Auto nº 143799 de Segunda Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 26 de Septiembre de 2005

PonenteTeresa Varela de Roura, Horacio Gianella y Adolfo Rodriguez Saa
Fecha de Resolución26 de Septiembre de 2005
EmisorPrimera Circunscripción

MENDOZA, de setiembre del año 2005.

VISTO : estos autos arriba intitulados, en estado de resolver a fs.229 v. y

CONSIDERANDO:

  1. En contra de la resolución obrante a fs. 208/209, emanada del sr. J. del No-veno Juzgado en lo Civil, quien resolvió declararse incompetente en razón de la materia para entender en la presente causa por serlo la Justicia Federal, imponer las costas por su orden y regular honorarios profesionales, interpusieron recursos de apelación la parte actora y los dres. J.J.P. y G.N.L. de M., estos últimos por sus honorarios.

    El sr. J. para resolver como lo hizo sostuvo que, como fallara con anteriori-dad, correspondía se declarara incompetente para dictar sentencia condenando a la devo-lución de los depósitos pesificados, por ser ello materia exclusiva de la Justicia Federal, atento a que se plantea la inconstitucionalidad de las normas de la emergencia dictadas pro el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Economía.

    De tal manera, agrega, tal planteo de inconstitucionalidad implica el debate sobre la política nacional monetaria cambiaria establecida en una ley especial y no el contrato que une a las partes.

    Por último, argumenta el magistrado que aunque se hayan superado las etapas procesales dentro de las cuales cabe la declaración de incompetencia de oficio, cuando están comprometidos intereses de orden público debe apartarse el J..

  2. La parte actora expresó sus agravios, a través de su apoderado (fs. 214/221), los que pueden ser compendiados del siguiente modo:

    1. De acuerdo con el fallo de este Tribunal, en la causa nro.110722/28460 Ra-mírez de Dolcemáscolo .... es competente la Justicia Provincial para entender en casos como el presente , máxime teniendo en cuenta que el objeto del pleito fue el cumpli-miento del contrato que une a las partes, con base en el contrato de depósito, por la obligación de restituir del banco y la normativa comercial y civil de derecho común, como asimismo a través de un procedimiento ordinario.

    2. En forma complementaria o subsidiaria dedujeron los actores la inconstitucio-nalidad de las normas de la Ley 25.561 y sus decretos reglamentarios invocados por la demandada para oponerse a la devolución de sus dólares de los actores.

    3. La cuestión de competencia de los Tribunales provinciales no fue parte de las cuestiones discutidas, por lo que la resolución adoptada es incongruente, de excesivo rigor formal tras la sola mención del orden público.

    4. No ha mediado por parte del J. una interpretación o adecuación razonable de la normativa jurídica al caso, impidiéndose de tal manera el legítimo derecho de peti-ción y administración de justicia ante los jueces naturales de la causa, con amparo en la ley 25.587 que atenta contra el derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva.

    5. La Ley 25.587 es inconstitucional, cuanto menos en su aplicación al caso con-creto, por violar el derecho a la jurisdicción y la tutela efectiva; la ley antigoteo tuvo por finalidad impedir el pleno funcionamiento del principio de independencia del Poder Judicial, al obstaculizar las medidas dictadas por los tribunales inferiores que neutraliza-ban el accionar ilegítimo e inconstitucional del Estado que avanzaba sobre la propiedad de los ciudadanos.

    6. El Poder Judicial debe actuar con la independencia que la Constitución le con-fiere y a la que debe responder, incluso admitida por la Comisión de Derechos Humanos la que lo relaciona con la vigencia plena de los derechos humanos, como lo hacen pre-cedentes del Tribunal Europeo de Derechos humanos, y el J. en el caso no ha tomado su decisión de manera independiente, sino con sumisión a los antecedentes de las cortes Nacional y Provincial, a lo que no está obligado conforme a precedentes de la misma Corte Federal.

    7. Por ello el J. debió resolver, en libertad, por la no aplicación de la compe-tencia federal estatuida por la ley 25587 con base en los precedentes de la Corte Provin-cial y Nacional por resultar el proceso de autos sometido a normas comunes y de dere-cho privado, tramitado en proceso ordinario, no comprendido en las previsiones del art. 1 de la ley 25587 - medidas cautelares y amparos- al que remite el art. 6to. de la misma para determinar la competencia federal.

    8. El sr. J. vulnera las reglas del debido proceso legal y el principio de preclu-sión, atentando contra la obligación de administrar justicia vulnerando también el valor seguridad, atento a que con el fundamento del orden público, dejó de lado las normas de los arts. 174 - si se tratara de la resolución de una excepción previa de incompetencia- y 8 incs. I y II del CPC que fija un límite al J. para declarar su incompetencia por razón de la materia, que en el caso está superado.

    9. La facultad que se arroga el J. sólo puede ser ejercida por la propia CSJN, en competencia originaria, y por los Tribunales Federales con asiento en las provincias, pero no existe en el orden judicial provincial.

    10. En subsidio, corresponde remitir la causa a la Justicia Federal, en razón de que no se ha declarado nulo el procedimiento, bastando sólo el dictado de la sentencia para concluir el trámite en la primera instancia. Así se ha decidido con anterioridad con base en la propia ley 25587 y no estamos en presencia de una excepción previa de incompe-tencia en que el mismo código de forma prescribe el archivo de la causa.

  3. Los sres. profesionales alegaron razones, de conformidad con lo dispuesto por el art. 40 del CPC (fs.221 y vta.), del siguiente modo:

    Las regulaciones efectuadas son correctas en cuanto a su cálculo nominal numé-rico, pero no en relación a la moneda en que han sido expresadas, por cuanto la preten-sión originaria es la restitución de U$S18.146 o su equivalente en moneda nacional, constituyendo ello su base regulatoria. De tal modo, las regulaciones deben ser los por-centajes aplicados, pero en dólares, o los mismos sobre la cantidad de moneda nacional necesaria para adquirir la moneda norteamericana indicada.

  4. La parte demandada, se presentó por medio de su apoderado (fs.225) ante el traslado que se le corriera de la expresión de agravios, limitándose a señalar que la de-claración de incompetencia fue oficiosa, por lo que su parte es ajena a la contienda por lo que omite su participación en la sustanciación del recurso. Pide, por ello mismo, se la libere de costas, cualquiera sea el sentido de la resolución.

  5. Provocada la participación del Ministerio Público Fiscal, se...

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