Sentencia nº 51288 de Quinta Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 22 de Abril de 2015

PonenteMARTINEZ FERREYRA - MOUREU
Fecha de Resolución22 de Abril de 2015
EmisorPrimera Circunscripción
MateriaACCION DE DESPOJO - LEGITIMACION ACTIVA - POSEEDOR

*

QUINTA CAMARA DE

APELACIONES EN LO CIVIL - PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA

PODER JUDICIAL MENDOZA

FS.

542

CUIJ:

13-00574902-0

(010305-51288))

COLINA,

HUGO SERGIO Y OTS. C/ BERTINI, TERESA ELENA S/ ACCIÓN POSESORIA

*10575003*

En

la Ciudad de Mendoza, a veintidós dÃas del Mes de Abril del año

dos mil quince, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Quinta

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y

T., los Sres. Jueces D.. O.A.M.F. y

B.M., no asà el Dr. A.R.S. por encontrarse

en uso de licencia y trajeron a deliberación la causa N°

133.908/51.288 caratulada “Colina, H.S. y Ots. c/ B.,

T.E. p/ Acción Posesoria” originaria del Décimo

Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera

Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del

recurso de apelación interpuesto a fs. 493 por el Sr. JoaquÃn

Eduardo Farah (cesionario del actor H.C.) en contra de la

sentencia dictada a fs. 488/492.

Llegados

los autos al Tribunal y corrido el traslado de ley, a fs. 517/525

expresa agravios el apelante, contestando la parte demandada a fs.

534/538.

Practicado

el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio:

D.. M.F., R.S. y Moureu.

En

cumplimiento de lo dispuesto por los ArtÃculos 160 de la

Constitución Provincial y 141 del C.P.C. se plantearon las

siguientes cuestiones:

PRIMERA

CUESTIÓN: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA

CUESTIÓN: Costas.

SOBRE

LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MARTÍNEZ FERREYRA DIJO:

I.

La sentencia recurrida rechaza la demanda interpuesta por los

actores y le impone costas.

A

fin de llegar a tal conclusión, la Sra. Juez a-quo considera que los

actores no ha logrado acreditar su legitimación para demandar.

II.

Contra dicha resolución se alza el cesionario quien, al fundar

su recurso (fs. 517/525) se agravia de la sentenciante en cuanto

considera equivocada la conclusión a la que arriba respecto de la

falta de legitimación de los actores, dejando de lado la

presentación de los documentos que acreditan la compraventa de J.

de Dios Colina, los cuales no fueron desconocidos por la contraria,

porque si bien al contestar la demandad niega la autenticidad de la

instrumental de la actora, ofrece como prueba el mismo boleto de

compraventa que ofreció la contraria, deja contestes las posturas de

ambas partes en lo atinente al hecho de quien adquirió el inmueble y

la consecuente posesión.

Que

si entonces la posesión le corresponde a J. de D. y a los

descendientes que durante los años posteriores a su muerte

continuaron en la posesión del bien hasta la fecha en que le ceden

la posesión al apelante, momento en que le entregan el boleto

original.

Luego

de analizar la prueba rendida, considera que en el caso rigen los

principios dispuestos en los art. 2353, 2354 y 2355 del C.C., ya que

habiéndose adquirido el inmueble por boleto, los que continuaron

poseyendo nunca cambiaron por sà mismos, la causa de la posesión.

Su posesión era legÃtima ya que habÃa sido adquirida de un modo

suficiente para adquirir los derechos reales, del titular registrar

que tenÃa derecho a poseer la cosa y para transmitirla.

Cita

jurisprudencia.

III.

Que, adelantando opinión y a los fines de

organizar la presente exposición debo decir que la apelación

deducida debe admitirse en tanto entiendo que se encuentran

acreditados en autos, aunque sea mÃnimamente los presupuestos

necesarios para la procedencia de la acción interpuesta.

Sabido

es que el Código Civil vigente legisla un doble juego de acciones

para hacer frente a cada tipo de ataque a las relaciones de hecho,

turbación o desposesión, estableciendo acciones posesorias stricto

sensu de mantener y recobrar la posesión (artÃculos 2495 y 2487) y

las acciones policiales de manutención y despojo (art. 2469 y 2490).

A

modo de ilustración y sin que ello implique de manera alguna alterar

el análisis que se realizará en torno al fondo de la cuestión, en

tanto la misma no se verÃa alterada a la luz del nuevo Código Civil

y Comercial de la Nación que empezará a regir el próximo

primero de agosto, en tanto mantiene los principios y presupuestos

necesarios para la procedencia de las defensas de la posesión.

Ello

asà en tanto sólo se simplifica el régimen actual, ya que

sólo se prevén dos acciones posesorias (acción de despojo

-art.2241- y de mantener la tenencia o la posesión -art. 2242-),

aclarando cuándo debe calificarse a una acción como

"posesoria”, superándose la discusión doctrinaria “tesis

monista y dualista” en cuanto a que se consideraba despojo.

Retomando

entonces con el análisis iniciado, se comparte lo dicho por la Sra.

Juez que me precedió en el juzgamiento respecto al encuadre jurÃdico

en el que centra los hechos, mas no la conclusión a la que arriba.

AsÃ

en base a los agravios formulados, la pregunta a responder es, en

primer lugar, si los actores son legitimados activos y en caso

afirmativo, si acreditaron su posesión, si existió o no despojo y

por último, analizar la defensa de prescripción adquisitiva

planteada por la demandada.

a)

La legitimación y la posesión

de los actores:

Sabido

es que la legitimación constituye uno de los requisitos para ejercer

la acción y supone la aptitud jurÃdica para poder caracterizar a

los intervinientes como las "justas partes" o las "partes

legÃtimas". En particular, la legitimación pasiva supone la

identidad entre la persona habilitada para contradecir y quien ha

sido demandado. (Palacio, Lino Enrique Derecho Procesal Civil, T. I,

2da Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990).

A

fin de tomar una decisión justa, corresponde estarse a las normas

jurÃdicas que regulan el caso. Veamos.

La

acción incoada está regulada en nuestro Código Civil en el

artÃculo 2490 cuya finalidad es lograr el reintegro de la cosa

pretendida al poseedor desposeÃdo y que expresamente dispone:

"Corresponde la acción de despojo

a todo poseedor o tenedor, aún vicioso, sin obligación de producir

tÃtulo alguno contra el despojante, sus sucesores y cómplices,

aunque fuese el dueño del bien.".

De

la norma citada se desprende que quien puede interponer la acción,

es decir, quien puede ser legitimado activo es aquel poseedor,

cualquiera sea su naturaleza y los tenedores interesados.

Es

suficiente acreditar la relación de hecho que existÃa sobre ella

para lograr el amparo, incluso si dicho tercero es el dueño o tiene

algún derecho sobre el objeto. En suma, todo poseedor,

independientemente de que tenga o no derecho de poseer, es protegido

en su posesión contra toda lesión no autorizada por el ordenamiento

jurÃdico.

Ello

asà en tanto el litigio versa exclusivamente sobre el hecho

posesorio. Concordante con ello se ha resuelto que: "…Las

acciones posesorias tutelan el mero ejercicio de los derechos reales

–esto es la posesión y la cuasi posesión- con prescindencia de si

es llevado a cabo por el titular del derecho real o no. En otras

palabras protege al poseedor como tal, sin que corresponda investigar

si el mismo ejerce o no un derecho, que lo habilite para su

ejercicio. Probada la posesión, la tutela sobreviene en caso que se

la menoscabe, si aquella reúne los requisitos de ley…" (CC2°

LS80-377).

Conforme

el artÃculo 2351 del Código Civil, habrá posesión cuando

una persona por sà o por otro, tenga una cosa bajo su poder con

intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.

En

similares términos la definirá el art. 1909 del CCiv y Com.

De

acuerdo con el principio general la carga de la prueba recae en aquel

que entabla la acción, quien está obligado a probar los diversos

hechos en que se apoya, es decir la existencia de la posesión que

invoca y los actos de desposesión de los que se queja. (C..

Suprema Corte de Justicia de Mendoza, autos 108.841, "Bordón

M.P. y ots. En J…", 10-02-2014).

La

parte actora entonces debe justificar no sólo la existencia de la

posesión, sino que ella reúne todas las condiciones que la ley

exige para cada clase de acción posesoria o interdicto. (M. de

V., Marina-Heredia, P., comentario a los arts. 2.468 y sgtes.,

en “Código Civil y normas complementarias Análisis doctrinal y

jurisprudencial”, Bueres, A.J., Director, Highton, E.I.,

coordinadora, Buenos Aires, H., 2.004, Tomo 5-A, pág. 346).

Por

lo que entonces, la actora deberá acreditar la existencia de la

posesión que alega y la desposesión de la que se queja. Pero además

deberá tenerse presente las siguientes reglas, a saber: 1)

Acreditada la existencia de la posesión, ésta se presume desde la

fecha del tÃtulo; 2) La posesión se conserva por la sola intención,

siempre que el demandado no justifique por su parte actos bien

definidos de posesión; 3) Acreditada la posesión invocada por el

actor, si el demandado pretende que él posee a nombre de un tercero

deberá probarlo, a falta de prueba la acción debe prosperar

(Cfme. CC3° Expte. N° 33.867 caratulado "D., Oscar

César c/ J.A.B.© p/ Ac. Posesoria" de fecha

05/Marzo/2012).

En

el caso...

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