Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Auto nº de Sala Electoral y de Competencia Originaria, 23 de Octubre de 2014

Fecha de Resolución23 de Octubre de 2014
EmisorSala Electoral y de Competencia Originaria

AUTO NÚMERO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-

Córdoba, VEINTITRÉS de OCTUBRE del año dos mil catorce.----------------------

VISTOS:

Estos autos caratulados "TORLETTI, S.B. C./ ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) - AMPARO - RECURSO DE CASACIÓN – Expte. N.. 1321360" (E.. letra "T", n° 04, iniciado el 5 de noviembre de 2013), en los que: -

  1. A fs. 115/121 la parte actora interpone recurso de casación en contra del Auto Interlocutorio número Cuarenta y seis, dictado por la Cámara del Crimen Correccional de la Ciudad de Villa Dolores con fecha veintisiete de agosto de dos mil trece por el cual se resolvió: “Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Dra. M. delC.P., en contra del Decreto de fecha 24/06/2013, dictado por el Sr. Juez de Control, N., Juventud y Penal Juvenil y Faltas de Cosquín, debiendo el referido magistrado dictar un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos dados en el punto III.2. precedente…” (fs. 108/110vta.).

    Luego de afirmar que se cumplen las condiciones de procedencia formal del recurso desarrolla los siguientes fundamentos.

    Arguye que el decisorio en crisis ha quedado incurso en la causal descalificante del artículo 468, inciso 1, del C.P.P., toda vez que ha sido dictado a través de una errónea aplicación de la ley sustancial y en abierta violación al artículo 155 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, esto es, sin la debida fundamentación lógica y legal y violentando de esta manera, el liminar principio de congruencia.

    Refiere que existe contradicción en los considerandos formulados por el Tribunal en cuanto en primer lugar afirma que si bien las constancias de autos acreditan suficientemente el fumus boni iuris y el periculum in mora que sustentan la cautelar cuestionada. Estima que luego el Tribunal interviniente señala que no existen motivos bastantes para autorizar la internación de S.B.T. en la Clínica Privada de Rehabilitación R.B., toda vez que las prestaciones ordenadas en la medida cautelar se encuentran cubiertas por el APROSS bajo su nuevo Sistema de Atención Integral de Discapacidad (SAID).

    Sostiene que no puede dejar de advertir un desapego total y absoluto por parte de la Cámara a la verdad jurídica objetiva pues toma algunas de las afirmaciones que la demandada realiza en el escrito de apelación, sin comprobar siquiera las mínimas probanzas expandidas en la profusa documentación agregada a los obrados, cuya consecuencia es la carencia de lógica del resolutorio.

    Refiere que obra en el expediente reclamo administrativo interpuesto por mesa de entradas de la APROSS, el día veinticinco de abril de dos mil trece, el que la accionada nunca contestó, silencio que debe interpretarse como rechazo, según la naturaleza de la causa, considerando además que aquel llevaba textual una intimación bajo apercibimiento.

    Continúa relatando que el amparo conjuntamente con la medida cautelar, se interponen el diecisiete de mayo de dos mil trece, como última medida para conseguir a través de la actuación de la jurisdicción, el reconocimiento de los derechos fundamentales a la salud y a la vida.

    Explica que consta a fs. 60 una nota informe de la Sub-Dirección de Prestaciones Sección Discapacidad- fechada el día veintisiete de mayo de dos mil trece, que nunca podría haber llegado a manos de la amparista, pues es de fecha posterior a la presentación del amparo.

    Consigna que recién llega a su conocimiento, el día treinta de mayo, pues es acompañado a la contestación del informe del artículo 8 de la Ley de Amparo. Aclara que dicha respuesta sería la que habría recibido la afiliada en el caso que hubiera sido oportuna pues se trata de lo que habría sido la respuesta formal de APROSS, quien ratifica su postura de negación de las prestaciones solicitadas, y es aquí donde nuevamente la Cámara viola el principio de congruencia por soslayar la verdad jurídica objetiva, sólo hecho que bastaría para revocar in limine el decisorio atacado toda vez que es falso que las prestaciones ordenadas en la medida cautelar estarían cubiertas por APROSS. Añade que en el ofrecimiento de cobertura que la APROSS le habría hecho al amparista, ya dentro del proceso de autos es de doce kinesiólogos y dos terapistas ocupacionales radicados en la ciudad de Cosquín, todos ellos prestadores individuales dedicados a la rehabilitación ambulatoria; esto es, ningún centro de rehabilitación con internación, tal lo tenía prescripto a ese tiempo la Sra. T., residente de la ciudad de Cosquín.

    Razona que autorizar la inmediata internación de la amparista en el establecimiento que la Administración Provincial del Seguro de Salud determine y bajo el sistema que corresponda a los fines de que le brinden las mismas prestaciones que ofrece la Clínica Privada de Rehabilitación Neurológica R.B. es la demostración más cabal de que el decisorio de la Cámara se sustenta en una falacia.

    Cuenta que para mejor proveer el magistrado interviniente ordenó el adelantamiento de una prueba ofrecida por su parte y que así consta en...

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