Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Junio de 2002, O. 205. XXXVI

EmisorProcuración General de la Nación

O. 205. XXXVI.

RECURSO DE HECHO

O., O.E. c/ Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 60/95 de los autos principales (a los que corresponderán las siguientes citas), el actor interpuso amparo contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y contra ésta, en los términos de la ley local 8369, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 5° de la ley 9235 y de las normas dictadas en su consecuencia, en particular, del decreto reglamentario 285/99.

Asimismo, solicitó que se lo reintegre a la situación de revista que tenía al momento de dictarse las normas que impugna y el pago de los salarios caídos en concepto de daños y perjuicios.

Expresó que fue designado en el cargo de responsable del Sector Servicios Generales, por resolución 3 del 1° de enero de 1996 del Consejo General de Educación. En el mismo acto se ordenó el pago de la diferencia de haberes entre la categoría 10 Cen la que revistaba en forma previaC y la categoría 4, en la que se lo designó por encontrarse vacante un cargo. Por resolución 3952, del 24 de septiembre de 1999, se lo confirmó en un cargo vacante de planta permanente y, por resolución 5881 del 10 de diciembre de 1999, se dispuso el pase al área de Recursos Humanos Csector gavetasC con el mismo cargo. Finalmente, por resolución 86, del 4 de enero de 2000, el Consejo General de Educación se adhirió a la ley 9235 y al decreto reglamentario 285/99 y dejó sin efecto, entre otras, a la resolución 3952, con lo cual se violó su derecho a la igualdad, a trabajar y la garantía de estabilidad del empleado público, protegida por el art.

21 de la Constitución provincial.

Sostiene que se lo privó injustamente de los beneficios de la categoría en que se encontraba, puesto que su situación no quedaba comprendida en los supuestos previstos

por el art. 5° de la ley 9235, al estar designado en un cargo con previsión presupuestaria, su recategorización no fue ilegal y, además, se desempeñaba en la categoría desde hacía más de cuatro años en forma ininterrumpida.

-II-

La Cámara III de Apelaciones CSala IIC de la ciudad de Paraná hizo lugar al amparo y declaró la inconstitucionalidad del art. 5° de la ley 9235 y de los arts. , y del decreto 285/99. Consideró que resultan violatorios del art. 33 de la Constitución provincial, que veda expresamente declarar la nulidad al Poder Administrador o al Legislativo, facultad que está reservada al Poder Judicial. En cuanto al decreto reglamentario 285/99, que dejó sin efecto las designaciones, ascensos y recategorizaciones en planta permanente que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley 9235, no contaran con un año de antigüedad, sostuvo que transgrede lo dispuesto por el art.

14 de la Constitución provincial y prescinde de la vía judicial consagrada en el art. 17, inc. e de la ley 7061.

-III-

Apelada la decisión, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, por mayoría, la revocó a fs. 245/258.

El juez Carlomagno Ca cuyo voto se adhirieron tres juecesC sostuvo que la situación del actor no queda comprendida en ninguno de los supuestos previstos en las normas impugnadas, toda vez que se trata de una "recategorización", en principio regular, en un cargo vacante con previsión presupuestaria, que prestó servicios en dicho cargo por un lapso muy superior a un año Cdesde 1996C y que, aunque inicialmente fue de manera transitoria, había actitud de permanencia.

Agregó que "aparece como manifiestamente ilegítima la probable

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Procuración General de la Nación intención de que la demandada encuadre la situación de O. en la genérica revocación unilateral contemplada en el art. 3° del decreto 285, como consecuencia de la adhesión efectuada en la Resolución n° 0086/00" y que el consejo no puede desconocer su actuación anterior Ccreadora de derechos subjetivos a favor del reclamante, incorporados a su patrimonioC sino que, para dejar sin efecto la situación de revista del actor, debía ocurrir a la vía jurisdiccional para que se resuelva sobre la validez o nulidad del acto declarado lesivo.

Finalmente, ordenó que se reponga al actor en el cargo que ocupaba antes del dictado de la resolución 086/00 y que se le abonen las diferencias salariales que correspondieran.

A su turno, el juez N.C. cuyo voto se adhirieron otros dos juecesC consideró que la demanda fue interpuesta en forma extemporánea, toda vez que, desde la publicación de las normas impugnadas, había transcurrido el plazo previsto por el art. 3° de la ley 8369.

Por su parte, el juez N. se remitió a los fundamentos expuestos por el fiscal adjunto del Superior Tribunal, quien sostuvo que el actor fue "recategorizado" de modo ilegítimo en la planta permanente con una categoría superior a la que ocupaba y, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad, afirmó que, al no surgir manifiesta la ilegalidad denunciada de la ley 9235 y el decreto 285/99 C. normativo de la decisión particular que impugnaC y por tratarse de una situación de suma complejidad "excede el marco procedimental del amparo".

Finalmente, el juez H. señaló que el actor fue designado en un cargo categoría 10, que se le confió una función que merecía una mayor retribución mediante el pago de un "plus", que consistía en la diferencia entre la retribución de las categorías 4 y 10. La resolución 3952/99 CcontinuóC al

confirmar al actor en la planta permanente, no lo cambió de categoría, sino que admitió que se siguiera pagando el "plus" y la resolución 5881/99 C. no fue impugnada en la demandaC sólo dispuso el pase con el cargo de una actividad a otra, sin establecer el pase de la diferencia de haberes por función.

Concluyó, por tanto, que la situación del actor no queda comprendida en las normas atacadas, que continúa prestando servicios en la categoría 10 Cúnica para la que fue nombradoC y que su pase con el cargo al sector gavetas, al no continuar desempeñándose en la función de responsable del sector de Servicios Generales, tuvo como consecuencia el cese del "plus" o adicional que percibía en virtud de lo dispuesto por la resolución 3/96.

-IV-

Disconforme, el actor interpuso el recurso extraordinario de fs. 264/273 que, denegado, dio origen a la presente queja.

Sostiene que la sentencia carece de fundamentación, puesto que no existe unidad de criterios entre los cinco vocales que integraron la mayoría.

En cuanto al voto que fundó la improcedencia de la vía en el limitado marco de conocimiento del amparo, expresa que no advirtió la gravedad de las cuestiones planteadas, ni la inexistencia de otra vía más idónea y que omitió aplicar el art.

43 de la Constitución Nacional y considerar que se encontraba demostrada la irreparabilidad del perjuicio.

Destaca que los tres votos de la mayoría que coincidieron en la extemporaneidad del amparo, computaron equívocamente el término de treinta días (art. 3°, inc. c, de la ley 8389) desde la publicación de la ley y su decreto reglamentario, sin tener en cuenta que no era posible impugnar los efectos de sus disposiciones mientras se consideró excluido de

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Procuración General de la Nación sus alcances y que recién cuando se le notificó en forma expresa que su situación laboral quedaba comprendida en los términos de la ley 9235 Cconstancia que obra en autosC comenzó a correr el plazo mencionado.

Por otra parte, sostiene que la independencia e imparcialidad judicial Cgarantías esenciales del debido procesoC fueron gravemente "transtocadas en las presentes actuaciones", pues se rechazó la recusación de dos vocales del tribunal, lo que viola tratados internacionales de jerarquía constitucional y motivó que el vocal que había admitido la existencia de causales de recusación emitiera el voto preopinante mayoritario, en transgresión al art. 14, inc. 10, del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.

Asimismo, aduce gravedad institucional por haber jurisprudencia contradictoria en relación al mismo problema, en virtud de que el a quo se expidió de modo favorable en diversas causas que tuvieron por objeto Cal igual que la del actorC la nulidad de la ley 9235 y su decreto reglamentario 285/99 y agregó que la "función política de unificación de la doctrina judicial sobre los temas de derecho federal" justifica la concesión del recurso extraordinario.

-V-

Corresponde señalar que, de acuerdo con doctrina de V.E., si bien el modo de emitir el voto de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de las sentencias, son de naturaleza procesal y ajenas, en principio, a la apelación del art.

14 de la ley 48, cabe hacer excepción cuando no ha existido una mayoría real de sus integrantes que sustente las conclusiones del pronunciamiento (Fallos:

305:2218; 313:475).

En efecto, la sentencia de fs. 245/258 fue el resultado de un acuerdo en el cual el voto minoritario consideró

que el amparo fue interpuesto en término, de conformidad con lo establecido por el art. 3°, inc. c, de la ley 8369 y que la situación del actor no quedaba comprendida en las normas cuestionadas.

Por su parte, los jueces que conformaron la mayoría adoptaron fundamentos totalmente diversos:

uno de ellos nada resolvió acerca de la admisibilidad del amparo y consideró que el actor continúa prestando servicios en la categoría 10; otro miembro del tribunal entendió que el amparo fue interpuesto en término, que el actor fue "recategorizado" ilegítimamente en una categoría superior a la que correspondía y que el planteo de inconstitucionalidad excede el marco procesal de la vía intentada por no existir ilegalidad manifiesta y tratarse de una situación de suma complejidad; en tanto que los tres votos restantes consideraron que la demanda fue interpuesta en forma extemporánea, por haber transcurrido el plazo previsto en el art. 3°, inc. c, de la ley 8369.

De lo expuesto surge que los argumentos de los jueces que formaron la mayoría, no sólo difieren entre sí sino que se contraponen, por lo que el decisorio carece de toda fundamentación, puesto que no habría razón válida para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada (Fallos:

312:1058). Esta circunstancia priva a la resolución de aquello que debe constituir su esencia, es decir una unidad lógicojurídica, cuya validez depende no sólo de que la mayoría convenga en lo atinente a la parte dispositiva, sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permitan llegar a una conclusión adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del tribunal (Fallos:

308:139; 312:1058; 313:475). Ello es así, pues las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus inte-

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Procuración General de la Nación grantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas (Fallos: 321:2738).

En tales condiciones, resulta admisible la tacha de arbitrariedad, puesto que la sentencia carece de los requisitos indispensables para su validez y que las garantías constitucionales invocadas guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto, según lo exige el art. 15 de la ley 48, por lo que no procede examinar las demás cuestiones planteadas en el sub lite.

-VI-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar admisible la queja interpuesta, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver las actuaciones a los efectos de que se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, 27 de junio de 2002NICOLAS EDUARDO BECERRA

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