Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº de Sala Laboral, 8 de Marzo de 2016

Fecha de Resolución 8 de Marzo de 2016
EmisorSala Laboral

SENTENCIA NUMERO: DIECISÉIS

En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores L.E.R., C.F.G.A. y M.M.B. de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: "G.S.S. C/ PROVINCIA ART S.A. – ORDINARIO – ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)" RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD – 103069/37, a raíz de los recursos concedidos a la actora en contra de la sentencia N° 268/13, dictada por la Sala Séptima de la Cámara Única del Trabajo, constituida en tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor J. L. E. R. -Secretaría N° 13-, cuya copia obra a fs. 228/234 vta., en la que se resolvió: “I… II… III. Acoger parcialmente a la demanda incoada por la Sra. S.S.G., DNI.Nº16.157.216 y condenar a Provincia ART SA al pago único de la indemnización por incapacidad parcial y permanente del 5,98 % de la TO, por las dolencias incapacitantes emergentes de las enfermedades del trabajo que porta y rechazarla por el resto. La suma indicada en los considerandos con más los intereses dispuestos deberán efectivizarse en el plazo de diez días hábiles a partir de que la planilla aprobatoria de los mismos quede firme. IV. Imponer las costas de la manera indicada en los considerandos. V.D. la regulación de los honorarios de los profesionales y peritos actuantes VI…”. Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos interpuestos por la parte actora

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué decisión debe adoptarse respecto del de la demandada

TERCERA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores L.E.R., C.F.G.A. y M.M.B. de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

El señor vocal doctor L.E.R., dijo:

I.1. El presentante dice que el pronunciamiento aplica el método de cálculo de la capacidad restante sin que la demandada lo solicitara en su oportunidad, violentándose su derecho de defensa. Además, asegura que el fin que persigue el decreto Nº 659/96 no es adaptable a este caso concreto, ni se da el supuesto fáctico, por lo cual su aplicación es errónea. Afirma que la norma establece que la valoración del deterioro de la salud se realiza sobre el total de la capacidad restante, se trate de siniestros sucesivos o simultáneos, siendo su objetivo impedir la sumatoria de las tarifas calculadas en forma autónoma y superar el 100%. Luego, se desnaturaliza el sistema si se la aplica indiscriminadamente, cuando no existen razones que la justifiquen si el actor padece de otras patologías que no fueron indemnizadas y no se verifica el supuesto de hecho contemplado, si las dolencias son producto de una misma actividad. Por otra parte, cuestiona la constitucionalidad de la reglamentación por violar el principio de progresividad y protectorio de los trabajadores al permitir una disminución del quantum reparatorio de una tarifa que nunca significó reparación integral.

  1. No obstante los términos de la concesión (fs. 260), el primer motivo de agravio debe desestimarse por infundado ya que, más allá de la ausencia de invocación de la normativa, el Juzgador resolvió la controversia de acuerdo a la regla de derecho adecuada para subsumir el caso. Tampoco demuestra que la prescindencia de los argumentos jurídicos expresados por las partes violente la garantía del debido proceso, cuando las constancias de la causa evidencian que se pudo ejercer plenamente la respectiva defensa.

    Por otra parte, la errónea interpretación que el presentante denuncia no guarda relación con los argumentos de la sentencia y con las circunstancias que se derivan del litigio, toda vez que el a quo destacó que la actora percibió una indemnización por incapacidad, por distintas dolencias a las aquí reclamadas, que alcanzaba al 66,75%. En este contexto, no se...

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