Sentencia nº 268259 de Cámara en lo Civil y Comercial Sala I de Provincia de Jujuy, de 21 de Diciembre de 2018

Fecha de Resolución:21 de Diciembre de 2018
Emisor:Cámara en lo Civil y Comercial Sala I

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy,

República Argentina, a los 21

días del mes de diciembre del 2018, los señores jueces de la

Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial, D.. Esteban

Javier ARIAS CÁU, E.R. CABEZAS y Lis Marcela VALDECANTOS

BERNAL (por habilitación), bajo la presidencia del primero de

los nombrados, vieron el Expte. N° B-268.259/12, caratulado:

ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: REYES, SERGIO ARIEL c/

CASTILLO, ORLANDO ARIEL; V., MARIO y PARANA SEGUROS

(DOS CUERPOS); y sus agregados: E.. Nº B-265.517/11,

caratulado “CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE BIENES: REYES,

S.A. c/V., MARIO”; E.. Nº B-270.919/12,

caratulado “CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS: REYES,

S.A. c/V., MARIO”; E.. Nº B.266.384/11,

caratulado “MEDIDA AUTOSATISFACTIVA: REYES, S.A. c/

PARANA SEGUROS”; E.. Nº 8.867/12, caratulado “RECURSO DE

INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN EXPTE. Nº B-266.384/11:

REYES, S.A. c/ PARANA SEGUROS” y Expte. Nº P-

25.512/12, caratulado “ACTUACIONES INFORMATIVAS POR ACCIDENTE

DE TRANSITO. PROTAGONISTA: ARIEL CASTILLO. PERICO”, en el que:

El Dr. Esteban Javier ARIAS CÁU dijo:

  1. - Antecedentes de la causa

    1.1 De la demanda

    Con fecha 16 de febrero de 2012 (fs. 8/9), comparece por

    estos obrados la Dra. L.B. PORTAL en representación de

    S.A.R., a mérito de la copia juramentada de poder

    general para juicios y trámites administrativos (fs. 2/3) y

    promueve demanda ordinaria por daños y perjuicios en contra

    de O.A.C., M.V. y PARANA SEGUROS.

    Realiza un breve relato de los hechos y solicita se reserve

    la demanda en Secretaría, conforme las razones que allí

    invoca y a las cuales me remito.

    En fecha 18 de octubre de 2012 (fs. 17/28), se presenta

    nuevamente la Dra. PORTAL y procede a ampliar la demanda,

    solicitándose que se haga lugar a la demanda en todas sus

    partes, con más expresa imposición de costas.

    Con carácter previo fundamenta la legitimación activa (Cap.

    II) y pasiva (Cap. III) de su representado como del Sr.

    CASTILLO en tanto responsable del hecho ilícito, del Sr.

    VELAZQUEZ como titular registral del Renault “Clio” dominio

    EQB-942 y de PARANA SEGUROS, respectivamente.

    En breve síntesis de los hechos (Cap. IV) señala que el día

    28 de noviembre de 2011 a las 22.30 horas aproximadamente, su

    mandante circulaba a bordo de su motocicleta marca M.

    modelo “BIT TUNING” 110 cc, por la esquina de las calles

    Italia y Zegada del Barrio Centro de ciudad P.. Señala,

    que en el momento en el que se encontraba cruzando tal

    intersección, fue embestido por un vehículo marca Renault,

    modelo “Clio” dominio EQB-942, que circulaba en dirección

    contraria, realizando una maniobra imprudente “doblando de

    forma fuerte e imprevistamente en forma de U” embistiendo así

    a su mandante. Precisa, que el vehículo embistente era

    conducido por el Sr. A.C. y era de propiedad de

    M.V..

