Sentencia nº 17793 de Superior Tribunal de Justicia, 15 de Febrero de 2022

Fecha de Resolución15 de Febrero de 2022
EmisorSuperior Tribunal de Justicia

(Libro de Acuerdos Nº 7, Fº 17/23, Nº 5). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintidós, reunidos los Señores Jueces de la Sala II-Penal del Superior Tribunal de Justicia, doctores L.N.L.G., J.M.d.C. y F.F.O., bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el E.. PE-17.793/2021, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el E.. Nº C-63/2021 (Cámara de Apelaciones y Control - Vocalía 1) caratulado: ‘A., J.M. y O.P., J. A. p.s.a Estafa Procesal. Ciudad’. (E.. P.. Nº P-140.107/16)”.

La doctora L.G. dijo:

  1. En lo que aquí interesa, el 17 de Febrero de 2021 el Sr. Agente F.D.C.A.G.U. formuló Requerimiento de Elevación a Juicio en contra de J.M.A. y J.A.O.P., señalando –inicialmente- que la conducta atribuida a los inculpados quedaba comprendida en el delito de “Estafa Procesal; previsto y penado en los Arts. 173 Inc. 4º en función del Art. 45 del Código Penal”, consignando luego en el petitorio que la misma quedaba subsumida en el “Art. 172 Inc. 8º en función del Art. 42 del Código Penal” (fs. 548/552 vta. del E.. P-140.107/16, hoy E.. Nº C-63/21).

    Deducidas oposiciones por el Dr. R.F.R., Defensor Técnico de A. y por el Dr. O.P. por sus propios derechos (fs. 562/565 y fs. 567/571, respectivamente), las mismas fueron rechazadas por el Sr. Juez de Control Nº 1 confirmando –así- la elevación de la causa a Juicio (fs. 574/581).

    Para decidir en el sentido expuesto, el Magistrado sostuvo, en lo central, que los elementos probatorios incorporados permitían acreditar –con el grado de probabilidad exigido en la etapa por la que transita el proceso-, la participación de los imputados en el hecho intimado; y que el requerimiento fiscal había satisfecho las exigencias previstas en los Arts. 383 y 384, C.P.Penal.

    Manifestó que, aun cuando el representante del órgano acusador había individualizado erróneamente el delito previsto en el Art. 173 Inc. 4º del Código Penal como “Estafa Procesal”, tal equívoco no había afectado la validez de la requisitoria puesto que -para su procedencia- bastaba con detallar la descripción del hecho y la indicación de la normativa aplicable. Indicó, además, que el yerro en el que incurrió el Sr. Agente F. al redactar el apartado final del aludido requerimiento, se debió a un error de tipeo que no importaba vulneración a garantía constitucional alguna, máxime cuando en el capítulo IV titulado “Calificación Legal” el requirente precisaba correctamente la norma legal sobre la que sustenta la pieza acusatoria.

    Contra este pronunciamiento, los Dres. F.R. y O.P. en las calidades supra referidas, interpusieron sendos Recursos de Apelación que fueron –también- rechazados por la Alzada por resolución del 4 de Junio de 2021 (fs. 616/620 vta.).

    Interpuesto Recurso de Casación por el Dr. O.P. por sus propios derechos, la Cámara denegó –el 15 de Julio de 2021- la concesión del mismo invocando en lo medular que la impugnación antes aludida resultaba formalmente improcedente, habida cuenta de que los agravios expuestos por el presentante no encuadraban en ninguno de los supuestos previstos en el Art. 457, C.P.Penal (fs. 632/634).

  2. Disconforme con lo resuelto, el profesional antes referido interpuso Recurso de Inconstitucionalidad por sentencia arbitraria, con el objeto que esta Sala Penal revoque la decisión cuestionada.

    En lo medular, afirma que el Requerimiento de Elevación a Juicio resulta equiparable a una sentencia definitiva, y que la confirmación del mismo por las instancias precedentes contraría las normas que el Código de Rito prevé bajo pena de nulidad absoluta.

    Aduce que el Ministerio Público de la Acusación omitió acreditar los extremos exigidos para sostener la existencia del delito endilgado y que el Sr. Juez de Control “ilícitamente” modificó la calificación legal impuesta en su contra, violentando el Principio de Congruencia y el Derecho de Defensa.

    Sostiene que los elementos de prueba incorporados no resultan suficientes para “apuntalar un auto de acriminación”, puesto que –entre otros motivos- los hechos relatados por los denunciantes no se corroboran con otros medios probatorios.

    Manifiesta que la requisitoria fiscal atribuye a su conducta dos calificaciones legales distintas, lo que importa una “inobservancia y errónea aplicación de la ley substantiva (Art. 456 Inc. 2º del ítem)”.

    Insiste en que los Jueces inferiores en grado “enmendaron” los términos en los que se basó el Requerimiento de Elevación a Juicio, arrogándose funciones que competen exclusivamente al órgano acusador; cuestión que –según refiere- acarrea la nulidad de lo actuado en virtud del Art. 457 Inc. 3º, C.P.Penal.

  3. Integrada la Sala Penal (fs. 19), se corrió traslado a la parte Querellante, presentándose a contestarlo el Dr. Segundo Soria en representación de H.O.A., quien solicitó el rechazo del recurso por los motivos expuestos a fs. 25.

    Habiéndose expedido el Sr. F. General del Ministerio Público de la Acusación –igualmente- por el rechazo de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR