un aumento de precios -algo natural en épocas de inflación- es injustificado para que caigan sobre la empresa multas, clausuras, allanamientos, secuestro y venta de su mercadería y un largo rosario de sanciones", que "colocan a toda la actividad económica del país bajo el riesgo concreto de una intervención del Estado" y "viola la Constitución Nacional".

Desde su sanción en el Congreso, el 18 de septiembre, el Gobierno aún no aplicó la norma en concreto e intentó convencer a las entidades empresariales de no presentarse en la Justicia.

En efecto, la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara de la Construcción, que dudaban de sumarse a la presentación, fueron las últimas en hacerlo. En ese convencimiento fueron importantes los consejos de las más importantes empresas constructoras del...