Sentencia nº 50303 de Quinta Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 11 de Marzo de 2014

PonenteMARTÍNEZ FERREYRA, RODRÍGUEZ SAA, MOUREU
Fecha de Resolución11 de Marzo de 2014
EmisorPrimera Circunscripción

QUINTA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL - PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA

PODER JUDICIAL MENDOZA

FS. 455

CUIJ: 13-00518556-9

(010305-50303)

INOSTROZA, N.M.C./ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD, DE MENDOZA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

*10518657*

En la Ciudad de Mendoza, a los once días del mes de Marzo del año dos mil catorce, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y T., los Sres. Jueces D.. O.A.M.F., B.M. y A.R.S. y traen a deliberación la causa N° 129.222/50.303 caratulada “I., N.M. c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza p/ Daños y Perjuicios” originaria del Sexto Juzgado Civil de la P.era Cir-cunscripción J.icial, venida a esta instancia en virtud del recurso de ape-lación interpuesto a fs. 415 por la parte demandada, a fs. 416 por Fiscalia de Estado y a fs. 420 por la actora en contra de la sentencia dictada a fs. 397/401.

Llegados los autos al Tribunal y corrido el traslado de ley, a fs. 433/434 expresa agravios la Municipalidad, contestando la parte actora a fs. 438/444. A fs. 448 desiste de su recurso Fiscalía de Estado y a fs. 451 hace lo mismo la parte actora.

Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio: D.. M.F., R.S. y M..

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C. se plantearon las siguientes cues-tiones:

PRIMERA CUESTIÓN: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: C..

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. M.F. DIJO:

  1. La sentencia recurrida hace lugar parcialmente a la deman-da interpuesta y condena a la Municipalidad demandada a pagar a la actora la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Seiscientos cuarenta ($ 38.640.-), im-pone costas y regula honorarios.

    A fin de llegar a tal conclusión el Sr. J. a-quo, luego de citar doctrina y jurisprudencia, entiende que la responsabilidad del ente puede verse desde dos ángulos normativos, art. 1074 y 1113 del C.C., imponiendo ambos una responsabilidad objetiva, existiendo una independencia del fac-tor subjetivo como así también una inversión de la carga probatoria.

    Analiza los elementos probatorios traídos a la causa y conclu-ye, desde el punto de vista de la sana crítica, en que efectivamente la actora sufrió el accidente narrado.

    Pero además considera que la causal de exclusión invocada por los demandados -caso fortuito- no resulta atendible puesto que el funda-mento de la acción entablada radica en la responsabilidad del estado por omisión en la custodia y manutención del arbolado público y el hecho daño-so no se habría producido de haber adoptado el ente estatal las medidas necesarias de vigilancia y seguridad en la conservación del arbolado, deber ineludible a cargo del demandado.

    Analiza los rubros peticionados y otorga por daño moral la su-ma de $ 10.000, por incapacidad $ 20.000 y por gastos terapéuticos $ 8.640.

  2. Contra dicha resolución interpone recurso de apelación el Dr. Egues por la Municipalidad de Ciudad de Mendoza quien, al expresar agravios (fs. 433/434) se queja de que se haya tenido por probado el hecho relatado por la actora en su demanda no obstante no estar debidamente acreditado.

    Expresa que los testimonios sobre los cuales el J. basa su convicción son de vecinos y amigos de la actora, constituyendo testigos de oídas en tanto ninguno presenció el hecho, inclusive la Sra. G. que es la frentista del lugar del supuesto hecho.

    Se agravia además de que no se haya valorado al testigo de fs. 361 quien indica que de haber algún problema debió denunciarse. Testimo-nio que además tiene respaldo en la prueba instrumental de fs. 39, donde se informa que el día del supuesto hecho se realizó una poda, sin denunciarse inconveniente alguno.

    Respecto de las actuaciones sumariales, se informa que la ra-ma se encuentra arrancada del mismo tronco y habiéndose realizado la poda ese día es imposible que su cliente haya "arrancado" la rama.

    Pero además en dicho expediente sólo está la declaración uni-lateral de la pareja de la actora, no habiendo sido parte su mandante.

    Como segundo agravio, la apelante se queja de los rubros y montos reclamados.

  3. Que, adelantando opinión y a los fines de organizar la pre-sente exposición debo decir que la apelación deducida no puede prosperar en tanto entiendo que el único responsable del evento dañoso acaecido es la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

    P.eramente debe señalarse que se está en presencia de un caso de responsabilidad del Estado, ya sea por aplicación del art. 1074 (caso en el que Estado responde por omisión al infringir el mandato establecido en una norma especial o cuando transgrede principios que informan el orde-namiento jurídico) o del art. 1113 2°parte 2°párrafo del C.C (como dueño o guardián de una cosa). E. jurídico que además de no encontrarse discutido, se comparte.

    Cualquier de las normas citadas, configura un supuesto de responsabilidad objetiva, lo que implica la inversión de la carga de la prue-ba, beneficiando al actor al presumir la responsabilidad del demandado.

    Ahora bien, en el primer supuesto (art. 1074 del C.C.), a los fines de atribuir responsabilidad, debe partirse de la base la falta que se le imputa al Estado proviene de una conducta omisiva derivada del incumpli-miento de los deberes que derivan del ejercicio del poder de policía que os-tentan los Municipios como por ejemplo, la de mantener limpias las vías pú-blicas para la circulación de automotores o peatones tal como expresamente disponen la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079 (art. 11) en conjun-ción con el artículo 34 de la Ley de Tránsito (Decreto N° 6082). Esta última tiene razón de ser toda vez que en nuestra provincia, algunos municipios cuenta con policía propia, como es el caso de la Capital de Mendoza y L. de Cuyo, entre otros, siendo entonces dicha entidad autoridad de aplicación de la ley citada.

    Caso en el cual, el actor, para gozar de la presunción de res-ponsabilidad que el ordenamiento de fondo le otorga, debe probar no sólo el daño y su relación...

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