Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 18 de Abril de 2000, S. 878. XXXV

EmisorProcuración General de la Nación

S. 878. XXXV.

ORIGINARIO

S., H.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 15/26, H.A.S., quien invoca tener su domicilio en la Capital Federal, deduce la presente demanda con fundamento en los artículos 1112, 1113 y concordantes del Código Civil, contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la detención que sufriera, por orden del Juzgado Criminal y Correccional Nro.

16 del Departamento Judicial La Plata, en una causa por defraudación al Fisco, en la que -según dice- con posterioridad, 26 de noviembre de 1998, fue sobreseído definitivamente por la Cámara de Apelaciones del fuero.

Manifiesta que dirige su pretensión contra la Provincia, por la falta de servicio en que habría incurrido el Poder Judicial de dicho Estado local, el que lo privó de su libertad a raíz de una infundada imputación.

En ese contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por la competencia, a fs. 27.

-II-

La competencia originaria de la Corte, conferida por el artículo 117 de la Constitución Nacional y reglamentada por el artículo 24, inciso 11 del decreto-ley 1285/58, procede en los juicios en que una provincia es parte si, a la distinta vecindad de la contraria, se une la naturaleza civil de la materia en debate (Fallos: 269:270; 272:17; 294:217; 310:1074; 313:548, entre muchos otros).

Cabe recordar que se ha atribuido carácter de causa civil, a los casos en los que su decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones del derecho común, entendido como tal

el que se relaciona con el régimen de legislación enunciado en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, según la doctrina que surge de Fallos 310:1074, cons.31; 311:1588, 1597 y 1791; 313:548; 314:810.

Corresponde señalar que, de los términos de la demanda Ba cuya exposición de los hechos se debe estar de modo principal para determinar la competencia, según el artículo 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Naciónse desprende que la actora reclama una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la presunta falta de servicio en que habría incurrido el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, atribuyendo responsabilidad a dicho Estado local por el cumplimiento irregular de las obligaciones legales de uno de sus órganos (confr.

B.

142, L.XXIII, Originario.

A., R. y otros c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios@, pronunciamiento del 19 de octubre de 1995 y T.436 L.XXXI, Originario, AToribio, T.E. y otro c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios@, dictamen del 19 de marzo de 1996).

Por lo expuesto, sin perjuicio de que este Ministerio Público mantiene la opinión vertida en causas análogas a la presente, en las que se sostuvo la naturaleza administrativa del pleito, regido por normas de Derecho Público local, cabe señalar que la doctrina del Tribunal le asigna carácter civil a la referida materia litigiosa (confr. sentencia in re D. 236. XXIII. Originario A.G., B.I. c/BuenosA., Provincia de s/indemnización por daño moral@, del 6 de octubre de 1992, publicada en Fallos: 315:2309).

En consecuencia, de considerar V.E. probada la distinta vecindad del actor respecto de la Provincia demandada, opino que el presente proceso corresponderá a la competencia originaria del Tribunal, dejando a salvo mi opinión en

S. 878. XXXV.

ORIGINARIO

S., H.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación contrario.

Buenos Aires, 18 de abril de 2000.- M.G.R.

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