Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Diciembre de 1999, C. 744. XXXV

EmisorProcuración General de la Nación
  1. 744. XXXV.

    ORIGINARIO

    Central de los Trabajadores Argentinos (C.T.A.) y otros c/ La Rioja, Provincia de s/ medida cautelar.

    Procuración General de la Nación Suprema Corte:

    -I-

    La Central de los Trabajadores Argentinos (C.T.A.), entidad inscripta bajo el N° 2027, con domicilio en la Capital Federal, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (C.T.E.R.A.), entidad con personería gremial N° 1515 y domicilio en la Capital Federal y la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (A.M.P.), entidad inscripta bajo el N° 336/94 -adherida a las dos primeras-, con domicilio en ese Estado local, solicitan la concesión de la presente medida cautelar, en los términos de los artículos 195 y 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de la Rioja.

    Manifiestan que su pedido tiene por fin que se suspenda la vigencia y efectos de las Resoluciones N° 420/99 y 580/99 del Ministerio de Educación y Cultura de dicho Estado local, en cuanto dispone, la segunda de ellas, la suspensión, a partir de mayo de 1999, del descuento que, con carácter de cuota sindical, venía efectuando la Provincia a los afiliados a la A.M.P.

    (Resolución N° 298/84 y Decretos N° 930/84 y 2421/92), con fundamento en la falta de personería gremial de dicha organización gremial, según lo establece el artículo 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551 y en tanto establece, la primera de ellas que, para que dichas organizaciones accedan al derecho de licencia gremial, como hasta ahora se otorgaba a la A.M.P. (Resolución 196/87 y decreto 349/93), deben contar con personería gremial, de conformidad con los arts. 48 y siguientes de la citada ley. Requieren, además, que se ordene, a la demandada, que se abstenga de aplicar las normas impugnadas hasta tanto se resuelva la

    cuestión de fondo.

    Indican que la presente medida cautelar resulta previa a la demanda que habrán de entablar oportunamente contra la Provincia de la Rioja, por Práctica Desleal -con fundamento en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley 23.551-, por nulidad de los actos administrativos provinciales de aplicación de la ley 23.551 y, en forma subsidiaria, para obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 38 y 48 de la citada ley.

    Afirman también que, si bien es cierto que el Estado local está obligado a retener los aportes para las entidades con personería gremial, la Ley de Asociaciones Sindicales no los prohíbe respecto de las que se encuentran simplemente inscriptas, como es el caso de la A.M.P. que -según dice- la tiene en trámite, pues dicha entidad realiza actividad sindical en la Provincia de La Rioja desde hace más de cincuenta años, ha gozado históricamente de esos derechos dado que el propio Estado local se los ha reconocido en diversas disposiciones y constituyen derechos adquiridos que le son privados a partir de las resoluciones cuestionadas.

    Sostienen, por otra parte, que el obrar de la demandada, al quitarle los derechos sindicales que A.M.P. tenía, quebranta también derechos de los trabajadores y de las asociaciones sindicales reconocidos por la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales.

    Por último, señalan que la no retención de las cuotas sindicales por el Estado local -quien resulta ajeno a la relación entre las partes-, repercute directamente sobre el patrimonio de la entidad sindical provincial y hace peligrar su existencia.

    En este contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por la competencia, a fs. 161 vta.

  2. 744. XXXV.

    ORIGINARIO

    Central de los Trabajadores Argentinos (C.T.A.) y otros c/ La Rioja, Provincia de s/ medida cautelar.

    Procuración General de la Nación -II-

    Ante todo, cabe recordar que resulta de aplicación al caso el artículo 6° inciso 4° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto determina -entre las reglas especiales de la competencia- que será juez competente A...en las medidas preliminares y precautorias, al que deba conocer en el proceso principal...@.

    En consecuencia, la primera cuestión que debe dilucidarse es si la demanda que, según se dice, habrá de entablarse contra la Provincia, corresponde a la competencia originaria del Tribunal.

    Dicha competencia, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, reglamentados por el artículo 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58, sólo procede cuando es parte una provincia, si la cuestión debatida es de orden federal o civil, en cuyo último caso resulta esencial, además la distinta vecindad o nacional de la contraria.

    Al respecto, cabe señalar que tienen el carácter de causa civil los casos cuya decisión se ha de basar sustancialmente en la aplicación de normas de derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación atribuido al Congreso Nacional por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional (Fallos: 310:1074; 311:1588; 314:810; entre otros).

    En el sub-lite, según se desprende de los términos de la cautelar requerida, la futura demanda que deducirán las actoras contra la Provincia de La Rioja será por práctica desleal, con fundamento en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, por lo que prima facie,

    cabe asignar carácter de causa civil a la materia del pleito.

    No obsta a ello, la circunstancia de que se cuestionen actos administrativos del Estado local, lo cual podría modificar la naturaleza de este proceso que sería así de Derecho Público local. Ello, toda vez que las resoluciones del Ministerio de Educación y Cultura de La Rioja han sido impugnadas por la estricta aplicación de normas de derecho común los artículos 38 y 48 de la Ley N° 23.551-, lo que confirma su naturaleza civil.

    Lo expuesto permite también diferenciar el presente proceso de otro que tramitó en esta instancia, entre una entidad sindical y una provincia, por práctica desleal, en el que se consideró federal a la materia del pleito por ser las normas locales cuestionadas contrarias a la ley 23.551 (confr. sentencia in re A.621.XXVIII Originario AAsociación de Trabajadores del Estado c/ Corrientes, Provincia de s/ inconstitucionalidad@, del 13 de diciembre de 1994).

    Pero, para que proceda la competencia originaria de la Corte no basta que una provincia sea parte en una causa civil, es necesario, además, la distinta vecindad de la contraria (Fallos: 311:1812; 312:1875) la cual, en los casos de pluralidad de litigantes -como el de autos-, debe ser acreditada por todos los que demandan al Estado local, de conformidad con lo que dispone el artículo 10 de la ley 48 (Fallos:

    307:1823; 310:849 y 1899; 313:1019 y 1221, entre otros).

    En consecuencia, dado que en autos la co-actora Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (A.M.P.) tiene su domicilio en jurisdicción de la Provincia demandada, opino que la presente medida cautelar es ajena a esta instancia originaria.

    Buenos Aires, 15 de diciembre de 1999.

  3. 744. XXXV.

    ORIGINARIO

    Central de los Trabajadores Argentinos (C.T.A.) y otros c/ La Rioja, Provincia de s/ medida cautelar.

    Procuración General de la Nación M.G.R.

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