Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 19 de Noviembre de 1999, V. 276. XXXV

EmisorProcuración General de la Nación

V. 276. XXXV.

ORIGINARIO

V., J.A. y otros c/ Entre Ríos, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 5/9, J.A.V. y otros, quienes dicen tener su domicilio en Provincia de Buenos Aires -e invocan su condición de propietarios del ACamping Vidal@, ubicado en la Sección Islas, Departamento de Ibicuy, Provincia de Entre Ríos, a orillas del río Paraná Guazú-, deducen la presente demanda contra la Provincia de Entre Ríos, con fundamento en los artículos 511, 522, 576, 579, 699, 700, 706, 708, 711, 714, 902, 904, 1078, 1109, 1113, 1177, 1178, 1179, 1184, 1185 y concordantes del Código Civil, a fin de obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la destrucción y desmantelamiento del referido recreo.

Manifiestan que, durante el último período en que se encontró cerrado el complejo Zárate-Brazo Largo, cercano al lugar, por orden y bajo la dirección del Gobierno del Estado local demandado, se realizaron en el mencionado predio tareas tendientes a la construcción de un muelle-atracadero para balsas que transportaban vehículos. A raíz de dichas tareas, se habría procedido a la tala de una frondosa arboleda, así como al desarmado y destrucción de parrilleros, tranqueras, alambrados, bancos, un muelle de pesca y demás instalaciones del camping. Agregan, a ello, que se efectuó el dragado de la costa, lo cual produjo el desmoronamiento de grandes sectores de dicha propiedad.

A fs. 12/13, el titular del Juzgado Federal de 1° Instancia de Campana, ante quien se promovió la demanda, resolvió inhibirse de entender en el presente proceso, por tratarse de un asunto -de naturaleza civil- entre una provincia y

un vecino de otra y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público a fs. 18 vuelta.

-II-

La competencia originaria de la Corte, conferida por el artículo 117 de la Constitución Nacional y reglamentada por el artículo 24, inciso 1°, del decreto-ley 1285/58 procede, en los juicios en que una provincia es parte si, a la distinta vecindad de la contraria, se une la naturaleza civil de la materia en debate (Fallos: 269:270; 272:17; 294:217; 310:1074; 313:548; 316:1462).

Sentado lo expuesto, corresponde señalar que, de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe estar de modo principal para determinar la competencia, según el artículo 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Naciónse desprende que la pretensión de la actora consiste en obtener el pago de los daños y perjuicios derivados de la actuación de la Provincia de Entre Ríos dentro de su propiedad, atribuyéndole responsabilidad a dicho Estado local por la destrucción de las instalaciones y la alteración del entorno natural.

Por lo expuesto, sin perjuicio de que este Ministerio Público mantiene la opinión vertida en causas análogas a la presente, en las que sostuvo la naturaleza administrativa del pleito, regido por normas de Derecho Público local, cabe señalar que la doctrina del Tribunal le asigna carácter civil a la referida materia litigiosa (confr. in re L.291.XXI. Originario A.G., J.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios@, sentencia del 12 de marzo de 1992 y

V. 276. XXXV.

ORIGINARIO

V., J.A. y otros c/ Entre Ríos, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación D.236, L.XXIII. Originario A.G., B.I. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ indemnización por daño moral@, sentencia del 6 de octubre de 1992, publicada en Fallos: 315:2309).

En consecuencia, de considerar V.E. probada la distinta vecindad de los actores respecto de la Provincia demandada, con la constancia agregada en autos a fs. 1/3, el presente proceso corresponderá a la competencia originaria del Tribunal.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1999.

M.G.R.

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