Pasó finalmente al Estado la Universidad de las Madres

La estatización de la ya es ley. Con el respaldo del oficialismo y de sus aliados, y el rechazo de casi todos los bloques de la oposición, la Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto del Poder Ejecutivo para convertir la casa de altos estudios de la organización que conduce en un instituto universitario dependiente del Estado nacional.La ley se aprobó después de cuatro horas de debate, por 132 votos a favor y 87 en contra. Se abstuvieron Alcira Argumedo (Proyecto Sur); Facundo Moyano, aliado de Sergio Massa, y los tres integrantes del bloque de Claudio Lozano (Unidad Popular). Una ausencia llamativa fue la de Martín Insaurralde, que estuvo en la sesión pero se fue antes de votar.El PJ de San Luis fue el único bloque opositor que acompañó al oficialismo. Era parte de un acuerdo, porque también se aprobó la creación de la Universidad Nacional de los Comechingones, en la ciudad de Merlo, así como la Universidad Nacional de las Artes. En la misma sesión, se aprobó la fundación de otras seis casas de altos estudios, que pasarán al Senado. El debate no contó con la presencia del presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, convaleciente aún de un cuadro infeccioso.La ley determina que el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo dependerá del Ministerio de Justicia. Hoy se dictan allí las carreras de Derecho, Historia y Trabajo Social. Se dispone, además, la transferencia al nuevo instituto de las carreras, así como de los alumnos, el personal y los bienes muebles e inmuebles.La sesión fue próspera en recriminaciones cruzadas. El kirchnerismo reivindicó la política de derechos humanos del Gobierno, destacó la trayectoria de lucha de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la política de educación superior, que incluyó la creación de nueve universidades públicas desde 2003, además de las que se votaron ayer.La oposición centró sus críticas en las sospechas de corrupción que pesan sobre la Fundación Madres de Plaza de Mayo, también a cargo de Bonafini, y sobre el que era su apoderado, Sergio Schoklender, investigado por la Justicia. Los opositores acusaron al Gobierno de querer encubrir el escándalo por el desvío de fondos públicos por parte de la fundación en Sueños Compartidos, el proyecto de construcción de viviendas populares. También se cuestionó que el Estado se hiciera cargo de la deuda de la universidad, estimada en $ 200 millones.En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el cordobés...