Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Octubre de 1996, B. 789. XXXI

• Emisor: Suprema Corte de Justicia (Argentina)

BARRI, M.E. S/ DENUNCIA S.C. B.789. L.XXXI

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Suprema Corte:

-I-

La titular de estas actuaciones, que goza de un beneficio otorgado por la ex Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, se presentó ante dicho organismo solicitando el reajuste de su haber jubilatorio. La desestimación de su pedido, determinó que por vía de lo preceptuado por el artículo 8°, de la ley 23.473, interpusiera recurso ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, cuya S.I. señaló que debía aplicar el artículo 24 de la ley 24.463, que dispone la conversión al procedimiento que prescribe de los expedientes que se encontrasen en estado de dictar sentencia, razón por la cual, en definitiva, dispuso notificar a la beneficiaria la mencionada circunstancia y enviar la causa al ente previsional, a sus efectos.

Notificada de tal decisión, la titular, con arreglo a lo normado por el artículo 19 de la última de las leyes citadas, interpuso recurso ordinario a fs. 52/53, que le fue concedido a fs. 69. Lo fundamenta con los argumentos que integran el memorial obrante a fs. 75/87, tendientes, todos ellos, a sostener la invalidez, desde el punto de vista constitucional, de varias de las disposiciones de la ley 24.463.

Considero que corresponde analizar, en primer término, las razones que esgrime en contra del artículo 24 de la ley 24.464 que, en síntesis, se dirigen a sostener que resulta violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional al

vulnerar el principio del juez natural y el debido proceso por alterar la estabilidad jurídica de los actos ya cumplidos, así como de la garantía de la igualdad entre las partes que deriva del art. 16 de la citada Constitución.

La disposición impugnada, vale recordarlo, prescribe que las disposiciones procesales previstas en el Capítulo II de la ley serán de aplicación inmediata a las causas en trámite. Respecto de las que estuviesen radicadas ante la Cámara Federal de la Seguridad Social pero pendientes de sentencia, ordena que sean convertidas al procedimiento que prevé, esto es, un proceso de conocimiento pleno con las reglas del juicio sumario previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con las modificaciones que introduce.

Añade, también, que la conversión deberá notificarse a los interesados para que adecuen el recurso al nuevo procedimiento que instituye, solicitando lo que en derecho crean les corresponde, y que en dichos casos el organismo previsional a partir de quedar notificado y por única vez, tendrá un plazo de 6 meses para contestar la demanda y ofrecer pruebas.

-II-

En lo que respecta al argumento de que el cambio de la ley procesal en el transcurso del proceso ya incoado vulnera el principio del juez natural, considera que ello no es así desde que tal afirmación no condice con la jurisprudencia que reiteradamente sentó V.E. con relación al tema, sin perjuicio de advertir que la recurrente, en rigor, no trae argumento alguno tendiente a controvertirla.

En efecto, el Tribunal estableció, desde antiguo, que las leyes modificatorias de la jurisdicción y competen

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cia, aun en caso de silencio de ellas, se aplican de inmediato a las causas pendientes (Fallos: 17:22; 24:432; 32:94; 62:130; 68:179; 114:89; 181:288; 215:125; 274:64; 281:92; 295:62; 310:2049).

A su vez estimo que "la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía" (pág. 259, del fallo publicado en el Tomo 163:231), y nadie puede alegar poseer un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado sistema adjetivo, pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público (Fallos: 193: 192; 275:459; 294:343 entre otros), circunstancia que, también según reiterada doctrina, resulta compatible con la garantía del artículo 18 de la Constitución (Fallos: 17:22; 135:190; 208:30; 212:11).

De ahí se desprende, señaló también esa Corte, que resulta claro que no pueden impugnarse válidamente, desde el punto de vista constitucional, las nuevas normas de competencia cuando su contenido implique cambiar la radicación de causas después de los hechos que les hayan dado origen. Por ello reiteró que, "la posibilidad de ejecutar reformas debe ser siempre facultad de la legislatura, y crearía una interminable confusión de los procedimientos si cada caso debiera ser solamente sustanciado de acuerdo con las reglas procesales vigentes cuando los hechos ocurrieron y sólo por los tribunales entonces existentes. La legislatura puede abolir tribunales y crear otros nuevos, y puede prescribir reglas totalmente diferentes de procedimiento de acuerdo a su discreción..." (C. "Treatise on Constitutional Limitations",

Cap. 9, párrafo 272, que fuera citado por el Procurador General S.S. en Fallos: 234:482, y por la mayoría de los miembros del Tribunal en Fallos: 310:2845.

