Sentencia nº 13006699167 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 1, 1ª Circunscripción, 18 de Septiembre de 2015

PonentePEREZ HUALDE, JULIO GOMEZ
Fecha de Resolución18 de Septiembre de 2015
EmisorSuprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 1 - Primera Circunscripción

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA

PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 69

CUIJ: 13-00669916-7/1((010301-50716))

MAIDUB DANIEL EDUARDO Y OT. EN J° 88694/50716 MAIDUB, DANIEL EDUARDO Y OTS. C/ PROVINCIA DE MENDOZA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ REC.EXT.DE INCONSTIT-CASACIÓN

*103593167*

En Mendoza, a dieciocho días del mes de setiembre de dos mil quince, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 13-00669916-7/1 (010301-50716) , caratulada: “MAIDUB DANIEL EDUARDO Y OT. EN J° 88.694/50.716 MAIDUB, DANIEL EDUARDO Y OTS. C/ PROVINCIA DE MENDOZA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ REC. EXT. DE INCONSTIT-CASACIÓN”.-

De conformidad con lo decretado a fojas 68 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. A.P.H. ; segundo: DR. JULIO R.G. ; tercero: DR. MARIO D.A..-

ANTECEDENTES

A fs. 12/24 el recurrente, por intermedio de su apoderado, dedujo recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación contra la sentencia de fs. 477/480 dictada por la Primera Cámara de Apelaciones de esta Circunscripción Judicial en los autos N° 88.694/50.716, caratulados: "MAIDUB DANIEL Y OTRA C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ D. Y P."

A fs. 35 se admiten formalmente ambos recursos, ordenándose correr traslado a la contraria, el que fue contestado a fs. 37/44 por el Gobierno de la Provincia y a fs. 47/49 por Fiscalía de Estado. En ambos casos se solicitó el rechazo.

A fs. 60/62 obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconseja el rechazo de ambos recursos deducidos.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs. 68 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta S. se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: C..

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. A.P.H. , DIJO:

Los hechos relevantes para la solución del presente caso son los siguientes:

Los Sres. D.E.M. y N.G.O. de Midub, promovieron acción de daños contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza, por la suma de $ 528.000, por los daños sufridos como consecuencia del error judicial que padecieron en los autos n° 22.745, caratulados: “M.D. y Otra p/ Quiebras y Concursos”, que tramitaron por ante el Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Segunda Circunscripción Judicial.

Relataron que en dichas actuaciones, el 13/05/1998, fueron declarados en quiebra, que la rehabilitación se produjo de pleno derecho el 13/05/1999 de conformidad a lo dispuesto por el art. 236 LCQ, que a fines del año 2001 reiniciaron su actividad comercial de cueros y pieles y el 16/08/2005 adquirieron un inmueble donde instalaron una barraca para la almacenación y comercialización.

Afirmaron que el 22/12/2008 fueron notificados de la resolución del Juez de la Quiebra en la que se disponía la reapertura del proceso falencial, por lo que se los desapoderó de sus bienes, se clausuró la barraca y fueron obligados a cesar en la actividad comercial. Que la reapertura se efectuó a instancias de un acreedor que no había verificado su crédito en la falencia. Contra la decisión de reapertura los fallidos interpusieron recurso de revocatoria que fue admitido por el Tribunal y confirmado en la instancia de apelación.

Sostuvieron que si el J. de la quiebra, al resolver sobre la reapertura hubiese realizado un meduloso estudio y análisis fáctico de la cuestión, no se hubiesen producido los daños que esa medida les causó. Reclamaron la indemnización por el daño material y moral.

En primera instancia se admitió parcialmente la demanda, se consideró que existió error judicial en el Tribunal que al ordenar el desapoderamiento de los bienes, como consecuencia de la reapertura de la quiebra, no aplicó la norma del art. 236 de la LCQ, conforme con la que no era procedente el desapoderamiento de los bienes adquiridos con posterioridad a la rehabilitación, la que en el caso de autos se produjo, de pleno derecho, al año de la sentencia de declaración en quiebra de fecha 13/05/98.

La sentencia fue apelada por la demandada y el Tribunal de Apelaciones admitió el recurso y rechazó la demanda de conformidad a los siguientes fundamentos:

- Las consecuencias que pueden derivar de la actividad judicial, en tanto no constituyan un ejercicio irregular del servicio, implican el costo inevitable de una adecuada administración de justicia y deben ser soportadas por los particulares. No se trata de toma de decisiones políticas para el cumplimiento de objetivos de índole comunitario, sino de actos que resuelven un conflicto en particular.

-Para que proceda la responsabilidad del Estado por perjuicio causado en su actividad judicial, aún sin exigir la declaración de ilegitimidad del acto, es necesario que el error que originó el daño sea manifiesto, palmario, evidente, carente de todo sustento lógico y sin apoyatura en las constancias de la causa, contrario a la ley, de modo de evidenciar la negligencia del magistrado actuante.

-Si se admitiera que el Estado deba responder ante toda revocatoria de una decisión judicial, se estaría creando pretorianamente un supuesto de responsabilidad objetiva no prevista en el ordenamiento legal.

-Los límites establecidos por la doctrina para la procedencia de la responsabilidad del Estado por la actividad judicial son: a) la parte perjudicada debe haber interpuesto contra la resolución que lo afecta los recursos que las leyes procesales les conceden, salvo casos de indefensión; b) la responsabilidad puede originarse en un error del juez o en un anormal funcionamiento del servicio de justicia; c) la carga de la prueba corresponde a quien alega la existencia de dolo, culpa o negligencia en el actuar de los presuntos responsables.

-En el caso de autos, si bien es cierto que la decisión de reapertura de la quiebra y el consecuente desapoderamiento de bienes, fue revocada por el mismo J. que la dictó, no puede afirmarse que la resolución primigenia ostente los caracteres apuntados para que opere...

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