Sentencia nº 18637 de Cámara en lo Civil y Comercial Sala II de Provincia de Jujuy, de 16 de Agosto de 2017

Fecha de Resolución16 de Agosto de 2017
EmisorCámara en lo Civil y Comercial Sala II

///En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 16 días del mes Agosto del año dos mil diecisiete, reunidos los Vocales de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial, D.. M. delH.S., E.M., y M.E.R., vieron el Expte. Nº C-18.637/2014: "ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: GARZON, R.J. C/ ESTADO PROVINCIAL” (I cuerpo) y el Expte. NºB-280.424/12: Diligencias preparatorias: “G., R.J. c/ Estado Provincial y Otros (I y II cuerpos)” y luego de deliberar,

La Dra. M. delH.S. dijo:

1 - Comparece el Dr. L.Q. como apoderado de R.J.G., quien lo hace por sus propios derechos y en nombre y representación de su hija menor de edad D.J. de los Ángeles Espinosa a mérito de la copia del poder general para juicios que acompaña y promueve demanda ordinaria por indemnización de daños y perjuicios en contra del Estado Provincial; procura el resarcimiento de los daños materiales y morales que padece la hija de su mandante de conformidad a las circunstancias fácticas que expone.

Refiere a la legitimación activa y pasiva y luego desarrolla el capítulo de los hechos en forma extensa y detallada, así señala que el 15-11-2007 a horas 21:25 aproximadamente, R.J.G. ingresa por guardia al Hospital Alto Comedero con 41 semanas de gestación y rotura de bolsa, la Dra. L. luego de revisarla y advertir que tenía contracciones y pérdida la deriva con urgencia al Hospital Pablo Soria en ambulancia. Informa a hs. 21:56 embarazo a término, con bolsa rota, 2 cm de dilatación, hiperdinamia uterina, bradicardia fetal. Agrega que el último nosocomio mencionado la ingresa a la paciente por sala de partos a las 22:40 donde los médicos desconocen el diagnóstico de alerta de alto riesgo de urgencia. Siendo horas 22:40 el médico la examina y solicita análisis de sangre, orina, valoración cardiológica, monitoreo fetal indicándole una vía con suero dextrosa al 5%. A pesar de los antecedentes que surgen de la Historia Clínica a fs. 178, los profesionales del Hospital Pablo Soria omitieron realizar los estudios para constatar bolsa rota.

Recién siendo hs. 01:40, cuando R.J.G. elimina líquido verde con 3 cm. de dilatación, constatan rotura de bolsa colocándole antibiótico, destaca que a hs. 02:00 la paciente presenta 5 cm. de dilatación evolucionando a hs: 04:00 a 7 cm.

Afirma que la niña D.J. de los Ángeles Espinosa nace a hs. 04:55 por parto natural, con un APGAR 2 al minuto de nacimiento y de 5 al quinto minuto, que por los antecedentes debió recibirla un médico neonatólogo. Destaca como consecuencia de la asfixia perinatal se diagnostica a la recién nacida encefalopatía, hipoxia isquémica con lesiones, secuelas neurológicas irreversibles por causa de asfixia letal durante trabajo de parto.

Capítulo aparte, describe las prácticas que considera trasgresiones médico legales y omisiones por parte del personal médico del Hospital Pablo Soria. Endilga sufrimiento fetal y detalla sus consecuencias, señalando que la niña nació con paro cardiorrespiratorio (bradicardia extrema), 60 latidos fetales por minuto, la reaniman con oxígeno, bolsean y luego le colocan tubo endotraqueal. A los 20 minutos posteriores al nacimiento solicitan estado de ácido base que confirma diagnóstico de bebe muy grave por asfixia fetal.

En definitiva considera, atención médica negligente violatoria de las más elementales normas de buena praxis, abandono y que era imprescindible un monitoreo continuo y estricto para valorar las contracciones, tonos, frecuencias, intensidad y duración y llegar así a un diagnóstico certero de sufrimiento fetal a tiempo.

También describe el origen y los elementos constitutivos de la responsabilidad médica y los daños ocasionados a lo que nos remitimos en honor a lo breve, daño moral tanto para R.J.G. como para su hija D.J. de los Ángeles Espinosa, daños psicológicos, asistenciales por medicamentos, atención médica permanente, incapacidad física sobreviniente, daño emergente y gastos de acompañante.

Ofrece prueba, pide se haga lugar a la demanda en todas sus partes con costas (fs.12/26.).

Asume la represtación de la menor D.J. de los Ángeles Espinosa la Sra. Defensora de Menores e Incapaces Dra. G.M. de C..(fs. 31).

Corrido traslado de demanda, responde el procurador F.D.J.R.A. por el Estado Provincial; quien se opone al progreso de la demanda con negativas generales y particulares.