    Como consecuencia del accidente, afirma que su mandante

    perdió el conocimiento, “sufrió un paro cardiorrespiratorio,

    traumatismo encéfalo craneano grave, traumatismo tronco

    abdominal leve, entre otros daños”; por lo que fue

    hospitalizado, intervenido quirúrgicamente e internado en

    grave estado en el Hospital “Pablo Soria” en UTI,

    permaneciendo trece (13) días en estado de coma farmacológico

    con edema cerebral y contusiones hemorrágicas. Denuncia que

    la vida de su mandante corrió “serio riesgo...” Agrega, que

    el día 22 de diciembre de 2011 fue trasladado al Hospital

    P.Z.

    de la ciudad de Perico y durante los meses de

    enero, febrero y marzo de 2012 permaneció en reposo en su

    domicilio al cuidado de su concubina la Sra. Magdalena

    TEJERINA. Por otra parte, señala a su vez que el motovehículo

    quedó destruido.

    Luego, introduce el apartado “Fundamentos jurídicos de la

    demanda” (Cap. V) el cual subdivide en tres subtítulos:

    En primer lugar refiere sobre los presupuestos de la

    responsabilidad civil; señalando que la antijuridicidad se

    configura en la maniobra impudente de uno de los codemandados

    en flagrancia a los arts. 1066, 1067 y 1068 del Código Civil,

    y arts. 39 y 50 de la Ley de Tránsito. Sobre los daños remite

    a las conclusiones arribadas en el Expte. C.N.B.-

    270.919/12, caratulado “Cautelar de aseguramiento de

    pruebas…”. Respecto a la relación de causalidad entiende que

    se configura entre la maniobra imprudente y los daños

    sufridos por su mandante. Finalmente, sobre el factor de

    atribución señala que el conductor del vehículo debe

    responder en los términos del art. 1109 del Código Civil y el

    propietario registral en los términos del art. 1113 del mismo

    cuerpo normativo, haciéndose extensiva la condena a la

    aseguradora.

    En segundo lugar, argumenta que en el caso traído a debate no

    existen eximentes de responsabilidad. En tercer y último

    término refiere sobre la entidad del daño ocasionado. A tales

    efectos, reclama a) daños físicos y al respecto señala que

    conforme la pericia médica obrante en el Expediente Cautelar

    su mandante posee una incapacidad del 55% producida por

    diversas patologías que enumera y a cuya lectura me remito

    para abreviar; b) Secuelas, tratamiento adecuado a futuro,

    ofreciendo montos estimativos; c) Daño emergente: gastos de

    farmacia, asistencia médica, gastos de traslado; d) Lucro

    cesante: señala que su mandante era “ayudante” en un taller

    electromecánico y que a raíz del accidente no pudo cumplir

    con sus obligaciones, lo que produjo la rescisión del vínculo

    contractual y la pérdida de sus ganancias equivalente a pesos

    tres mil ($3.000) por mes; e) Daños materiales: acaecidos

    como consecuencia de la destrucción casi total de la

    motocicleta, los que cuantifica en la suma de pesos siete

    mil ($7.000); f) Privación del uso de la motocicleta; g)

    Pérdida del valor venal de la moto; h) Daño moral; y por

    último, i) Daño psicológico.

    Ofrece prueba (documental, instrumental, de oficios,

    absolución de posiciones y testimonial), y finaliza

    solicitando se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda,

    con más intereses y costas.

    1.2 De las contestaciones de demanda

    1.2.1. Contestación de la citada en garantía

    En fecha 15 de febrero de 2013 (fs. 64/70) se presenta la

    Dra. M.R.N., en representación de “PARANA

    SEGUROS”, contestando la citación en garantía como también

    invocando los límites contractuales de la cobertura.

    De modo previo, reconoce que a la fecha del hecho el rodado

    dominio EQB-942 registraba seguro de responsabilidad civil

    frente a terceros ?extendido mediante póliza Nº 2985862,

    adelanto?, con vigencia y aceptando la cobertura. Sin

    embargo, aclara que el asegurado no cumplió con la obligación

    de denunciar el siniestro, habiendo tomado conocimiento del

    hecho mediante una notificación de una “medida

    autosatisfactiva” y en consecuencia no tomará a su cargo las

    costas en caso de que comparezca con su propio apoderado.

    En lo que refiere a la contestación de demanda, introduce una

    negativa genérica y varias negativas particulares. Con

    respecto a los hechos ?afirma? que no le constan, debiendo

    ser probados por la actora (Cap. IV). Asimismo, no habiendo

    sido parte en el Expte. Cautelar Nº 270.919/12, en el cual se

    realizó pericia médica, “no le resulta oponible” (Cap. V).

    Refiere sobre el proceso de medida autosatisfactiva que

    tramitó por E.. Nº B-266.384/11, caratulado “R., Sergio

    Ariel c/ Parana Seguros s/ Cautelar Autosatisfactiva” (Cap.

    VI) en el cual se condenó a su representado a abonar la suma

    de pesos veintinueve mil novecientos ($29.900), importe que

    afirma deberá ser detraído en el supuesto de una eventual

    condena.

    Sobre los daños físicos reclamados por el actor, hace énfasis

    en que “no llevaba puesto el casco reglamentario”, y que ésta

    es una causa de interrupción del nexo causal ?al menos

    parcialmente? ya que de haber tenido casco no hubiera sufrido

    TEC

    así como las restantes patologías que denuncia.

    Se opone asimismo al daño emergente y al lucro cesante. Sobre

    éste último rubro señala que no le consta la recisión, ni que

    hubiera seguido trabajando, haciendo notar que el contrato

    invocado por el actor tenía una “fecha de vigencia hasta el

    31 de mayo de 2012”, por tanto este parcial no podrá ir más

    allá de esa fecha, solicitando sea tenido en cuenta. Se opone

    asimismo a los restantes rubros invocados por el actor, por

    entender que no se ha ofrecido pericia mecánica ni otra

    prueba que permita constatarlos.

    Ofrece prueba instrumental y pericial médica (dimensión

    traumatológica, dimensión psiquiátrica). Por último, solicita

    se rechace la demanda con costas.

    1.3. Del decaimiento del derecho

    Mediante proveído de fecha 22 de febrero de 2013 (fs. 71) se

    tiene por decaído el derecho a contestar demanda a los

    accionados CASTILLO y VELASQUEZ, en los términos del art. 298

    del C.P.C.

    1.4. De la apertura a prueba

    En fecha 14 de marzo de 2013 (fs. 75/76) contesta traslado la

    Dra. PORTAL, en los términos del art. 301 C.P.C. Realiza una

    negativa genérica y negativas particulares. Luego señala que

    la falta de denuncia del siniestro no constituye presupuesto

    para excluir de responsabilidad a la Aseguradora. Concluye

    sosteniendo que no existen hechos nuevos introducidos por la

    parte demandada.

    En fecha, 11 de abril de 2013 (fs. 82) la Dra. NOCETI asume

    personería en representación de los codemandados Mario

    VELASQUEZ y O.A.C., a mérito del poder

    especial que en original acompaña (fs. 80/81) y solicita se

    disponga el cese de la rebeldía dispuesta en contra de

    aquéllos, a lo que se hizo lugar (fs. 90).

    Previa convocatoria, con fecha 7 de junio de 2013 (fs. 92),

    comparecen los apoderados de las partes a la audiencia de

    conciliación prevista, quienes manifiestan que no hay

    posibilidades de acuerdo.

    Con fecha 4 de julio de 2013 (fs. 94/95), se decreta la

    apertura a prueba de los presentes autos, a cuyo tenor me

    remito, por razones de brevedad, y que será objeto de

    análisis más abajo.

    En fecha 23 de febrero de 2018 (fs. 285) se dispone la

    integración del Tribunal, con el Dr. Esteban Javier ARIAS

    CÁU, como Presidente de trámite, la Dra. E.R. CABEZAS y

    la Dra. L.M.V.B., como vocal

    habilitada, notificándose a las partes (fs...

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