Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 18 de Mayo de 2016, expediente L 117778

PresidenteGenoud-Pettigiani-Kogan-Hitters
Fecha de Resolución18 de Mayo de 2016
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 18 de mayo de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores G., P., K., Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.778 "A., J.F. contra Cooperativa Eléctrica Ltda La Dulce. Indemnización por accidente de trabajo (1113 C.C.)".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial Necochea hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a las demandadas (sent., fs. 741/752).

Las coaccionadas Cooperativa Eléctrica Limitada La Dulce y Prevención ART SA dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (fs. 768/779 y 781/797, respectivamente), concedidos por el órgano de grado a fs. 1097/1098.

Dictada a fs. 1111 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 768/779?

  2. ¿Lo es el de fs. 781/797?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

  1. El tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y admitió la acción interpuesta por J.F.A. contra la Cooperativa Eléctrica Limitada La Dulce en cuanto pretendía -con fundamento en el derecho común- la reparación integral de las secuelas incapacitantes que padece a raíz del accidente que protagonizara el día 1 de diciembre de 1999. Asimismo, condenó solidariamente a Prevención ART SA.

    De modo liminar, señaló que tanto la empleadora como el trabajador resultaron contestes acerca de la fecha de inicio de la vinculación -15 de diciembre de 1983- y del cese, dispuesto el día 26 de diciembre de 2000 en forma directa por la Cooperativa.

    Estimó acreditado que el día 1 de diciembre de 1999 el actor sufrió un accidente laboral, al romperse el brazo que sostenía la barquilla donde se hallaba ubicado, lo cual determinó que cayera desde una altura mínima de ocho metros a una máxima de once metros, siendo aprisionado su cuerpo por el aludido balde cuando estaba a nivel del suelo.

    Con relación a la categoría en que revistaba y las tareas desempeñadas, tuvo por probado que era oficial mayor electricista con especialidad en el tendido de redes eléctricas, como igualmente que, a raíz de las secuelas derivadas de dicho infortunio, se encuentra impedido de continuar cumpliendo esa especialidad, concluyendo por ello que porta una disminución del ciento por ciento (100 %) de su capacidad laboral.

    En la sentencia, tras juzgar responsable civilmente a la empleadora en los términos del art. 1113 del anterior Código Civil, a tenor de la apuntada minusvalía y en la inteligencia que al reclamante -quien tenía 45 años al producirse el siniestro- le restaban 30 años de vida útil, la condenó al pago de la suma de $ 388.747 en concepto de indemnización por incapacidad laboral, con más la que estableció por daño moral, disponiendo la compensación del importe de $ 16.891,16 que le había abonado la codemandada Prevención ART SA en el marco de la ley 24.557.

    En otro orden, fijó los honorarios de los dos peritos médicos y del contador que intervinieron en el proceso, en la suma de $ 34.576 para cada uno de ellos.

  2. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 768/779) la Cooperativa demandada denuncia absurdo, la violación del principio de congruencia y de los arts. 26 incs. d) y h), 44 incs. c) y d), 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4), 163 inc. 6) y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 1069, 1083 y 1627 del anterior Código Civil; 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 10 y 27 de la Constitución provincial y de la doctrina legal que cita.

    Expone los siguientes agravios:

    a. Plantea su disconformidad con la decisión de grado en cuanto, a partir de considerar que el accionante se halla imposibilitado de desempeñar tareas propias de su especialidad, estableció el quantum indemnizatorio sobre una incapacidad del ciento por ciento.

    Sostiene que al describir en la demanda las labores que cumplía, el reclamante no adujo que las mismas tuvieren el carácter de una profesión habitual, menos aún que fuese especialista en redes. Añade que, recién en oportunidad de contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, extemporáneamente manifestó que realizaba tareas específicas -operario de oficial mayor- del convenio colectivo de trabajo que le exigían contar con experiencia e idoneidad profesional.

    En ese entendimiento, alega transgredidos por el sentenciante el principio de congruencia, las normas que lo consagran y la doctrina trazada por esta Corte -que individualiza- en torno de la distinción entre los conceptos de "profesión habitual" y "tarea habitual". Asimismo, le endilga la comisión de los vicios de demasía decisoria y absurdo en la valoración de los escritos constitutivos del proceso.

    Por otra parte, estima que el juzgador ha quebrantado la regla del onus probandi estatuida en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, dado que el accionante no ha ofrecido ni -por ende- producido prueba eficaz sobre la existencia de la profesión habitual en el sentido requerido por la doctrina de este Tribunal.

