Sentencia nº 13058 de Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, 14 de Junio de 2017

Fecha de Resolución14 de Junio de 2017
EmisorSuperior Tribunal de Justicia de Jujuy

TEMAS: CONDOMINIO. DIVISIÓN DE CONDOMINIO. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. INTERVERSIÓN DE TÍTULO. CONDOMINO. FALTA DE PRUEBA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

(Libro de Acuerdos Nº 2, Fº 512/519, Nº 149). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los catorce días del mes de junio de dos mil diecisiete, los Sres. Jueces de la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia, D.. B.E.A., S.M.J. y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº CF-13.058/16, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº 14.438/15 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial – Sala II– Vocalía 4) Recurso de Apelación interpuesto en el Expediente Nº B-285.368/12, Sumario por División de C. en el Expte. Nº B-130.768/05: A., R.S. c/J., R.H. (Sucesión)”.

La Dra. A. dijo:

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial resolvió en fecha 6 de octubre de 2.016, rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. H.J.M. a fs. 473/480. Impuso las costas de la alzada al apelante vencido y difirió la regulación de honorarios profesionales hasta tanto fuera realizado en la instancia previa.

Para así resolver, luego de realizar un resumen de lo acontecido en las actuaciones principales, sostuvo que del análisis de las constancias de la causa, surge que la actora funda su derecho real de condominio en la escritura de compra venta del inmueble y en la inscripción del citado instrumento en el Registro Inmobiliario. Por su parte, los demandados y copropietarios, invocaron su derecho de poseer en la realización de actos posesorios de manera continua, pública y pacífica por más de veinte años sobre el total del bien (específicamente desde el año 1.971), y en particular sobre la parte indivisa perteneciente a la actora.

Señaló que los demandados accedieron al inmueble como condóminos, reconociendo en la Sra. A. de R., la calidad de copropietaria. En ese contexto, conservaron su condición de comuneros, hasta tanto decidieron intervertir su título, momento desde el cual debe tomarse como inicio del cómputo del plazo de prescripción.

La S.S. expresó al respecto que el principio contenido en el art. 1.915 del Código Civil y Comercial (anterior art. 2.353 del Cód. C..) no es absoluto por lo que el poseedor o tenedor puede intervertir su título manifestando por actos exteriores su intención de privar al restante poseedor de disponer de la cosa, y cuando sus actos producen tal efecto.

Analizó el ad-quem “...que las testimoniales ofrecidas en la causa no constituían prueba idónea a efectos de acreditar la modificación unilateral en el ánimo de los copropietarios que gozaban de la cosa común, pues, la posesión con ánimo de copropietario o de propietario se exterioriza de la misma manera...” (sic).

Agregó que “La constancia de la dirección en las actas de nacimiento de los hijos del Sr. J. (fs. 26/30); los contratos de locación realizados por uno de los condóminos respecto del inmueble (fs. 236), las constancias de domicilio en las tarjetas de créditos (fs. 225/234) o las constancias del pago de servicios y tasas (fs. 69/2012), por sí solos, no acreditan la modificación en la voluntad porque bien pueden ser actos realizados por uno de los copropietarios, en el uso y goce del bien. Siendo que quien comienza a poseer en carácter de copropietario se presume que continúa poseyendo por el mismo título, es necesario acreditar la modificación del ánimus de manera clara y en definitiva privando al poseedor anterior de la disposición del bien” (sic).

Estableció el ad-quem que el primer acto por el que se podía considerar exteriorizada la intención de poseer con exclusividad y de privar al anterior poseedor, se dio en el año 2.002 cuando los accionados y copropietarios confeccionaron un plano de mensura para prescribir (fs. 36/49). A su vez, confirmada en el año 2.012/2.013 cuando los copropietarios no contestaron la carta documento remitida por la Sra. Aramayo (ver fs. 8/9) y cuando exteriorizaron, -en la contestación de demanda del pleito principal-, su negativa a dividir el bien. Puntualizó así que “Es en definitiva éste el momento en el cual la copropietaria pudo conocer la voluntad de los prescribientes”(sic).

Consideró que en base a los fundamentos dados, no surgía acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos necesarios para tener por acaecida la excepción de prescripción veinteañal a favor de los accionados.

A continuación la Sala Sentenciante, rechazó el planteo de imposición de costas por el orden causado, confirmándolas en cabeza de la vencida, por cuanto “El condominio entre las partes resultó acreditado y la defensa de prescripción adquisitiva respecto de la porción correspondiente a la restante condómina no fue probada” (sic).

En contra de este pronunciamiento, a fs. 8/19 de autos el Dr. H.J.M.M. con el patrocinio letrado del Dr. M.L.N., en representación de los Sres. R.E.J., H.A.J., E.B.J. y L.V.J., deducen recurso de inconstitucionalidad.

Luego de referirse al cumplimiento de los recaudos formales y de realizar un relato de los antecedentes de la causa, expuso los agravios que el fallo ocasiona a sus representados.

En primer lugar cuestiona el criterio valorativo de las pruebas aportadas en la causa, y afirma que “La cuestión es que, más allá del pago de servicios e impuestos, las testimoniales, y la existencia de planos para usucapir, existe abundante y numerosa prueba documental que fue lisa y llanamente omitida; y que posee particular fuerza probatoria en lo que a interversión del título...

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