Sentencia nº 13 de SUPREMA CORTE DE MENDOZA, SALA N° 1, 11 de Abril de 2018

Ponente:PEREZ HUALDE - NANCLARES - GOMEZ
Fecha de Resolución:11 de Abril de 2018
Emisor:SUPREMA CORTE DE MENDOZA - SALA N° 1
Materia:ENERGIA ELECTRICA - EDEMSA - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA - CABLEADO - PAGO DE TRIBUTOS - IMPUESTOS MUNICIPALES
RESUMEN

La empresa local distribuidora de energía eléctrica no se encuentra exenta de pagar el tributo municipal por ocupación del espacio público, en razón de su cableado de energía eléctrica existente dentro de tal territorio.

 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA

PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 476

CUIJ: 13-03570494-3()

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) C/MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA

*103593959*

En Mendoza, a los once días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causaN° 13-03570494-3 "EDEMSA C/MUNICIPALIDAD DE MENDOZA S/A.P.A.”

Conforme lo decretado a fs. 475 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal:primero: Dr. A.P.H.; segundo: Dr. J.H.N.; tercero: Dr. J.R.G..

ANTECEDENTES:

A fs. 65/100 vta. se presenta EDEMSA, a través de su apoderado, quien demanda a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con la pretensión de que se anule el acto originario -Resolución DRM n° 58 del 04.03.2013- en virtud del cual el Director de Rentas Municipal determinó de oficio la suma de $100.076,68 en concepto de cobro de Derechos por Ocupación o Utilización del Espacio del Dominio Público, por los períodos comprendidos entre el sexto bimestre del año 2008 y el sexto bimestre del 2009, inclusive; y con aplicación de multa automática por la suma de $3.000 y una multa de $125.095,85 por incumplimiento culposo de la obligación tributaria.

A fs. 117/121 consta el pago previo del tributo cuestionado, conforme fuera ordenado a fs. 111/116.

A fs. 196 y vta. se admite formalmente la acción interpuesta, la que es contestada a fs. 201/210 vta. por la demandada directa y a fs. 214/219 vta. por Fiscalía de Estado.

A fs. 469/472 vta. dictamina P. General, quien propicia que se haga lugar parcialmente a la demanda sólo en relación al Sexto Período del Año 2008, por encontrarse prescripto.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta S. se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA:¿Es procedente la acción procesal administrativa interpuesta?

SEGUNDA: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA:Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. A.P.H., DIJO:

I.- RELACIÓN SUSCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS.

1) Posición de la actora.

A fs. 65/100 vta. se presenta EDEMSA, a través de su apoderado, quien demanda a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con la pretensión de que se anule el acto originario -Resolución DRM n° 58 del 04.03.2013- en virtud del cual el Director de Rentas Municipal determinó de oficio la suma de $100.076,68 en concepto de cobro de Derechos por Ocupación o Utilización del Espacio del Dominio Público, por los períodos comprendidos entre el sexto bimestre del año 2008 y el sexto bimestre del 2009, inclusive; y con aplicación de multa automática por la suma de $3.000 y una multa de $125.095,85 por incumplimiento culposo de la obligación tributaria.

En primer término solicita la eximición del pago previo, lo que fue rechazado por este Tribunal a fs. 111/116, con lo cual la actora procedió al cumplimiento de tal resolución mediante el pago a la demandada del monto del capital del tributo cuya determinación aquí cuestiona (v. fs. 117/120).

A continuación refiere ser concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica, desde agosto de 1998 y por treinta años, en el área territorial de diversos departamentos de la Provincia de Mendoza. Asimismo, destaca que en virtud de las previsiones de la Ley n° 24.357 se encuentra exenta de tener que pagar tributos, dado que su concesión es consecuencia de la privatización en la prestación de servicios públicos a la que la mencionada norma se refiere.

Expresa que en razón de lo anterior es que en junio de 2011, solicitó a la demandada la eximición tributaria correspondiente sin obtener respuesta expresa alguna de su parte. En relación a ello, manifiesta que en agosto del mismo año el Municipio demandado emitió la Resolución n° DRM 2410/11 en razón de la cual consideró incumplido el deber de empadronamiento, liquidación y pago de los Derechos de Ocupación del Espacio Público, contemplados en la OTM, respecto de los períodos comprendidos entre el sexto bimestre del 2008 y el sexto bimestre del 2009, inclusive, por lo cual se ordenó la determinación de oficio de tal tributo.

Conforme a lo anterior, afirma que la demandada en un primer momento procedió a realizar tal determinación de oficio tomando como base provisoria de cálculo la cantidad de metros lineales ocupados con cañerías del servicio de suministro domiciliario de agua potable, respecto de lo cual se opuso con pedido de informe al EPRE respecto de la cantidad de metros lineales del tendido eléctrico dentro del territorio municipal en cuestión, respecto de lo cual el Municipio hizo lugar solicitando tal informe al ente de control eléctrico mencionado.

