Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 56 de Sala Contencioso Administrativa, 14 de Mayo de 2015

EmisorSala Contencioso Administrativa (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba de Argentina)
Número de sentencia56
Número de registro98167481
Fecha14 Mayo 2015

SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y SEIS

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de mayo de dos mil quince, siendo las doce horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes de la Sala Contencioso Administrativa del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, D.D.J.S., A.L.T.T. y C.F.G.A., bajo la Presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados "CONSTRUCCIONES JORGE ALARCÓN C/ DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. N° 1816559), con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 521), fijándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de apelación planteado

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde

Conforme al sorteo que en este acto se realiza los Señores Vocales votan en el siguiente orden: D.D.J.S., A.L.T.T. y C.F.G.A..

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:

  1. - A fs. 521 la demandada interpone recurso de apelación en contra de la Sentencia Número Setenta y uno, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación el ocho de junio de dos mil doce (fs. 503/520vta.), mediante la cual se resolvió: "1.- Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por la firma "C.J.A.A." en contra de la Dirección Provincial de Arquitectura y declarar la nulidad de las resoluciones 60/95 y 144/95. 2.- Condenar a la demandada a abonar a la actora los certificados impagos de la obra y los gastos improductivos generados, con intereses conforme lo establecido en la segunda cuestión. Los montos definitivos se establecerán en la etapa previa de ejecución de sentencia, debiendo la demandada abonar las sumas resultantes en el plazo de cuatro meses contados a partir de que quede firme la presente resolución, debiendo presentar la liquidación correspondiente para su control dentro de la primera mitad de ese plazo, bajo apercibimiento de ejecución. 3.- Imponer las costas a la demandada vencida y diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se determine en definitiva la cuantía económica de la Litis. …".

  2. - Concedido el recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (Auto Número Trescientos treinta y siete del veintiuno de junio de dos mil doce, fs. 522), se elevan los autos a este Tribunal (fs. 525).

  3. - Posteriormente, se corre traslado a la apelante para que exprese los agravios que le irroga la decisión de la Cámara a quo -fs. 526-, quien lo evacua a fs. 527/534, solicitando su revocación con costas, a tenor de las razones que a continuación se reseñan.

    Dice que le agravia la sentencia en tanto y en cuanto, luego de efectuar una incorrecta interpretación de las normas que rigen la cuestión y los hechos comprobados de la causa, arriba a una solución marcadamente equivocada e injusta; a más de establecer la insólita condena de abonar certificados cuyo pago no fue reclamado y que establezca gastos improductivos en el término de dos meses, lo que de ninguna manera le corresponde hacer.

    Alega que la Juzgadora comienza su razonamiento exponiendo premisas absolutamente falsas, para concluir que "si la Administración aceptó la prórroga del plazo, no puede sino entenderse que lo hizo porque se consideró responsable de los incumplimientos en que se fundó el contratista particular".

    Indica que el informe al que alude el fallo (fs. 39), en ningún momento admite la responsabilidad de la Administración, como se afirma equivocadamente. Agrega que, por el contrario, tal conclusión sólo representa una opinión dogmática e inmotivada, ya que ese informe solo constituye una mera apreciación que interpreta que la prórroga reclamada en la emergencia se presentaba como una medida razonable a efectos de que se pueda concluir con la obra que ya llevaba un avance del setenta y uno coma cuarenta y cuatro por ciento (71,44%).

    Advierte que la Resolución Número 200 no se fundó en dicho informe, toda vez que en sus considerandos se alude expresamente al dictamen que obra a fs. 40 de autos y la renuncia que la actora efectúa a fs. 41. Añade que si se repasa tal dictamen, se apreciará que tiene en cuenta la renuncia que formula la actora y que la opinión favorable no implica reconocimiento alguno de derechos a favor de la contratista.

    Sostiene que la actora renunció al reclamo de gastos improductivos y/o indemnización por mayor plazo de ejecución, circunstancia que indica claramente la falta de su responsabilidad en el atraso de la ejecución de la obra, ya que de lo contrario, la conducta de la contratista habría sido diferente. Dice que no se reparó en que la obra se encontraba muy avanzada, por lo que lo más razonable era extender los plazos y evitar perjuicios al interés general.

    Esgrime que lo expuesto evidencia el vicio en el razonamiento de la Juzgadora que parte de premisas falsas.

    Aduce que, aun cuando el retardo en el pago de certificados no es motivo bastante para la paralización, hace presente que los plazos a los que alude la Juzgadora son incorrectos -están tomados a la fecha de su pago- y que si la contratista no contaba con fondos suficientes, pudo recurrir a la operatoria de descuentos de certificado de obra pública.