Seguidamente efectúa consideraciones respecto a la obligación de medios de los profesionales médicos y destaca que los mismos han dispuesto en la atención de R.J.G. todos los necesarios para su correcta atención, que no fueron negligentes con el cuadro que presentaba la paciente, que se trataba de un proceso crónico y que se le realizaron todos los estudios necesarios para la patología. Párrafos aparte, analiza la falta de relación de causalidad, formula impugnaciones a los rubros reclamados, cita fallos y sustenta su postura principalmente sobre la falta de culpa e imprevisibilidad, a lo que nos remitimos en homenaje a lo breve. Ofrece prueba. Solicita el rechazo de la demanda con costas.

La actora contesta el traslado del Art. 301 del C.P.C., solicita el rechazo de las afirmaciones efectuadas en el responde, opone falta de legitimación (fs. 56/61). Presidencia de Tramite lo tiene por contestado, ordena respecto del planteo de nulidad ocurrir por la vía que corresponde, providencia firme y consentida sin que se formara el incidente respectivo (fs. 62). Integrado el Tribunal (fs. 67) y fracasada la audiencia de conciliación (fs.73 y vta.), se abre la causa a prueba (fs. 179 y vta.); y, se produce la que obra en autos.

Comparece la Dra. M.E.O. en nombre y representación del Estado Provincial conforme poder que adjunta a fs. 103/104; seguidamente y en el mismo carácter lo hace el P.F.D.G.A.A. conforme poder que agrega a fs. 145/147. El Dr. J.D.A. se excusa de intervenir en la presente causa (fs. 158), se integra el Tribunal con la Dra. M.E.R. (fs. 159/161), se fija fecha de vista de causa (fs. 169 y vta.) y avocada la suscripta a conocimiento como Presidente de tramite (fs. 181) se celebra la misma, escuchados los alegatos por su orden queda este proceso en estado de resolver.

  1. Antes de ingresar a la cuestión objeto de la litis, resulta necesario señalar que atento a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, la resolución del presente caso se regirá por las normas del anterior Código Civil por cuanto los acontecimientos traídos a conocimiento ocurrieron con anterioridad al día 1º de agosto de 2015.

    Ello así, pues, de acuerdo al artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyeron y se extinguieron bajo la vigencia de la ley anterior, no son alcanzadas por la regla general de la “aplicación inmediata” de la nueva. Dicho de otro modo: en el caso concreto, fue durante la ley anterior que ocurrió el hecho fuente de la obligación de reparar y también allí es que las consecuencias que produjo se vieron consumadas (no quedaron diferidas en el tiempo, no quedó una situación o relación “in fieri”); en consecuencia, no se pueden ver afectadas por la ley nueva ya que, de lo contrario, ello conllevaría un efecto retroactivo que -como principio general- se encuentra prohibido, salvo que la misma norma lo establezca.

    Interpretando el citado artículo 7, el Dr. R.L.L., señala que “… se trata de una regla dirigida al J. y le indica que ley debe aplicar al resolver un caso y establece que debe aplicar la nueva ley de modo inmediato y no tiene efecto retroactivo, con las excepciones previstas… la relaciones jurídicas existentes que se constituyeron o se extinguieron cumpliendo con los requisitos de la Ley anterior no son alcanzadas por ese efecto inmediato…” (Código Civil Comentado, R.C., Tomo I, página 45/47).

    Así también lo sostiene la Dra. A.K. de C. con cita de R.: “… Doctrina y Jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso…” (La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal Culzoni, Editores, página 100).

  2. Entrando al fondo de la cuestión sometida a análisis, no obstante haber sido demandado el Estado Provincial como propietario, guardián y administrador de los Hospitales Snopek y P.S., con prescindencia de los médicos que prestaron servicios en el caso; corresponde analizar previamente la conducta o actuación de los galenos en la atención a la paciente. Esta puede originarse en una actividad positiva o en una omisión. En la obligación de brindar cobertura médica está implícita la de preservar la salud de las personas, contra los daños que puedan originarse en su prestación defectuosa (Conf. I., M.D. “Responsabilidad del Estado por mala praxis en un hospital público” Rev. De derecho de daños, 2.003-3 Rubinzal Culzoni, pág. 143). Interesa entonces determinar si la obligación o mejor dicho la prestación a su cargo fue o no cumplida. Cuando el resultado no se logra, debe entenderse que hay incumplimiento utilizando esta expresión en sentido lato; luego si además del incumplimiento se acredita un daño y existen razones (culpa, riesgo, seguridad, etc.) que permitan atribuirlo a las consecuencias de su obrar, se decretará la responsabilidad de éste (S.T.J. L.A. 28, f º 417/432, Nº 120).

    Con prescindencia de si se trata de una obligación de medios o de resultado y siendo de naturaleza obligacional, la responsabilidad profesional se encuentra sometida a los principios de la responsabilidad general, debiendo aplicarse al caso la directriz que marca el Art. 512 del Código Civil, atendiendo especialmente a las disposiciones del Art. 902 sin descuidar la operatividad del Art. 909 “in fine”, si se ha tenido en mira las condiciones especiales de los agentes.

    Para que pueda configurarse la responsabilidad médica, es necesaria la demostración que la prestación ha sido cumplida de manera deficiente, con omisión de...

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