Sentencia nº 13051092842 de SUPREMA CORTE, SALA N° 2, 23 de Abril de 2021

PonenteVALERIO - ADARO - PALERMO
Fecha de Resolución23 de Abril de 2021
EmisorSUPREMA CORTE - SALA N° 2
MateriaDERECHO LABORAL - SENTENCIA ARBITRARIA - PRUEBA - APRECIACION DE LA PRUEBA - INSTANCIA EXTRAORDINARIA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA

PODER JUDICIAL MENDOZA

Foja: 49

CUIJ: 13-05109284-2/1((033002-16632))

CALA, PRUDENCIO EN JUICIO Nº 16632 CALA, PRUDENCIO C/ CARLETTO, JOSÉ S/ DESPIDO P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL

*105567696*

En la Ciudad de Mendoza, a 23 de abril de 2021, reunida la S. Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva en la causaN° 13-05109284-2/1, caratulada: “CALA, PRUDENCIO EN J° 16.632 CALA, PRUDENCIO C/ CARLETTO, JOSÉ P/ DESPIDO P/ REP”

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C.C.yT. y teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Acordada N° 5845, en el acto del acuerdo quedó establecido el nuevo orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: Dr. J.V.V., segundo Dr. MARIO DANIEL ADARO y tercero Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

ANTECEDENTES

A fs. 11/24 vta. se presentó el Sr. P.C., por medio de representante legal, e interpuso recurso extraordinario provincial contra la sentencia dictada a fs. 145 y sgtes., de los autos N° 16.632, caratulados: “C., Prudencio C/ C., J. S/ Despido”, originarios de la Excma. Cámara Segunda del Trabajo de la Tercera Circunscripción Judicial.

A fs. 35 y vta. se admitió formalmente el recurso interpuesto, se dispuso la suspensión de los procedimientos en la causa principal y, se ordenó correr traslado a la contraria, quien no contestó.

A fs. 42/43 se agregó el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expuso, entendió que correspondía hacer lugar al recurso planteado por el actor.

A fs. 48 se llamó al Acuerdo para sentencia y se dejó constancia del orden de estudio por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta S. se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A:¿Es procedente el recurso interpuesto?

S E G U N D A:En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A:Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. J.V.V., dijo:

  1. La sentencia de instancia hizo lugar parcialmente a la demanda in-terpuesta por P.C. contra J.M.C. y S.C. y los condenó a abonar la suma de pesos $65.554,16 en concepto de salarios adeudados por los meses de enero, febrero, y proporcional de marzo de 2016, sueldo anual complementario proporcional 1° semestre 2016, vacaciones proporcionales 2016, indemnización por antigüedad, preaviso, art. 80 ley de contrato de trabajo y multa art. 2 ley 25323; con más los intereses legales a partir del día 18/03/2016 hasta el efectivo pago.

    Por su parte, la Cámara rechazó la sanción prevista por el art. 1 de la ley 25.323 por la suma de pesos $66.016,00 con imposición de costas por su orden.

    Para así decidir consideró acreditado que, el trabajador ingresó a trabajar como peón (según leyes 22.248 y 26.727) el día 16/10/2008, hasta el 18/03/2016, fecha en que se consideró despedido.

  2. Contra dicha decisión, se presenta P.C., por intermedio de su representante legal e interpone recurso extraordinario provincial, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 145, 150 y 159 del Código Procesal Civil, Comercial y T. de Mendoza.

    1. Afirma que, la sentencia es nula en tanto incumple los requisitos y formas indispensables para su dictado. Que, la sentencia no consignó licencias requeridas por la Jueza.

      Que, la audiencia de vista de causa se desarrolló el 26/02/2020 y el decreto de llamamiento de autos para sentencia se publicó al día siguiente quedando notificado fictamente el día 28/02/2020 por ello, la ejecutoria del llamamiento operó el día 05/03/2020. Que, luego transcurrieron 4 días hábiles hasta el 12/03/2020 fecha en que se suspendieron las actividades (decreto 260/20). Luego, la acordada 29526 prorrogó hasta el 01 de junio de 2020 la reanudación de los plazos procesales y la sentencia se dictó el 17 de julio de 2020 luego de 31 días hábiles más de lo permitido lo que torna inexistente la resolución.

    2. Explica que, la sentencia omitió valorar prueba fundamental ya que, los demandados manifestaron que el actor trabajaba menos días pero no acreditaron la modalidad prevista por el art. 92 de la ley de contrato de trabajo y se acompañaron más de veinte recibos simples que imputaban a períodos mensuales de trabajo y coinciden con recibos de remuneraciones.

    3. Sostiene que, también se omitió una nota del contador dirigida al Sr. J.M.C. donde se le manifestó su pesar por los inconvenientes de pasar trabajadores rurales a obreros de viña.

    4. Determina que, se modificó la carga de la prueba ya que, corresponde al empleador acreditar que la relación laboral se desarrolló con jornada reducida (art. 198 LCT).

    5. Manifiesta que, respecto a la correcta registración no se consideró que la propiedad tenía mayor superficie cultivada con vides y los recibos decían actividad vitícola.

      F. reserva de interponer recurso extraordinario Federal.

  3. Anticipo que el recurso interpuesto por el actor no prospera.

    1. Me referiré primeramente al agravio que persigue la nulidad de la sentencia por haberse dictado fuera de término.

      1. En fecha 27 de febrero del 2020, se dictó el decreto de llamamiento de autos para sentencia en cual salió en lista el 04 de marzo y en consecuencia quedó firme el 06 de marzo, del mismo año.

      2. Efectivamente se constata que la sentenciante no informó licencia alguna.

      3. Ahora bien, como resulta de público conocimiento, atento la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19, este Poder Judicial debió adoptar medidas urgentes, que permitiesen conjugar la prestación del servicio de justicia con la protección de la salud de la población.

        (i) En este contexto con fecha 16/03/2020 se dictó la Acordada 29.501, que entre otras disposiciones, ordenó la“…la suspensión de plazos procesales en todos los fueros e instancias del Poder Judicial, desde el 17 al 31 de marzo del año en curso. Queda exceptuada de esta suspensión toda actuación judicial que, de no practicarse, pueda causar perjuicios irreparables, previa habilitación dispuesta por el magistrado o funcionario competente para conocer o tramitar el pedido en el proceso de que se trate, medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, tales como las de protección de personas, situaciones de libertad, detenciones, prisión preventiva u otras que no admitan dilación alguna, órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer, niños, niñas y adolescentes…”(dispositivo 2).

        (ii) Tal situación de inhabilidad extraordinaria fue sucesivamente pro-rrogada mediante el dictado de las Acordadas 29.526, 29.528, 29.529, 29.530, 29.531, 29.532, 29.540, 29.550, 29.561, 29.569, 29.573, 29.574, 29.587, 29.596, 29.601, 29.622, 29.681, 29.719, 29803 y cc.

        (iii) La sentencia cuestionada fue dictada con fecha 17/07/2020.

        (iv) Luego, con fecha 23 de noviembre de 2020, se dictó la Acordada 29.840 que dispuso“…que a partir del 1 de diciembre del año en curso rigen los plazos para dictar y publicar autos interlocutorios y sentencias; y prorrogar hasta el día 18 de diciembre (inclusive) del año en curso la excepción dispuesta en el resolutivo quinto de la Acordada 29.681 para proveer escritos…”(dispositivo 2).

      4. Este breve análisis me lleva a concluir que resulta errada la afirmación que la sentencia fue dictada fuera de término, toda vez que cuando ello ocurrió, los plazos procesales se encontraban suspendidos.

    2. Por lo expuesto me pronuncio por el rechazo de este primer motivo de agravio, lo que me habilita a adentrarme en el tratamiento del resto de las quejas planteadas.

    3. Los principales agravios planteados por el recurrente se refieren a los criterios que utilizó el a quo para valorar la prueba rendida en la causa. De hecho afirma que la sentencia omitió valorar ciertas pruebas consideradas fundamentales por el recurrente, como así también el quejoso cuestiona la aplicación de las cargas probatorias efectuada por el tribunal de grado.

      1. Es criterio reiterado de esta Corte que el juzgador es soberano en la selección y valoración de la prueba para fundar su decisión.

        Así, ha sostenido, que la potestad de seleccionar y valorar el material probatorio configura, en principio una facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser revisada en la instancia extraordinaria en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (LS 450-053). Por ello y en tanto no se muestre como arbitrario o absurdo el razonamiento, no corresponde sea modificado en esta instancia por cuanto involucra la potestad discrecional amplia y exclusiva de los jueces inferiores para la valoración de las circunstancias fácticas. (LS 457-070).

      2. Este principio sumado a que la tacha de arbitrariedad en el orden local no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente, sino que la misma de carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación. Por lo...

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