    Al respecto, refiere que los testimonios rendidos en la audiencia oral -como se indica en el veredicto- resultaron contradictorios, no aportando elementos de valor para comprobar la especialidad en redes eléctricas. Extrae de los dichos de H.D. que, con posterioridad al distracto, el actor realizó labores como electricista particular. Agrega que, al absolver posiciones, el propio reclamante admitió esa circunstancia -según consta a fs. 711, pto. 7- lo cual fue soslayado por el sentenciante. Acerca de tal acto, asevera que la genérica y tardía manifestación tocante a que habría realizado cursos en ESEBA no fue respaldada por prueba alguna.

    En ese contexto, censura por absurdo que se estableciera que el actor prestaba servicios en la categoría "oficial mayor electricista" -con la especialidad ya enunciada- por ser una cuestión que no fue invocada en el escrito de inicio y tampoco tuvo respaldo probatorio en los obrados. Déficit que, señala, no coincide con la doctrina legal que obliga a denunciar y acreditar que las tareas desempeñadas por el trabajador son de aquellas que requieren una capacitación y especialización propias de una profesión habitual.

    Afirma que el actor alegó desempeñar múltiples tareas que, a diferencia de lo concluido en el veredicto, no guardan relación con el trabajo en redes.

    Agrega que todo quehacer, aun el más sencillo, requiere de conocimiento y que la experiencia adquirida a lo largo de los años otorga al dependiente una mayor destreza y habilidad para su desempeño. Sin embargo, ello no supone que se trate de una profesión habitual, concepto jurídico que importa una capacitación que debe ser denunciada y corroborada con medios adecuados, lo cual no acontece en el caso.

    Sostiene que la condena a resarcir el ciento por ciento de incapacidad -cuando, según las experticias médicas, correspondía entre un 20% y un 38%- luce absurda y vulnera su derecho de propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución nacional; v. recurso, fs. 769 vta. y 771/775).

    b. Aduce que al extender la vida productiva del accionante hasta la edad de 75 años, el órgano de grado quebrantó la regla de la congruencia y los preceptos que la consagran, dado que alteró las pautas invocadas en la demanda donde se había fijado el límite de 72 años para el cálculo del lucro cesante por incapacidad, mientras que su parte peticionó se acotase a 65 años. Expresa que también en este punto se configura el supuesto de demasía decisoria y la vulneración del derecho de propiedad de su parte (íd., fs. 770 y 775 y vta.).

    c. Endilga al juzgador la comisión de absurdo en la apreciación del daño atento que calculó el importe del resarcimiento en forma lineal dando por sentado, sin fundamento, que el actor habría de obtener los mismos ingresos como trabajador activo que después de jubilado.

    Alega que la decisión deviene ilógica y consuma un enriquecimiento indebido, pues la capacidad productiva desde los 65 hasta los 72 o 75 años es sustancialmente menor que aquella con que se cuenta en etapa de actividad, razón por la cual entiende que el a quo debió ponderar ingresos menores para aquel período. Propone que se los disminuya en un 40%.

    Denuncia infringidas las previsiones contenidas en los arts. 1069 y 1083 del Código Civil vigentes a la fecha del infortunio, en cuanto disponían que la reparación de los daños y perjuicios provocados por un acto ilícito debe ser integral, procurando recomponer la situación patrimonial anterior a su acaecimiento, mas no puede constituirse en un enriquecimiento sin causa (íd., fs. 770/771 y 775 vta./776 vta.).

    d. Se agravia por el importe de los honorarios regulados a los dos peritos médicos y al contador.

    Afirma que a tal fin el sentenciante tuvo en cuenta únicamente el monto del juicio -fijándolos en el orden del 3,7% del mismo para cada perito, lo cual representa individualmente la suma de $ 34.576-, sin analizar la importancia, mérito y naturaleza de la labor cumplida, el tiempo empleado para ejecutarla, ni su proporción respecto de los letrados intervinientes, cuyo quehacer califica como de mayor complejidad y duración.

    Considera que dichas regulaciones lucen notoriamente desproporcionadas, vulnerando el art. 1627 segundo párrafo del anterior Código fondal, la doctrina de esta Corte -que identifica- y su derecho de propiedad (íd., fs. 771 y 776 vta./778 vta.).

  3. El recurso, en mi opinión, no ha de prosperar.

    1. El agravio vinculado con la determinación de la incapacidad, en relación a las tareas especializadas que el tribunal interviniente juzgó comprobadas, no merece favorable acogida.

      1.1. Inicialmente he de abordar los...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba