Sentencia nº 13289 de Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, 12 de Diciembre de 2017

Fecha de Resolución:12 de Diciembre de 2017
Emisor:Superior Tribunal de Justicia de Jujuy
 
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TEMAS: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN. PERSONAL POLICIAL. SUSPENSIÓN DEL AGENTE. CESANTÍA. IMPUTACIÓN DE DELITO. SOBRESEIMIENTO. REVOCACIÓN DE SENTENCIA. NON BIS IN IDEM. REMISIÓN DE LAS ACTUACIONES. TRIBUNAL SUBROGANTE.

(Libro de Acuerdos Nº 2, Fº 1090/1099, Nº 295). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, los señores jueces de la Sala III Contencioso Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia, doctores S.R.G., P.B. y Clara D. L. de Falcone, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº CA-13.289/17, caratulado “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-042.799/15 (Tribunal Contencioso Administrativo -Sala I- Vocalía 2) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: M., A. O. c/ Estado Provincial” y,

El D.G. dijo:

Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2016, la Sala de la referencia rechazó el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción entablado por A.O.M. en contra del Estado Provincial, con costas.

Para así decidir indicó que el mismo pidió la revocación del decreto 7241-G-2015, que dispuso su cesantía, así como su reincorporación a su puesto de trabajo y salarios caídos desde su expulsión.

Detalló el actor que el 21/02/11 la madre de una menor formula denuncia penal por supuesto abuso sexual en contra de un agente de policía; que el fiscal de turno imputó al denunciado y otros policías; que el 9/06/11 el juez dictó auto de falta de mérito y, finalmente, el 12/12/11, sobreseyó parcial y definitivamente a los inculpados.

Asimismo, indicó que el 10/03/11 se inició sumario administrativo (expte. 0412-000834-11, encuadrándose la conducta de M. en el art. 15 incs. a) y z) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (en adelante RRDP), agravada por el art. 40 incs. a) b) d) y h).

Detalló las actuaciones de ese sumario, que se vieron paralizadas en reiteradas oportunidades hasta que se dictara la resolución Nº 1489-DP-2014 por la que el J. de Policía dispusiera aplicar suspensión de 25 días al actor. Pero, el 09/12/14, Fiscalía de Estado emite dictamen aconsejando su cesantía, la que se dispone el 24/02/15 mediante el acto objeto de impugnación.

Dijo el actor en el proceso contencioso de la ilegitimidad del acto en tanto no se cumplió el debido procedimiento ya que el imputado debió ser previamente oído, la sanción motivada y respetarse la regla del non bis in idem.

La potestad disciplinaria del Estado no es absoluta e impide castigar o juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho y el Estado ha conculcado tal principio en tanto que, por un lado y conforme lo referido, sancionó con suspensión el hecho endilgado y por otro, lo sancionó con cesantía.

Afirmó que si bien se admiten dos especies de suspensión, una preventiva que se dispone durante la tramitación del sumario y la otra como sanción, el Estado no podrá invocar para justificar su conducta arbitraria el hecho de que la naturaleza de la primera fue precautoria y que, por tal motivo, no existe doble punición.

De la ley 3758 surge claramente que suspensión y cesantía son dos sanciones distintas e independendientes.

Asimismo, afirma que más allá de que transcurrieran más de cuatro años desde el inicio de la instrucción sumarial, el decreto impugnado carece de tempestividad en tanto la potestad sancionatoria fue ejercida por el Jefe de Policía y cumplida por el actor, por lo que no puede aplicársele nuevamente una sanción.

Refiere a continuación a los términos en que fuera contestada la demanda por el Estado Provincial -a los que remito- e indica luego que, trabada la litis, no se encuentran controvertidos los hechos que motivan el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la Administración, por lo que no guarda relevancia la absolución en sede penal, sino que el actor entiende que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado en los hechos pasibles de sanción, que ya la obtuvieron por medio de la resolución Nº 1489-DP/14 dictada por el Jefe de Policía, disponiendo su suspensión en el cargo por el plazo de veinticinco días.

Dada esa situación, la controversia finca en si la garantía del principio penal non bis in idem, contenido expresamente en el art. 8, numeral 4 del Pacto de San José de Costa Rica, resulta aplicable o no a la presente causa puesto que el decreto impugnado estatuye una nueva sanción para M., por el mismo hecho y con los mismos fundamentos.

Refiere in extenso a esa garantía concluyendo que la misma resulta aplicable al derecho disciplinario y que no puede sancionarse válidamente a una persona por un mismo hecho y fundamentos en más de una oportunidad.

Indica a continuación que lo que surge de las actuaciones sumariales 412-000-834/14 es que mediante resolución 1489-DP-14 (fs. 161/162), así como a través del Decreto 7241-G-15 (fs. 170/172), el hecho atribuido a M. es haber permitido que una menor ingresara en la Comisaría Seccional 45 de Pampa Blanca a jugar a los naipes y no adoptar las medidas necesarias para evitar que se consumara la violación de la joven por parte del restante agente policial allí presente, pues abandonó la Comisaría dejando solos a la menor con su compañero policía.

Como fundamento de esa sanción se invoca en ambos casos el art. 15 incs. a) y z) del RRDP, agravado por el art. 40 incs. a) b) d) y h) de la misma norma.

Las disposiciones del art. 15 e incisos mencionados rezan que “Se consideran faltas graves, las siguientes: a) No mantener en la vida pública y privada, la corrección y el decoro que impone la función… z) Todo otro acto que afecte gravemente la disciplina, el prestigio o la responsabilidad de la Repartición o la dignidad del funcionario.”

Por su parte, los del art. 40 establecen que: “Se considerarán como agravantes: a) Si el hecho se hubiera cometido con la participación o en presencia de subalternos; b) La mayor jerarquía… d) La consecuencia grave que haya producido la transgresión… h) La trascendencia pública que haya tenido el hecho que se juzga.

Asimismo, el art. 29 resulta claro en cuanto prescribe: “El personal policial que incurra en algunas de las faltas previstas en los artículos 14 y 15 de este Reglamento será sancionado con destitución (cesantía o exoneración)”.

Conforme a ello refiere el voto de presidencia que parecería que se encuentran reunidos los tres elementos de la triple identidad entre sancionado, hechos atribuidos y fundamentos que tornarían aplicable el principio de non bis in idem invocado.

Sin embargo, el art. 2º del decreto 7241-G-2015 dispuso dejar sin efecto los arts. 2 y 3 de la resolución Nº 1489-DP-14, con lo que se deja sin efecto la sanción de suspensión impuesta a M. por lo que cabe analizar si lo dispuesto por el Gobernador implica afectación al principio de mención.

Refiere que el art. 137 inc. 13 de la Constitución establece que el mismo es el jefe de la administración provincial y tiene la facultad de nombrar y remover por sí solo a los ministros, funcionarios y empleados de la administración pública, con las exigencias, formalidades y excepciones constitucionales y legales.

Mientras que en la Ley Orgánica Policial Nº 3757, en el art. 32 se establecen como funciones del Jefe de Policía, en el inc. e) la de ejercer las facultades disciplinarias correspondientes al cargo, no habiéndose delegado la facultad de disponer la destitución, que solo puede ser ordenada por el Gobernador conforme al art. 62 de la Ley de Personal Policial 3758.

En virtud de esas disposiciones la sanción impuesta por el decreto es ajustada a la legalidad, en tanto la facultad de disponer la finalización del vínculo de empleo público así como la de hacerlo nacer es competencia de esa máxima autoridad.

Al dejar...

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