    Afirma que la mora en el pago de un certificado solo pudo dar lugar a un reclamo de intereses o en el mejor de los casos, a requerir la rescisión contractual, pero no se puede paralizar la ejecución de una obra pública en forma unilateral, inconsulta e intempestiva. Cita jurisprudencia.

    Refiere que la solución dada por la Juzgadora es incomprensible, dado que las probanzas arrimadas a la causa acreditan que la actora decidió unilateralmente la interrupción de la ejecución de la obra cuyo plan de avance ya se encontraba atrasado y con los plazos vencidos; a más de que la actora fue intimada para continuar los trabajos sin que se reanudaran. Invoca la orden de servicio Número 84 (fs. 70) y otra intimación efectuada posteriormente (fs. 73/74).

    Dice que no obsta lo expuesto lo sostenido por la Juzgadora, en el sentido que el porcentaje de ejecución de la obra a la fecha de la última certificación ascendía al noventa y seis coma veintidós por ciento (96,22%).

    Manifiesta que el fallo también resulta nulo por cuanto viola el principio de congruencia, dado que le condena a abonar los certificados impagos de la obra, sin que tal aspecto haya sido demandado.

    Insiste en que dicho ítem no formó parte de la litis y que no surge de las constancias de autos, ni de las probanzas reunidas.

    Cuestiona que se acoja la pretensión de pago de los gastos improductivos, ya que en la sentencia los motivos de tal decisión brillan por su ausencia.

    Expresa que la parte actora debió probar necesariamente que producida la paralización de la obra, se le continuaron generando gastos financieros y de mantenimiento a efectos de su reconocimiento y pago, lo que no sucedió en el sublite.

    Señala que de las constancias de estos obrados, únicamente surge que la ejecución de la obra estuvo interrumpida desde el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro hasta el mes de noviembre de ese mismo año (fs. 71 y 77) y que se paraliza nuevamente desde el primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco hasta la toma de posesión ocurrida pocos días después, esto es el veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco (fs. 77 y ss.).

    Considera que de ello se colige que la demanda interpuesta, que se cuantifica a fs. 143/144 y que contemplaría supuestos gastos por los meses de junio, julio y agosto no encuentra debido correlato con las constancias de autos, ni con probanza alguna rendida en la causa; sin que la actora haya demostrado cumplir con lo dispuesto por el artículo 80 del Decreto 4757, reglamentario de la Ley de Obras Públicas.

    Se queja de que el fallo nunca valoró que no existe elemento probatorio alguno que demuestre, ni mínimamente, que la actora tuvo efectivamente que soportar gastos improductivos de cualquier naturaleza.

    Apunta que la prueba pericial ofrecida nada aporta a favor de la postura de la actora, dado que: a) hace alusión a la mora en el pago de los certificados, sus importes e intereses, todo lo cual resulta intrascendente puesto que su parte no negó el atraso y tal reclamo no integró la demanda; b) la respuesta formulada al punto b) del cuestionario no puede ser tenida en cuenta por ser absolutamente infundada, dogmática e ilegal; c) confunde "costos generales" por mayor extensión temporal del plazo y ejecución de la obra con "gastos improductivos"; d) indica dogmáticamente que para la valoración de los gastos improductivos tomó en cuenta la "documentación" concerniente a la obra, pliego, contratos, nota de reclamo y otros "elementos de valoración", costos profesionales, mano de obra, movilidad; e) sostiene contradictoriamente que los gastos directos improductivos reclamados en la Nota de Pedido Número 85 ascienden a la suma de Pesos Doscientos sesenta y siete mil ciento cincuenta y cinco con trece centavos ($267.155,13.-) sobre la base de nueve meses y veinte días, que sería -según la perito- el período de exceso de los trescientos días para la realización de la obra; f) concluye, sin determinar el monto del volumen de obra afectado y sin rigor científico, que le parece que el importe al que se arriba es razonable porque no supera el veinticinco por ciento del monto total de la obra a valores históricos.

    Concluye que todas esas contradicciones e incoherencias encuentran su quicio en el total desconocimiento de lo que son los gastos improductivos reclamados, motivo por el cual dicho dictamen no podía ser considerado y la demanda no podía ser acogida.

    Finalmente, mantiene la reserva del caso federal formulada al contestar la demanda y por sentencia arbitraria.

  4. - A fs. 535 se dispone correr traslado del recurso interpuesto a la actora, quien lo evacua a fs. 537/541vta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR