Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Junio de 2000, C. 457. XXXVII

EmisorProcuración General de la Nación

Competencia N° 457. XXXVII.

De Hoop, J.C. s/ art. 255 primera parte C.P.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado de Distrito en lo Penal de Instrucción de la 8va. Nominación y del Juzgado Federal N° 4, ambos de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, se refiere a la causa instruida con motivo de la denuncia formulada por el abogado M.E. De Vicenzi, como apoderado de la AFundación Iberoamericana de Estudios Superiores@, contra J.C. De Hoop y G.O. De Hoop, en orden al delito de retención indebida (art. 173, inc. 2° del Código Penal).

De acuerdo con el relato que efectuó en ese escrito, su representada, como titular de la personería que corresponde a la AUniversidad Abierta Interamericana@, habría autorizado a la AAsociación Interamericana de Altos Estudios@ -que integraban los imputadosla concesión de tareas de administración relacionadas con la actividad educativa u otro tipo de gestión universitaria en la ciudad de Rosario.

No obstante, dicho contrato de concesión habría sido resuelto posteriormente por su representada y, asimismo, J.C. De Hoop habría sido separado del cargo de Delegado Superior Regional por el Consejo Superior de la AUniversidad Abierta Interamericana@.

En consecuencia, por medio de la carta documento N° 31.193.53.11 AR, de fecha 1° de febrero de 2001, se habría intimado a los denunciados a la entrega de la totalidad de los libros de cualquier tipo, legajos de alumnos y de docentes, registros curriculares y toda otra documentación relacionada con la actividad de la AUniversidad Abierta Interamericana@.

Los imputados, sin embargo, no habrían aceptado la resolución contractual adoptada por la denunciante y se habrían negado a entregar la documentación cuya devolución se les solicitaba.

El magistrado provincial declinó su competencia para investigar en la causa con base en lo informado por el Ministerio de Educación de la Nación en el sentido de que, debido a la falta de libros de actas, se hallaba comprometido el normal desenvolvimiento de las actividades académicas de la universidad.

Consideró, entonces, que el hecho denunciado afectaba la prestación de un servicio en el que se encuentra interesada directamente la Constitución Nacional y la responsabilidad del Estado Nacional, conforme lo normado en los arts. 116 y 75, incs. 18 y 19, del texto constitucional (fs.

190).

El juez nacional, por su parte, rechazó tal atribución al entender que no se había lesionado ningún interés que determine válidamente la intervención de la justicia federal, sea en razón de la materia, la persona o el lugar. Así, recordó que las universidades privadas no pierden su carácter de personas de derecho privado aunque cumplan fines de utilidad general y expidan títulos de validez nacional (Fallos:

306:1363). Asimismo, expresó que si bien la Constitución (art.

75, incs.

18 y 19) faculta al Congreso Nacional a dictar planes de instrucción general y universitaria, y la ley nacional 24.521 fija las condiciones para el funcionamiento de las universidades nacionales y privadas, a la par que encomienda su fiscalización al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ello carece de relevancia en el caso concreto para fundar la competencia federal en razón de la materia, por

Competencia N° 457. XXXVII.

De Hoop, J.C. s/ art. 255 primera parte C.P.

Procuración General de la Nación cuanto esas normas no han sido violadas ni tampoco aparecen cuestionadas en su interpretación o alcance. Concluyó, por el contrario, que en autos se investigaba la posible comisión de un delito contra la propiedad ejecutado por particulares contra los bienes de una persona de derecho privado (fs.

225/6).

Devueltas las actuaciones al juzgado de origen, su titular insistió en su criterio y elevó el incidente a la Corte (fs. 227). En esta oportunidad, el magistrado declinante calificó el hecho como constitutivo del delito previsto en el art. 255 del Código Penal.

V.E. tiene establecido que las universidades privadas, aun cuando cumplan fines de utilidad general y expidan títulos de validez nacional, no son creadas por el Estado Nacional como directos instrumentos suyos de gobierno, sino que como lo prevé el art. 5 de la ley 17.604 -de contenido similar al art. 62 de la actualmente vigente ley 24.521- revisten el carácter de asociaciones civiles o fundaciones (Fallos: 306:1363).

Habida cuenta, entonces, que el hecho denunciado, más allá de la calificación definitiva que pudiera adoptarse, sólo habría perjudicado la actividad desarrollada por una entidad privada, y que, además, no habría importado transgresión alguna a la ley federal de educación ni un entorpecimiento al ejercicio de las facultades de control que esa norma le asigna al Ministerio de Educación de la Nación en relación con la actividad de las universidades privadas, opino que deberá seguir entendiendo, en la presente causa, el Juzgado de Distrito en lo Penal de Instrucción de la 8va. Nominación de

Rosario, Provincia de Santa Fe (confr. Fallos: 306:1363, ya citado, cons. 9° y 10).

Buenos Aires, 27 de junio de 2000.

E.E.C.

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