Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Junio de 2004, C. 563. XL

Fecha29 Junio 2004

Competencia N° 563. XL.

N., P.A. s/ defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24 de esta ciudad y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa iniciada por la extracción de testimonios realizada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 29 en orden al presunto delito de desbaratamiento de derechos acordados.

Surge de dichos testimonios que P.A.N. adquirió en diciembre de 2000 un rodado marca Fiat, modelo Siena, dominio DPX-305, en una concesionaria de la localidad de Hurlinghan, Provincia de Buenos Aires, para lo cual contrajo un crédito prendario pagadero en sesenta cuotas mensuales, otorgado por la entidad bancaria Citibank.

También se desprende que el 21 de septiembre de 2001, N. habría vendido el vehículo a A.J.A., sin notificar previamente al acreedor, y que nueve meses después, habría advertido que el adquirente no había pagado las cuotas correspondientes al crédito.

El magistrado nacional se declaró incompetente por considerar que en materia de garantías prendarias la competencia territorial se determina con arreglo al lugar donde tiene su radicación el bien prendado. Por aplicación de esa doctrina concluyó que era el juez del domicilio de N., en la Provincia de Buenos Aires, el que debía entender en la causa (fs. 63/65).

El juez local no aceptó tal atribución por entender que el delito de desbaratamiento de derechos acordados se reputa cometido en el lugar donde se ha tornado imposible o

litigioso el derecho sobre el bien, lo cual tuvo lugar en la escribanía sita en avenida Rivadavia 5990 de la Capital Federal, donde el imputado procedió a la enajenación del rodado (fs. 68/71).

Devueltas las actuaciones al tribunal de origen, su titular insistió en su criterio y, con la elevación del incidente a la Corte, quedó trabada la contienda (fs. 74/76).

V.E. tiene establecido que en el delito de defraudación prendaria resulta relevante, para decidir la cuestión de competencia el lugar en el que se dispuso del bien gravado sustrayéndolo, sin conocimiento del acreedor, de su esfera de control (Fallos: 310:2265; 315:1693 y 1699).

En esta inteligencia, atento lo que surge de los dichos de N. (fs. 2/4), corroborados por el poder general de venta obrante a fs. 8/10 (Fallos: 308:213 y 319:245), cabe presumir que la disposición del bien habría tenido lugar en la escribanía sita en la avenida Rivadavia 5990 de esta ciudad, opino que corresponde declarar la competencia del juzgado nacional para conocer en la causa, sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda adoptar.

Buenos Aires, 29 de junio de 2004.

E.E.C.

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