Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 5 de Diciembre de 2000, R. 265. XXXVI

EmisorSuprema Corte de Justicia (Argentina)

R. 265. XXXVI.

ORIGINARIO

R., H. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 5 de diciembre de 2000.

Autos y Vistos; Considerando:

  1. ) Que, tal como lo sostiene el señor P. General en el dictamen que antecede, la presente causa no corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, pues al tratarse de una "causa civil" en la que se demanda a un Estado provincial, para que se consideren configurados los presupuestos que la habilitan, es requisito "esencial" que el contendiente tenga distinta vecindad con relación a aquél (Fallos: 311:1812; 313:1016, 1019 y 1221; 317:1326, entre muchos otros). Este extremo no se configura en el sub lite en la medida en que las partes interesadas no han controvertido el hecho de que el actor se domicilia en la Provincia de Buenos Aires.

  2. ) Que no modifica lo expuesto que en el caso se haya codemandado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda vez que, como lo ha puesto de resalto este Tribunal en el precedente de Fallos:

    322:2856, y en las causas E.

    139.XXXV "Expreso Río Paraná Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa" y F.103.XXXVI "Fisco Nacional (A.F.I.P.-D.G.I.) S/ pedido de avocación", pronunciamientos del 7 de marzo y del 16 de mayo del corriente año respectivamente, la ciudad no es una provincia argentina y en consecuencia no le corresponde la instancia originaria de la Corte (conf. arts. 116, 117, 129 y cláusula transitoria 7a. de la Ley Fundamental).

  3. ) Que sin perjuicio de lo expuesto, y en virtud de la atinente afirmación efectuada por los señores jueces integrantes de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el cuarto párrafo del punto II de la sentencia

    dictada a fs. 224, cabe señalar que el hecho de que ambas codemandadas defiendan, frente al actor, intereses propios no constituye un conflicto que las transforme en partes contrapuestas y que constitucionalmente permita admitir la radicación de estas actuaciones en la instancia prevista en el art.

    117 citado.

  4. ) Que si bien es cierto que este Tribunal ha admitido su intervención por vía de su instancia originaria en causas en las que la provincia no era "parte contraria" sino tercero citada a juicio en los términos previstos en el art.

    94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, también lo es que en dichos casos -citados en la sentencia de la Sala F- y en muchos otros, el Estado provincial concurría en el proceso con el Estado Nacional o con una entidad nacional. De tal manera la única forma de conciliar el precepto del art.

    117 de la Ley Fundamental respecto de los estados provinciales, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación, o a una entidad nacional, al fuero federal sobre la base de la previsión contenida en el art. 116 de aquélla, era admitiendo la radicación del proceso ante esta Corte con el propósito de no vulnerar esas prerrogativas jurisdiccionales (Fallos: 305:441 y sus citas y 2001; 308:2054; 315:310, entre muchos otros).

  5. ) Que en el sub examine no se configura la exigencia de tener que satisfacer el derecho de la provincia a la jurisdicción originaria (art. 117 ya referido), con el derecho al fuero federal de otra de las partes del litigio (art. 116).

    Ello es así pues, después de la reforma efectuada a la Constitución Nacional en el año 1994, no puede afirmarse que la ciudad de Buenos Aires integre el Estado Nacional en los términos y con los alcances con que se lo hizo en el precedente de Fallos: 314:240.

    R. 265. XXXVI.

    ORIGINARIO

    R., H. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 6°) Que es dable señalar que este Tribunal tiene dicho desde antiguo que la Constitución Nacional establece los presupuestos que determinan los casos en los que la Corte ejercerá una competencia originaria y exclusiva, la que no es susceptible de ser ampliada, restringida o modificada mediante normas legales (Fallos:

    302:63 y sus citas; 308:2356; 310:1074; 311:872 y 1200; 312:640 y 1875; 313:575 y 936; 314:94 y 240; 316:965). Tales principios exigen ceñir la decisión de esta Corte a un criterio de apreciación estricto que impida esa ampliación por vía de interpretación jurisdiccional.

  6. ) Que, sin perjuicio de ello, y con la finalidad de evitar la profusión de trámites, situación que va en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia, y de impedir la perduración de situaciones que de mantenerse en el tiempo podrían llegar a configurar un caso de privación jurisdiccional para las partes (arg.

    Fallos:

    310:2842; 322:447), es necesario en esta instancia determinar qué juez debe intervenir en estas actuaciones.

  7. ) Que a tales efectos es preciso señalar que si se está frente a una causa civil entre una provincia y un vecino de ella, si la ciudad de Buenos Aires y el Estado provincial no son partes adversas propiamente dichas, si a aquélla no le corresponde el derecho al fuero federal, y si la provincia no puede ser juzgada contra su voluntad por jueces nacionales (Fallos:

    313:825) -calidad que les corresponde hasta el presente a los designados por la Nación en el ámbito de la Capital Federal (art. 8, ley 24.588)-, la cuestión debe ser atribuida a un juez del Estado provincial. Esta es la única forma de respetar, ante el diverso "status jurídico" que la Constitución Nacional le reconoce a los estados provinciales y

    al "régimen de gobierno autónomo" de la ciudad, la preexistencia de las provincias a la Nación, su jerarquía y la conservación de todos los poderes que no han delegado al gobierno federal (arts. 121 y concordantes de la Constitución Nacional); y el particular sistema de autonomía decidido por los constituyentes para la ciudad de Buenos Aires, en los términos y con los alcances que se desprenden del art. 129 y de la cláusula transitoria séptima de la Ley Fundamental.

    Por ello se resuelve: I. Declarar la incompetencia del Tribunal para entender en las presentes actuaciones por la vía de su instancia originaria; II. Remitir el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, S.F., a los efectos que correspondan. N.. CARLOS S. FAYT - AU- GUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUILLERMO A.F.L. -A.R.V..

2 temas prácticos
2 sentencias

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR