Sentencia nº 13-04647559-8 de Tercera Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 8 de Marzo de 2021

PonenteAMBROSINI - MÁRQUEZ LAMENÁ - COLOTTO
Fecha de Resolución 8 de Marzo de 2021
EmisorPrimera Circunscripción
MateriaATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD - CAPACIDAD - CAPACIDAD DE HECHO - INCAPACIDAD - RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD - PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

CAMARAS DE APELACIONES EN LO CIVIL, C-TERCERA

PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 394CUIJ: 13-04647559-8( (010303-54538))

GAUNA ANDREA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS

*104731750*En Mendoza, a los 8 días del mes de marzo de dos mil veintiuno reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo C.il, Comercial, M., de Paz y T. trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos N° 54.538 – 262.969, caratulados “G.A. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/daños y perjuicios” originarios del Primer Tribunal de Gestión Asociada en lo C.il, Comercial y M. de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia dictada a fs. 350/352.

Habiendo quedado en estado la causa, de conformidad con lo dispuesto por el art. 140 del Código Procesal C.il, Comercial y T. de Mendoza se establece el siguiente orden de votación: doctores A., M.L. y C..

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de la C.itución de la Provincia, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

Primera

¿es justa la sentencia apelada?

En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde?

Segunda

costas

Sobre la primera cuestión, la Dra. A. dijo:

1.-En contra de la sentencia que desestima la demanda la actora interpone recurso de apelación a fs. 353. Funda agravios a fs. 362/366 con fundamento en que existe una errónea aplicación del derecho al considerar que la acción se encuentra prescripta.

Expresa que se encontraba privada de libertad al momento del incidente y hasta la actualidad. Circunstancia que la imposibilita a ejercer sus derechos libremente y desarrollarse plenamente en la vida civil.

Que el art. 12 del Código Penal Argentino “somete a los privados de libertad a más de tres años de prisión a un régimen análogo a los incapaces absolutos de hecho ordenando una restricción de sus derechos personales y patrimoniales, y aplicando el régimen de la curatela para incapaces.” (fs. 362). Entre otros argumentos explica que la doctrina equipara la situación del condenado a un “incapaz “de hecho” relativo, dado que la restricción opera respecto de ciertos actosque la norma enumera pudiendo realizar por sí todos los demás de la vida civil. La incapacitación requiere designación de un curador para subsanar dicha falencia.

El art. 3966 del Código C.il corre contra los incapaces que tuvieren representantes legales. Si carecieren de representación, se aplicará el art. 3980.

En el asunto de marras se encuentra en situación de incapacidad de hecho y sin designación de curador ergo resulta improcedente el auto interlocutorio que hace lugar a la excepción de prescripción planteada por la demandada.

El art. 12 del Código Penal no hace distinción alguna de si el condenado se encuentra cumpliendo sentencia de condena en el establecimiento penitenciario o bajo el régimen de prisión domiciliaria por lo que resulta inconstitucional forzar una interpretación restrictiva y debe acudirse a esa norma que mejor garantiza el derecho al acceso a la justicia.

El art. 3966 del Código C.il remite al art.3980 y que se advierte que al interponerse la presente demanda no había cesado la incapacidad de hecho de la Sra. G., quien continúa privada de su libertad por lo que la demanda ha sido interpuesta dentro del plazo establecido en el art. 3980.

Que la Sra. Jueza no tuvo en cuenta el informe de la Lic. en Trabajo Social (fs.261/264) del que surge la situación de vulnerabilidad de su mandante desde su ingreso y permanencia en los sucesivos establecimientos penitenciarios. Que fue víctima de sucesivos hechos de violencia intra carcelaria con graves lesiones lo que incorpora una nueva condición de vulnerabilidad para accionar.

Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, establecen normas que imponen obligaciones a cargo del Estado a fin de garantizar el acceso a la justicia y en el presente caso evidentemente no se han cumplido.

Pide que se revoque el auto interlocutorio en crisis.

A fs. 379/381 y 387/388 la demandada y Fiscalía de Estado contestan agravios solicitando el rechazo del recurso conforme argumentos a los que me remito.

