Sentencia nº 13-01970101-2 de SUPREMA CORTE, SALA N° 2, 23 de Agosto de 2019

PonenteGOMEZ - VALERIO - LLORENTE
Fecha de Resolución23 de Agosto de 2019
EmisorSUPREMA CORTE - SALA N° 2
MateriaDERECHO LABORAL - RELACION DE DEPENDENCIA - DESPIDO INDIRECTO - DIFERENCIAS SALARIALES - LAUDO ARBITRAL - RECURSO DE CASACION - APRECIACION DEL JUEZ

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA

PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 115

CUIJ: 13-01970101-2/2((010404-22052))

DIARIO LOS ANDES HNOS. CALLE. S.A EN JUICIO N°22052 "FERRARI, ENRIQUE ANTONIO C/ DIARIO LOS ANDES HNOS.CALLE, S.A. S/ DESPIDO" (22052) P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN

*104340038*En Mendoza, al 23 de agosto de 2019, reunida la S. Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N°13-01970101-2/2, caratulada: “DIARIO LOS ANDES HNOS. CALLE. S.A EN JUICIO N°22052 "FERRARI, ENRIQUE ANTONIO C/ DIARIO LOS ANDES HNOS.CALLE, S.A. S/ DESPIDO" (22052) P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN”.De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C.C.yT. y teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Acordada N° 5845, en el acto del acuerdo quedó establecido el nuevo orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JULIO R.G.; segundo: DR. J.V.V.; tercero: DR. P.J.L..ANTECEDENTES:

A fs. 24/47, Diario Los Andes Hnos. C.S., por intermedio de su apoderado, Dra. V.N.R., dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia definitiva glosada a fs. 255/262 de los autos N° 22.052, caratulados: “Ferrari, E.A. c/ Diario Los Andes Hnos. C.S. p/ Despido”, originarios de la Excma. Cuarta Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.

A fs. 69 se decidió la admisión formal de los recursos deducidos, con suspensión de los procedimientos principales y traslado a la contraria. Esta parte formuló defensa conforme consta a fs. 76/92, por intermedio del Dr. A.E.M..

A fs. 109/111, se agregó dictamen del Sr. Fiscal Adjunto Civil, P. General, quien por las razones que expuso, aconsejó la convocatoria a dictado de nuevo fallo plenario y el rechazo de las articulaciones.

A fs. 114 se llamó al acuerdo para dictar sentencia definitiva, con constancia del orden de estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta S. se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?

S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. JULIO R.G., dijo:

I.Como cuestión inicial corresponde establecer que ambas impugnaciones extraordinarias planteadas por la recurrente, serán tratadas conforme al Código Procesal Civil vigente, Ley 9.001, en los términos en que ha quedado reglado el recurso extraordinario provincial. No se advierte agravio de ninguna naturaleza para las partes en el caso, toda vez que el anterior ordenamiento formal ha sido armonizado íntegramente con las previsiones del actual, comprendiéndose los motivos de agravio en un único recurso.

Por otra parte esta Corte ha sostenido reiteradamente, de conformidad con la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus precedentes que, excepto en lo relacionado con actos procedimentales cumplidos o sujetos a estos, las nuevas normas procesales deben ser aplicadas a los procedimientos en trámite, claro está, sin que ello pueda provocar menoscabo a los derechos de los litigantes. Reitero, en el caso tal menoscabo no se advierte.

Consecuentemente debe este Tribunal resolver en un examen común del recurso, tanto el cuestionamiento constitucional que sostiene la impugnante como las cuestiones de interpretación normativa que postula en su recurso.II.La Sentencia de la instancia admitió parcialmente la demanda entablada por E.A.F. en contra de Diario Los Andes Hnos. C.S. y, en consecuencia, condenó a este último al pago de diferencias salariales fundadas en el artículo 58 del Laudo 17/75 y rubros derivados del distracto.

Al así proceder, ela quoargumentó:

  1. El planteo de inconstitucionalidad del artículo 58 del Laudo 17/75, por oposición a las leyes N° 24.013, 23.928 y 25.561, quedó descartado por el Acuerdo plenario pronunciado por la Suprema Corte de nuestra Provincia en la causa “S.” (LS 469-239).

  2. La tacha de invalidez del precepto de marras, en el entendimiento de que afectó el derecho a la negociación colectiva de la demandada, no encuentra apoyo en las constancias fácticas de estos actuados.

    La parte empleadora no ha producido pruebas en tal sentido y, por el contrario, de la instrumental obrante a fs. 47 se desprende que las partes han ratificado la prevalencia convencional del Laudo 17/75, obligándose a respetarlo en su “integridad”.

    Por tal motivo, no existe prueba concreta de perjuicio constitucional alguno.

    Lo expuesto fue reconocido por la Séptima Cámara del Trabajo en el precedente “Assumma”, en el que se dejó constancia de quiénes fueron las partes que intervinieron en la celebración del laudo, entre los que se encontraba la accionada (v. C.7ª, sent. del 08/10/2009, autos N° 1273, caratulados: "Assumma, O.J. c/ Supercanal SA P/ Dif. S.riales").

