Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 26 de Octubre de 2006, G. 855. XLII

EmisorProcuración General de la Nación

GOMEZ, M.L. c/ SAN LUIS, PROVINCIA DE Y OTRO s/ Accidente - Ley 9688.

JUICIO

ORIGINARIO

ORD/GP S.C., G. 855; L. XLII.

S u p r e m a C o r t e :

- I - A fs. 8/14, M.L.G., en su calidad de beneficiaria de un plan de inclusión social otorgado por la Provincia de S.L., quien denunció tener su domicilio en ese Estado local, promovió demanda por accidente in itinere, ante el Juzgado Nacional del Trabajo N1 78, contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, con domicilio en el Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contra la Provincia de San Luis.

Solicitó además, la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6, 8, 14, 15, 21, 22, 40 y 46 y de las disposiciones adicionales primera, tercera y quinta de la ley 24.557 (Riesgos del Trabajo), en tanto a) en el procedimiento obligatorio de conciliación somete las cuestiones relativas a reparaciones por infortunios laborales a Comisiones Médicas, al Comité Consultivo Permanente, a la Justicia Federal y a la Autoridad Administrativa; b) priva a los trabajadores del principio de especialización de los Tribunales del Trabajo y c) autoriza el pago en cuotas de la indemnización, todo lo cual viola -a su entender- sus derechos garantizados por los arts. 16, 17, 18, 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.

A fs. 18, el Juez Nacional, de acuerdo con el dictamen del Fiscal (v. fs. 16/17), se declaró incompetente, por entender que la causa debe tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante los tribunales de la Provincia de San Luis, con fundamento en la naturaleza de las personas demandadas y en la autonomía de dicho Estado local respecto de las consecuencias derivadas de sus actos como autoridad administrativa.

A fs. 21, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

- II - Previo a todo corresponde señalar que no resulta prematura la declaración de incompetencia que efectuó oportunamente -a mi juicio- el Juez Nacional a fs. 18.

En efecto, ello es así en virtud de los fundamentos expuestos en el dictamen del 20 de julio de 2006, in re A. 373, XLII, Originario "A.F.I.P. c/ Neuquén, Provincia del s/ ejecución fiscal", a los que me remito brevitatis causae.

- III - Para que proceda la competencia originaria de la Corte establecida en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inc. 11, del decreto-ley 1285/58, en un juicio en que una provincia es parte, resulta necesario examinar, además, la materia sobre la que versa, es decir, que se trate de una causa de manifiesto contenido federal o de naturaleza civil, en cuyo último

caso resulta esencial la distinta vecindad o nacionalidad de la contraria (Fallos: 322: 1514 y 3572; 323:1854; 324:533 y sus citas).

A mi modo de ver, ninguno de estos supuestos se presenta en el sub lite toda vez que, según se desprende de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los arts. 41 y 51 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230-, la actora reconoce no sólo tener su domicilio en la Provincia de San Luis, sino también ser dependiente de ella (cfr. ley local N1 I-0001-2004 -5411-) circunstancias que prima facie excluyen la competencia originaria de la Corte.

En virtud de lo expuesto, es mi parecer que la demanda debió entablarse ante los jueces locales (cfr. art. 46 de la ley 24.557).

No obsta a ello el hecho de que la co-demandada, Asociart S.R.L. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, tenga su domicilio en la Capital Federal, hecho que seguramente motivó la interposición de la demanda ante el Juzgado Nacional del Trabajo de la Capital, toda vez que ello encuentra su límite en el respeto al principio constitucional que consagra la autonomía de los estados provinciales, de manera de no perturbar su administración interna (Fallos: 322:2444, considerando 31), lo cual exige que se reserve a sus propios jueces el conocimiento y decisión de tales asuntos, pues lo contrario importaría una intromisión y un avasallamiento de su soberanía y del sistema federal vigente (v. doctrina de Fallos: 308:2564; 315:1241; 317:221 entre muchos otros).

Esto es, frente a las cuestiones de naturaleza local -como la que se ventila en autos-, cede el derecho al fuero federal por distinta vecindad que se otorga a quienes residen en otra jurisdicción territorial, prerrogativa que sólo resulta atendible cuando se trata de una causa civil, según lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, reglamentados por el art. 24, inc. 11, del decreto-ley 1285/58 (v. Fallos: 316:1740; 322:2444, considerando 31, 326:3481 entre otros).

Por otra parte, corresponde advertir que el hecho de que la actora agregue a su pretensión una cuestión constitucional al objetar la ley nacional 24.557 de Riesgos del Trabajo, no federaliza la materia del pleito, toda vez que la custodia del principio contenido en el art. 31 de la Constitución Nacional se encuentra depositada en todos los jueces integrantes del Poder Judicial, nacional o provincial, quienes deben interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas sometidas a su conocimiento.

Por todo lo expuesto, opino que la presente causa es ajena a la instancia originaria de la Corte.

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

L.M.M.

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