2.- La solución:En primer lugar, recuerdo aquí que “El recurso de apelación es de plena jurisdicción, ello en el sentido de que el Tribunal, dentro de la competencia abierta por los agravios del apelante, examina las cuestiones de hecho y de derecho con la amplitud otorgada a los jueces ordinarios de la causa. De tal modo, y en base al art. 46 inc. 9 del C.P.C., entra dentro de la potestad del órgano de alzada el en-cuadre jurídico de las cuestiones pro-puestas, sin que quepa imponérsele limitación alguna en ese terreno”. (Suprema Corte de Justicia de Mendoza: causa n° 109.207, caratulada: “M.J.A. en j° 82108/44170 G.C., C.V. por si y p.s.h.m. c/ C.F.S.F. y ots p/ d y p s/ inc."- , 25/6/2014; expte.: nº 40.379 “P. de Teruel”: LS 179-460; entre otros). Asimismo, aclaro que me guiaré por jurisprudencia de la CSJN que tiene reiteradamente dicho que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304;262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tienen el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611).

2.1.- El contenido de los agravios en relación la decisión que admite la excepción de prescripción y el objeto de la pretensión de la acción por daños:según la queja y los argumentos expuestos en la resolución recurrida no existe discusión acerca de los siguientes puntos: a) aplicación del Código C.il al caso, de hecho la queja se funda, entre otras normas, en los arts. 3966 y 3980, sin que se cuestione el plazo de prescripción de dos años (art.4037) en materia extracontractual; b) el contenido de la pretensión resarcitoria esgrimida contra el Estado Provincial y las fechas en que ocurrieron los hechos que darían origen al inicio del cómputo de la prescripción. Específicamente queda fijado, según la prueba analizada, que, entre otras patologías, la Sra. A.G. contrajo HIV alrededor del año 2001 y que el desprendimiento de retina se habría producido en el año 2012; c) la fecha en que la Sra. G. obtuvo el régimen de prisión domiciliaria (12/8/2011) y d) no acredita cuando solicita la dispensa (art. 2550 CCCN antes 3980 CC) en qué momento habría cesado el impedimento.

La magistrada que nos precede concluye que la acción por daños se encuentra prescripta por haber transcurrido 17 años desde el contagio de HIV que señala ocurrido en el penal hasta la interposición de la demanda, o en su caso 7 años desde que se encuentra en prisión domiciliaria hasta la fecha en que interpone la acción.

Ahora bien, despejo del área de estudio la aplicación de las Reglas de Brasilia en cuanto, se invocan tanto en la demanda como en los agravios con fundamento en que el Estado Provincial no ha garantizado el acceso a la justicia de la actora.

Efectivamente, en la demanda citó las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia, destacando entre otras cuestiones, la relevancia del asesoramiento técnico- jurídico para la efectividad de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad garantizando la consulta gratuita y de calidad, estableciendo diversas acciones, “sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia (regla 33), sin embargo, el objeto de la pretensión de la acción por daños esgrimida no incluye un reclamo por responsabilidad civil con fundamento en el incumplimiento de dicha obligación, tampoco por no haberle designado curador o representante a los fin de interponer demanda en tiempo.

En el caso las normas de derecho privado que rigen la materia y han sido invocadas por la misma actora, resuelven el caso, aunque, anticipo, de manera contraria a su interpretación.

Para comenzar el análisis de la excepción de prescripción interpuesta por el Estado Provincial y Fiscalía de Estado, resulta necesario centrar el objeto de la pretensión de la acción por daños interpuesta el día 28 de diciembre de 2018.

Al efecto, he revisado la postulación inicial y consiste en un reclamo resarcitoriopor daño material y moral derivado de contagio de HIV, paraplesia de miembros inferiores y pérdida de visión del ojo izquierdo, que se habrían ocasionado en prisión desde hace más de 10 años.

En el contexto señalado, debo decidir si el plazo de prescripción de la acción por daños no ha transcurrido por resultar la Sra. A.G., según el argumento recursivo, una persona incapaz de hecho absoluta sin curador o representante designado a los fines de promover demanda en virtud de lo dispuesto por el art.12 del Código Penal, o bien, si habiendo corrido el plazo corresponde aplicar el instituto de dispensa de la prescripción con fundamento en que la Sra. G. permanece privada de su libertad.

2.2.- Reglas generales y la capacidad de las personas privadas de libertad y el ejercicio de las acciones por daños sufridos en los establecimientos penitenciarios:

El principio rector es el de la capacidad de las personas, lo era en el Código C.il y con...

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