Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Junio de 2002, H. 77. XXXV

Fecha28 Junio 2002

H. 77. XXXV.

RECURSO DE HECHO

H., R.M. c/ Greco Hermanos S.A.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - Contra el decisorio de la Sala VIII, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal, que revocó la sentencia del Inferior y rechazó íntegramente la demanda, la actora interpuso recurso extraordinario federal, el que denegado dio lugar a la presente queja (v. fs.

469/472, 393/400, 479/485, 504, 40/45 del respectivo cuaderno).

- II - En cuanto a los antecedentes del caso cabe poner de resalto que el actor inició demanda ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 36, contra G.H.S.A. y le reclamó el pago de una suma de dinero en concepto de indemnización por daño material y moral, por la incapacidad total y permanente que dice padecer como consecuencia de la enfermedad accidente, que le provocó la tarea que desempeñó como dependiente de la accionada.

Fundó su derecho en lo normado por los artículos 1109, 1113, 1060 y 1078 del Código Civil, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, e hizo uso de la opción conferida por el artículo 17 de la ley 9688.

Refiere que ingresó a trabajar para la demandada el 11 de diciembre de 1980, siendo su tarea la de carga y acopio de cajones de diez botellas cada uno, con un peso aproximado de 20 kilos por cajón, los que eran apilados en los camiones repartidores, utilizando para ello ambos brazos, en razón de dos cajones por vez. Manifestó que la actividad era pesada y riesgosa, por las precarias condiciones en que laboraba. Como consecuencia de ello, sostuvo, que el 10 de agosto de 1987 mientras desarrollaba sus tareas, fue víctima de un fuerte dolor de pecho, por el cual consultó con el médico de la

empresa, quien según relata, le dijo que no era nada. El día 12 de agosto, concurrió a trabajar, a pesar de los dolores, consultando a posteriori con los médicos del sindicato quienes le solicitaron un electrocardiograma urgente, e interconsulta con un cardiólogo, siendo atendido para ello en la Clínica Morón, donde se lo medicó. El día posterior no concurrió a trabajar por persistir el dolor, siendo visitado por el médico de la empresa el 14 de agosto, quien le prescribió nueva consulta en diez días.

Sostuvo luego que el 15 de agosto de 1987, fue internado y se le diagnosticó infarto agudo de miocardio, con aneurisma de ventrículo izquierdo. Alegó que como consecuencia de ello, le quedó una incapacidad total, permanente e irreversible del cien por ciento (100%) de la total obrera, respecto de la cual estimó que era responsable la empresa, como consecuencia del manejo de una cosa peligrosa o riesgosa, por lo cual consideró que existía un nexo causal entre el trabajo asignado, las modalidades impuestas al mismo, la enfermedad padecida y su respectiva incapacidad Bv. fs. 4/7-.

La demandada contestó demanda y negó los hechos y el derecho invocado por el actor. En especial negó, la modalidad de trabajo que dice haber desempeñado, que aquella fuera riesgosa para la salud, que sufriera un fuerte dolor de pecho en las fechas denunciadas, y que el 15 de agosto de 1987 fuera internado con diagnóstico de infarto de miocardio. Reconoció que el accionante estuvo de licencia por enfermedad, y luego, que se le conservó el empleo por el término de un año, no reincorporándose transcurrido el mismo. Solicitó el rechazo de la acción con fundamento en el artículo 1113 del Código Civil.

Citó en garantía a la Compañía de Seguros Generales La TerceraBv. fs.

15/17-, quien contestó la citación a fojas 116/119, adhirió al responde de la demandada, y negó que el

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Procuración General de la Nación infarto de miocardio que sufrió el actor, tuviera relación con su trabajo, por lo que destacó que dicha circunstancia no constituye un hecho indemnizable.

El Magistrado interviniente hizo lugar a la demanda en todos sus términos Bv. fs. 393/400-, siendo apelada por el tercero a fojas 410/416 respecto del fondo del litigio, y por lo peritos, en relación con sus honorarios.

Contestado el traslado por la accionante a fojas 418/421, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resolvió revocar el decisorio del Juez de Grado en todos sus términos Bv. fs.469/472-.

Cabe señalar, que con carácter previo a la resolución de la Alzada, la actora solicitó a ésta declinara su competencia, por haber excedido el plazo de los artículos 354 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 125 del ritual Bv. fs. 462, petición que le fue denegada a fojas 465, ante tal circunstancia la accionante dedujo recurso de reposición Bv. fs. 466/467-, el que también fue rechazado Bv. fs. 468-.

- III - El quejoso reprochó arbitrariedad en la sentencia.

En especial se agravió de que el a quo se apartó de las constancias de la causa, prescindió de pruebas concluyentes y categóricas, que a su criterio dan por probado el nexo de causalidad existente entre las tareas efectuadas, y la enfermedad accidente que como consecuencia de ellas le sobrevino, con lo cual estimó que la resolución dictada por el a quo se fundó en afirmaciones dogmáticas, sin sustento en las probanzas de la causa, con lo cual se vulneró el derecho de defensa en juicio y de debido proceso de raigambre constitucional.

Se agravió también de que la sentencia de la Alzada

resulta nula, por haberse emitido vencido el plazo procesal, y a posteriori del pedido de declinatoria y reposición, peticionado por su parte, razón por la cual aduce que con anterioridad al fallo que revocó el decisorio del Inferior, medió por parte del Superior una arbitrariedad sopresiva e irrazonable hacia su parte Bv. fs. 480 vta. y 481-.

- IV - En primer lugar, cabe advertir que la Corte tiene dicho, en forma reiterada, que los pronunciamientos judiciales no son factibles de ser revisados por la vía excepcional del artículo 14 de la ley 48, cuando las objeciones del recurrente suscitan el examen de cuestiones de hecho y derecho común y procesal, las que constituyen materia propia de los jueces de la causa (Fallos:

308:1078, 2630; 311:341; 312:184; entre muchos); máxime, cuando la sentencia se funda en argumentos no federales que, más allá de su acierto o su error, resultan suficientes para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial (v. Fallos: 302:175; 308:986, etc.).

En particular, ha manifestado, que las cuestiones entre empleados y empleadores que atañen a los derechos que emanan de la relación laboral, debatidos ante los tribunales del fuero respectivo, no dan lugar, por tratarse de problemas de hecho, prueba, derecho común y procesal, a la vía establecida en el artículo 14 de la ley 48 (v.

Fallos:

294:324; 307:1502; 308:540, 1478, 1745; 310:2277; 311:2187, etc.).- No obstante, también ha reiterado, que es condición de validez de los pronunciamientos judiciales que éstos sean fundados (v. Fallos: 318:189; 319:2264, entre otros); exigencia que, al decir del Alto Cuerpo, antes de orientarse a mantener el prestigio de la magistratura, procura esencialmente la exclusión de decisiones irregulares (Fallos: 236:27; 319:2264).

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Procuración General de la Nación También ha encarecido, en este marco, la índole particular que atañe a la doctrina pretoriana de la arbitrariedad, la que al decir del Alto Tribunal, no se propone convertir a la Corte en un tercer tribunal de las instancias ordinarias, ni corregir fallos que se reputen equivocados, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar al decisorio como la Asentencia fundada en ley...@ a que aluden los artículos 17 y 18 de la Ley Suprema (v. Fallos: 308:2351, 2456; 311:786, 2293; 312:246; 313:62, 1296, entre varios más).

- V - No obstante que los agravios precedentemente reseñados, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común, materia ajena B. regla y por su naturaleza- a la instancia del artículo 14 de la ley 48, tiene dicho V.E. que ello no resulta óbice para abrir el recurso, cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteada, el derecho aplicable, y la prueba rendida, habiendo establecido, además, que, si los argumentos expuestos por la cámara han franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de Fallos:

311:1656, 2547; 317:768, entre otros), situación que, a mi modo de ver, se configura en el sub lite.

No se nos escapa, entonces, como quedo dicho que no es potestad de V.E. terciar como juzgador de una tercera instancia, en la valoración de las cuestiones de hecho y prueba que rodean a las actuaciones, mas no es ello lo que en verdad propicio, sino tan sólo advertir que la inclinación a

favor de una prueba, valorada en forma parcial, fuera de contexto y en forma desvicunlada con el resto de las probanzas producidas, tomada como principal elemento de ponderación de la cuestión fáctica substancial de la causa, sin el paralelo y proporcionado estudio de otros antecedentes obrantes en las constancias de autos, en particular, de las específicas indicaciones del informe médico, de las testimoniales y de la instrumental, que condujeron al Juez de Grado a una solución diametralmente opuesta -cuyas conclusiones, vale destacarlo, el a quo tampoco se ocupó de desmerecer-, importa, por sí, una ligera actividad analítica que dista de constituir la que, por el contrario, exige el deber jurisdiccional para convalidar un decisorio. Porque si bien es muy cierto, que los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriban al pleito, ello es así, cuando la elocuencia de los estudiados torna inoficioso profundizar sobre los restantes, pero en cambio no es un principio válido en el extremo en que el o los elegidos, están distantes de convencer sobre la racionalidad de la valoración efectuada.

Tal es, a mi criterio, lo que acontece en estos autos, donde la persuasión sobre la veracidad de una prueba, no configura el cumplimiento de la debida fundamentación que debe contener una sentencia judicial, y obliga, por tanto, a los jueces de la causa a buscar en los demás elementos probatorios el mayor grado de verosimilitud de los hechos ocurridos, máxime cuando muchos de éstos han servido al Inferior para arribar a conclusiones opuestas.

En tal sentido, considero que no han sido debidamente valorados los testimonios de Paz, F. y J., quienes señalaron, ser compañeros del actor y realizar idénticas tareas que aquel, consistentes en la carga y acopio, en forma manual, de cajones de vino de 10 botellas cada uno ellos, con

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Procuración General de la Nación un peso oscilante entre los 18 y 20 kilogramos, que eran apilados en los camiones repartidores, utilizando ambos brazos, y a razón de dos cajones por vez, lo que les demandaba un gran esfuerzo físico. S. asimismo, que el citado trabajo era efectuado por el actor, conjuntamente con los dicentes, y no por personal ajeno a la empresa, conforme refiere ésta Bv. fs. 177/178/189-. Respecto de J., cabe señalar, que de sus dichos se desprende que se encontraba trabajando junto al actor cuando éste se puso morado y no podía respirar Bv. fs. 189-. Asimismo y en lo relativo al testigo R., médico de la empresa, surge que asistió al actor cuando se le manifestaron los primeros síntomas; que la documental de fojas 73 es auténtica y fue suscripta de su puño y letra, y que mediante ella le solicitó al actor, en forma urgente, efectuara una interconsulta con un cardiólogo y un electrocardiograma, para descartar B. sus dichos- otro tipo de lesión Bv. fs. 189 vta./190-. Sostengo, asimismo, como relevante el informe pericial médico, el que fue ignorado por la Alzada, ya que del mismo parecería inferirse que para el experto, valorando los estudios efectuados obrantes en la causa, y los realizados a posteriori, además del examen físico que le practicara al actor, el trabajo que éste desempeñaba, actuó como indudable elemento generador del infarto de miocardio sufrido por el accionante, que dio origen al presente reclamo.

A tal conclusión arribó el perito con fundamento también en el peritaje técnico laboral, al manifestar que resultó a todas luces relevante, que la tarea realizada se constituyó en nociva, provocadora, facilitadora, desencadenante, potenciadora o complicante de un proceso que culminó en un infarto agudo de miocardio@, con lo cual quedó acreditado, a su criterio el nexo causal entre las tareas y su modalidad de prestación, y

la enfermedad accidente incapacitante que posteriormente padeció el actor -v. fs. 345/348-.

En lo relativo al referido informe técnico obrante a fojas 186/188, al cual le asignó notable importancia la Cámara, aunque tomado en forma parcial, estimo, que debe valorárselo en todo su contexto y relacionarlo con el resto de las probanzas producidas, conforme lo hizo el Juez de Grado.

En tal sentido, cabe poner de resalto que el citado peritaje fue impugnado de nulidad por la accionante, en razón de haberse realizado sin su presencia Bv. fs. 207/208-, a pesar de lo solicitado por su parte Bv. fs. 95- y lo proveido por el Juez de Grado a fojas 181, observaciones que no fueron constestadas por el experto, por lo que estimo que sus conclusiones deben ser consideradas dentro de dicho contexto; más aún si advertimos que toda la información le fue suministrada al experto, por quien fuera el jefe del reclamante, ejecutivo de la empresa y testigo de la demandada, resultando su testimonio de fojas 255/256 coincidente en un todo con las conclusiones arribadas por el perito técnico, lo que le resta al informe valor convictivo.

Por todo lo expuesto, estimo que debe descalificarse la sentencia de la Alzada en cuanto se limitó a revocar la sentencia del Inferior, apartándose de las constancias de la causa, o valorándolas, conforme señalara, en forma aislada. En tales condiciones, la decisión de la Cámara no constituye, a mi criterio una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por lo que, al afectar las garantías constitucionales invocadas, corresponde admitir el recurso y descalificar el fallo sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad.

Por ello, opino que debe V.E. hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar

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Procuración General de la Nación sin efecto la sentencia apelada, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Buenos Aires, 28 de junio de 2002.

F.D.O.

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