    A su vez, cabe memorar que el acuerdo fue alcanzado durante la vigencia de un gobierno democrático, y que el recurso de nulidad intentado por el sector empresario fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Prensa del Oeste” (Fallos 295:1024), tal y como lo sostuvo la P. General de la Nación en el dictamen de fecha 25/04/2017, en autos "Assuma, O.J. el Supercanal SA s/ despido p/ rec. ext. de inconstitucionalidad”.

  3. En consecuencia, los salarios que la demandada debió haber liquidado, en función del artículo 58 del Laudo 17/75 –cuya inconstitucionalidad ha sido descartada- fueron inferiores, por lo que se han devengado las diferencias remuneratorias impetradas por la parte actora.

    No obstante, el demandado abonaba un ítem nominado “plus salarial” (v. pericia obrante a fs. 146), que debe ser considerado, por lo que el total adeudado en concepto de diferencias salariales asciende al monto de $48.562,75.

  4. Por otra parte, el contrato que vinculó a las partes finalizó en fecha 12-09-2007, previo intercambio epistolar entre las partes, del que resultó demostrado que el actor comenzó el trámite para acceder al beneficio jubilatorio en fecha 22/11/2006 y que accedió al mismo en fecha 24/07/2007.

    Este ocultamiento, fue advertido por la demandada en la epístola de fecha 14/09/2007, y tuvo particular entidad, sin perjuicio del derecho del actor a reclamar diferencias devengadas, toda vez que “…el emplazamiento formal no puede estar por encima de los verdaderos carriles que transitó la cuestión…” (sic. Fs. 260 vta.).

    Por tal motivo, aunque la empresa consintió la continuidad del vínculo, en razón de que emplazó al actor a retomar funciones, sólo debe computarse la antigüedad posterior a la obtención del beneficio jubilatorio (24/07/2007). Ello así, al haber continuado la relación por un lapso inferior a tres meses, se impone el piso mínimo preestablecido en el Estatuto 12.908, art. 43, inc. c).

  5. Los intereses moratorios se devengarán de conformidad con los parámetros establecidos en el plenario “L.” (SCJ Mendoza, en pleno, sent. del 30/10/2017), según la tasa para préstamos de libre destino a 36 meses del Banco de la Nación Argentina.

  6. Las costas se imponen a cargo de la demandada (art. 31 del Código Procesal Laboral).

    III.Contra esa decisión, Diario Los Andes Hnos. Calle deduce los referidos recursos extraordinarios.

    Al así proceder, subsume el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 150 del Código Procesal Civil (hoy, incisos “a”, “b” y “c”, artículo 145 del Código Procesal Civil, Comercial y T..

  7. Considera que ela quoha omitido pronunciarse expresamente sobre el planteo de inconstitucionalidad que su parte efectuó respecto del artículo 58 del Laudo arbitral n° 17/75, por oposición a los Convenios N° 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, convertidos en normas supra-legales por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Agrega que, no obstante esa preterición, el juzgador ha efectuado expresa aplicación de la manda en crisis.

    Explica que el Tribunal de mérito ha expuesto un razonamiento elíptico para evitar ingresar en el análisis de la cuestión que su parte propusiera, ya que mal puede sostener que no ha sido demostrado el perjuicio a su derecho a la negociación colectiva.

    Señala que no han existido paritarias libres ni soberanas; que las partes han fijado salarios inferiores por acuerdos ulteriores, pero lo han hecho siempre efectuando expresa salvedad –en todas las actas- de que el sector sindical no renuncia a la aplicación del artículo 58 del Laudo 17/75, a las resultas de los fallos definitivos que pronuncie la Justicia, lo que obliga a su parte a negociar en desventaja.

    Memora que en los autos “S., mediante prueba pericial contable se acreditó que el perjuicio económico para su parte –de aplicar el Laudo a todos sus dependientes- habría ascendido a $11.000.000 (v.C.7., sent. 02/03/2012, autos N° 5.470, caratulados: “S.L.P. C/ Diario Los Andes Hnos C.S.”), argumento que su parte también utilizó en la Audiencia Pública convocada por la Suprema Corte en el marco del plenario “S.”.

    Con todo, entiende que la aplicación del precepto en discusión comporta un aumento variable –en la nómina salarial- de un 80% aproximadamente, de conformidad con la pericia rendida a fs. 140 e ignorada por el órgano jurisdiccional.

    Adiciona que el Tribunal ha sustentado su decidir en la providencia pronunciada por la Séptima Cámara del Trabajo, en autos “Assumma” y en el dictamen de P. General de la Nación, pronunciado en el marco del mismo proceso.

    No obstante, eldictumno explicita que el decisorio local citado fue revocado por la Suprema Corte de nuestra Provincia (v. S.C.J. Mendoza, S.II, sent. del 23/11/2015, autos N° 108.025, caratulados: “Supercanal S.A. En J° 7.618 Assumma, O.J. C/ Supercanal S.A. P/ Despido” P/ Rec. Ext. De Insconstit-Casación”) y olvida que el informe nacional carece de...

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