Sentencia nº 52033 de Primera Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 27 de Abril de 2017

PonenteORBELLI, MIQUEL, ISUANI
Fecha de Resolución27 de Abril de 2017
EmisorPrimera Circunscripción
MateriaPRESCRIPCION ADQUISITIVA - ANIMUS DOMINI - ACTOS POSESORIOS

Expte: 52.033

Fojas: 256

En la ciudad de Mendoza, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diecisie-te, reunidos en la Sala de Acuerdo de esta Excma. Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, M., de Paz y T. de Mendoza las Juezas de Cámara A.O., S.M. y M.I. trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 555/52.033, caratulados: “S.S.L.I. Y OTS. C/ DON JOSE S.E.C.P.A. P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”, originarios del Segundo Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, de la Primera Circunscripción, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 221, contra la sentencia de fs. 217/219.

La causa quedó en estado de resolver a fs. 255. Practicado el sorteo de ley, se esta-bleció el siguiente orden de estudio: Juezas de Cámara: O., M., I..

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Jueza de Cámara A.O.-lli dijo:

  1. En primera instancia se rechazó la demanda promovida por los Sres. L.I.-belS.S., G.F.J.S.S., E.J.S.S.; R.A.L., P.M.G., M.A.M.H., C.M.-toO., J.M.O. y R.J.M. contra D.J.S.E.C.P.A. Se impuso costas y se reguló honorarios.

    En primer lugar, la Jueza de grado observó que la demanda se entabló contra el titu-lar registral del inmueble cuya prescripción se pretende, que resultó ser “Don José Sociedad en Comandita por Acciones” según lo informado por la Dirección de Registro Públicos a fs. 37, que se notificó en el domicilio social informado por la Dirección de Personas Jurídicas a fs.34 y que la cédula fue recibida por una mujer que no aportó datos y que manifestó que hace más de cuarenta años que reside en el domicilio (fs.56 vta.). Atento a ello, siendo váli-da y vinculante la comunicación y no habiendo comparecido el demandado, se declaró su rebeldía. Agrega que se notificó por edictos a terceros interesados y compareció la Defen-sora Oficial.

    Determinado lo anterior, advirtió que surge de fs. 23 que ninguno de los actores vi-ve en la propiedad a usucapir. Ponderó lo declarado por los testigos a fs. 181/183 y la cons-tatación del inmueble realizada por intermedio del Oficial de Justicia a fs.188/189. Señaló que los actores al momento de interponer la demanda, no acompañaron comprobantes de pago del impuesto inmobiliario, de tasas municipales o de servicio alguno. Valoró los in-formes de ATM, en el que se indicó que los ejercicios 1996 a 2.010 del impuesto inmobilia-rio se encuentran en proceso de apremio (fs.41), el de la Municipalidad del que surge que la propiedad no registra padrón ni deudas (fs.62) y el de Aysam que comunicó que los inmue-bles se encuentran fuera del radio de servicio (fs.167).

    Sostuvo que faltó prueba sobre la realización de actos posesorios de parte de los ac-tores por no surgir de autos que alguna vez existieron labores en la finca, edificios en fun-cionamientos ni cultivos. Concluyó que tampoco quedó acreditado que los actores hayan poseído el inmueble en forma pública, continúa y pacífica durante más de veinte años, con lo que la ausencia de probanzas sobre los presupuestos necesarios según la ley la condujo a rechazar la pretensión.

  2. A fs. 236/238 funda el recurso la parte actora apelante.

    Denuncia que la magistrada que previno resolvió desconociendo lo realmente aconte-cido y probado. Realiza una síntesis de los hechos de la causa y señala los puntos principales en los que se fundo la sentencia en crisis, los que en adelante cuestiona.

    En primer lugar considera que del presente proceso si surge la posesión quieta, pacífica e interrumpida de sus mandantes por el tiempo que exige la ley, y expone que a través de aproximadamente veinticinco (25) años, varios de los actores han realizado labores y/o activi-dades de explotación y que lo hicieron, aunque en forma intermitente, con diligencia y ánimo de verdaderos poseedores, sin conflictos ni litigios con alguna otra parte interesada. Invoca al efecto los testimonios aportados al proceso, los que considera que son claros en señalar rela-ciones y/o presencias durante muchos años de sus mandantes en los inmuebles.

    Explica que para evaluar con criterio objetivo, amplio y razonable la situación plantea-da en autos, debió considerarse que sus actores se encontraban frente a un titular absolutamen-te ausente y desprendido, que ninguno de los pretendientes en las circunstancias como...

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