El Gobierno podría sumar otro embargo en EE.UU.

 
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El Gobierno intenta postergar el adoptado por la Corte Suprema de Estados Unidos en favor de la empresa British Gas por US$ 185 millones, surgido de la pesificación de las tarifas de los servicios públicos en la crisis de 2002. Si el recurso no prosperara, el país sumaría otro pedido de embargo en Estados Unidos, sumado al de los bonistas que ganaron el caso del pari passu en Nueva York.

La Procuración del Tesoro no respondió a las consultas de LA NACION por este tema.

El , de marzo pasado, era uno de los compromisos que el Gobierno asumió ante sus acreedores para tratar de volver a los mercados de capitales cuando decidió pagarles a Repsol, a empresas que ganaron fallos en el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) y al Club de París.

British Gas (BG) obtuvo un laudo favorable en 2007 en el tribunal arbitral de las Naciones Unidas (Uncitral), y para ejecutarlo recurrió a la justicia federal norteamericana, que finalmente le dio la razón en esta causa, iniciada por el congelamiento de tarifas en 2002.

El Gobierno argumentó que BG debería haber realizado primero una demanda en la justicia argentina, pero la empresa indicó que ese camino estaba cerrado para ejecutar sentencias extranjeras.

Luego de perder el caso, en marzo pasado, cuando el máximo tribunal norteamericano le dio la razón por 7 a 2 a la empresa que controlaba a Metrogas en ese momento, el Gobierno comenzó un nuevo camino para postergar el pago.

El concepto jurídico sobre el que se basó la Argentina en esta oportunidad es el manifest disregard, o "desconocimiento manifiesto" del estado de necesidad en el cual la Argentina adoptó la mencionada pesificación, que, según BG, violaba la letra del convenio de protección bilateral de inversiones firmado con el Reino Unido. El estado de necesidad libera a los gobiernos de cierta responsabilidad al tomar medidas en circunstancias extraordinarias para un país.

El Gobierno pretendía subrayar que los árbitros que fallaron en contra no habían comprendido la situación de crisis terminal que sufrió la economía durante el período 2001-2002 como justificación para adoptar la pesificación. Pero un juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones de Washington rechazaron el planteo argentino, por lo que el caso volvió a quedar firme, a la espera de que la Corte Suprema decida si acepta o no el pedido de revisión.

En este marco, apareció en agosto pasado la presentación de 395 páginas del estudio Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton...

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