Refiere que el EPRE informó acerca de 707.553 metros lineales de cables instalados por la actora, por lo cual la demandada determinó sobre esa base el monto del tributo a abonar, cuyo cálculo arrojó la suma total de $100.076,68.- En relación a esto último, relata las impugnaciones que realizó en sede administrativa hasta agotar la vía.

Invoca expresamente la prescripción de los tributos que la demandada determinó, correspondientes al último bimestre del año 2008, cuyo pago venció a principios del 2009, ya que aquello ocurrió cuando el plazo quinquenal previsto en el Código Civil ya había vencido. Al respecto, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 85 a 88 del Código Tributario Municipal por violar la normativo de fondo aplicable y con ello afectarse su derecho de propiedad.

Denuncia vicios graves y groseros de los actos administrativos que impugna, particularmente porque el tributo que se le pretende cobrar no es una tasa ya que no posee contraprestación de servicio alguno, por lo que en rigor se trata de un impuesto análogo al cobro por Ingresos Brutos, lo cual afecta la distribución tributaria establecida en el Régimen de Coparticipación Federal, respecto de lo cual solicita que también se declare la inconstitucionalidad de tal tributo.

Refiere que no posee relación contractual alguna con el Municipio, por lo cual lo único que existe entre ambos es una relación tributaria, y el dominio público respecto del cual la demandada pretende cobrar un canon por su utilización en rigor pertenece a la Provincia concedente. En relación a esto último, expresa que ya abona una tasa por fiscalización y control del EPRE.

Asimismo, plantea la confiscatoriedad del tributo que impugna ya que no existe contraprestación de parte del Municipio demandado y se absorbe una parte importante de su renta o capital.

En relación a los intereses que se le pretende cobrar en relación al monto de capital del tributo determinado de oficio, refiere que la demora no le es imputable y que resulta inconstitucional la norma que prevé su cómputo sobre intereses, porque el anatocismo no fue pactado entre las partes y se encuentra en violación a la normativa de derecho común en la materia.

En cuanto al monto de la multa que se le aplicó, equivalente al 125% de la obligación tributaria que se omitió declarar, refiere que en todo caso su no declaración del tributo se debe a un error excusable de su parte, ya que ante tantas normas aplicadas resulta dudosa y/o dificultosa su determinación, al margen de las impugnaciones que aquí plantea y que arriba se han descripto. Solicita la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Municipal n° 228/09 en cuanto en forma contraria a normas de rango superior, contiene una autolimitación municipal para aplicar el mínimo legal de la sanción pecuniaria en cuestión que, en todo caso y de corresponder, ese debería ser el monto de la sanción, como consecuencia de valorar adecuadamente su actitud colaborativa con la demandada, desde un primer momento, con motivo del procedimiento de determinación del tributo.

Luego, expresa argumentos en virtud de los cuales solicitó la suspensión de la ejecución del acto, lo que fuera resuelto por este Tribunal a fs. 111/116.

Por último, ofrece prueba, funda en derecho y formula reserva del caso federal.

Con posterioridad, al evacuar el traslado de la contestación de demanda, a fs. 222/224 vta., refiere que la demandada ha reconocido que el tributo que pretende percibir no posee contraprestación específica en su relación, con lo cual debe entenderse alcanzada por la exención prevista en el art. 12 de la Ley n° 15.336. En relación a la defensa relativa al supuesto planteo tardío de la prescripción, refiere que conforme a la norma vigente al momento de los hechos, la oportunidad procesal es en la primera presentación en juicio, con lo cual ha satisfecho tal requisito en este caso. En cuanto a la defensa de extemporaneidad esgrimida por la demandada directa, refiere que conforme a los criterios jurisprudenciales de este Tribunal a la impugnación de los actos administrativos por acción procesal administrativa, se puede acumular el planteo de inconstitucionalidad de las normas generales en que se sustentan los actos impugnados. Por último, afirma que le es aplicable la jurisprudencia invocada por Fiscalía de Estado, en tanto aquella se refiere al servicio domiciliario de agua potable, en tanto el servicio que ella presta corresponde al suministro de electricidad que se encuentra interconectado a nivel nacional, con lo cual existe una diferencia sustancial que impide el cobro de tributos como el cuestionado en esta causa.

2) Posición del Municipio demandado.

A fs. 201/210 vta. se presenta el Municipio demandado a través de su apoderado, quien niega en general las afirmaciones de la actora y defiende su obrar administrativo. En relación a ello, afirma que varios de los planteos contenidos en la demanda resultan excesivos por no haberse previamente planteado en sede administrativa. Más concretamente se refiere al planteo de prescripción del último bimestre del año...

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