En idéntico sentido, expresó V.E. que la posición contraria vedaría la facultad del legislador de disponer la creación de nuevos tribunales, reformar o suprimir los existentes. Consecuentemente, también desde antiguo (Fallos: 17:

22), sentó el principio de que las garantías imprescindibles para la seguridad individual no sufren menoscabo por la aplicación retroactiva de las normas que legislan sobre la jurisdicción y competencia, ya que un criterio diferente se levantaría como una valla insalvable "a toda mejora en esta materia, obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresión o de reforma".

Lo hasta aquí expuesto demuestra claramente, a mi juicio, que no afecta la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, una nueva norma que desplaza la competencia del juez que ya intervenía en el juicio, en virtud de reformas en la organización de la justicia y en la distribución de la competencia, como también se puntualiza en los Fallos:

234:482; 237:673; 305:997, pues, dicha garantía sólo tiende a impedir la sustracción arbitraria de un caso: los jueces que continúan teniendo jurisdicción en causas semejantes con el fin de atribuir su conocimiento a otros que no lo poseen, es decir, la disposición no sufre menoscabo porque sea uno en vez de otro de los jueces permanentes el que conozca de él con arreglo a la competencia que se estima corresponde (Fallos: 135:190; 138:219; 143:208; 155:286; 186: 41).

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-III-

En cuanto a que la reconvención que dispone la norma en debate también afectaría la validez de actos cumplidos, tampoco cabe en el caso que se lo estime así, toda vez que debe observarse que la decisión que se cuestiona, y que se dictó con arreglo al artículo 24 del texto legal controvertido, no vino a perturbar ningún acto cumplido. Por lo pronto, al no haber dictado el a quo acto de carácter jurisdiccional alguno (cf. doctrina del voto de la mayoría inre: Comp. N° 31, L.XXIX. "C.H..

Sociedad en Comandita por Acciones c/ Agua y Energía Eléctrica de la Nación s/ daños y perjuicios", sentencia del 16 de marzo de 1995). Asimismo, porque el cambio ritual no invalida el único acto oportunamente efectuado por la beneficiaria, esto es su recurso ante la Cámara, sobre el que sólo pesa la carga de adaptárselo al nuevo procedimiento, circunstancia que, incluso, redobla las posibilidades de salvaguardar la defensa de sus pretensiones.

Sobre este particular debo señalar que también la recurrente intenta demostrar la razón de su aserto sobre la base del criterio que la Corte sentara en Fallos: 200:180, y la posición que asumió al dictar la Acordada N° 6/89.

Con respecto al precedente, cabe apuntar que si en él se arribo a la postura que invoca, ello se debió, como lo expresan los jueces, a que tanto la procedencia de la peritación cuanto el nombramiento de quienes debían realizarla y la proposición de los puntos que debían analizar en el dictámen respectivo, habrán sido objeto de conformidad por ambas

partes "y de la aquiescencia del Tribunal", es decir, en el caso existían actos ya concluidos y actuados de acuerdo a la ley entonces vigente, los que, de aplicarse la nueva ley deberían, al menos en parte, ser dejados sin efecto.

Resulta claro, a mi juicio, que como la mentada circunstancia -como vimos no se configura en el caso de especie, su similitud con la causa antes reseñada es sólo aparente, razón por la cual surge nítido que también este agravio de la recurrente aparece falta de aptitud para acreditar el menoscabo que dice le causa la norma al principio superior que invoca.

Con relación a la Acordada N° 6/89 -dictada como consecuencia de la sanción de la ley 23.473-, por la que V.

E. decidió asignar al nuevo fuero de la Seguridad Social las causas que aun no habían sido sorteadas en el fuero laboral, sentando el principio que ellas quedan radicadas en un tribunal cuando son sorteadas, cabe responder que, al contrario de lo que sucedió al sancionar esa norma anterior, en la aquí impugnada el legislador, al ordenar la conversión al nuevo procedimiento de las causas pendientes de sentencia, fijó pautas más precisas, es decir determinó el mismo como debían distribuirse, haciéndole en términos que, por su claridad, impiden salvo tacha de invalidez, que los jueces se aparten de sus propósitos so pretexto de evitar deficiencias reales o presuntas que pudieran resultar de su aplicación, como lo demuestra la posición sostenida por V.E. en el punto 2°, de la Acordada N° 13, de fecha 11 de abril de 1995.

Por ende como quedó dicho, la mencionada tacha, no puede prosperar.

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-IV-

Por último tampoco estimo que el artículo 24, de la ley 24.463, se muestre reñido como lo alega la recurrente, con la garantía de la igualdad, toda vez que es claro que esa norma no establece, entre los que se encuentran en las mismas condiciones, distingo alguno.

A ello cabe agregar que tiene reiteradamente declarado el Tribunal que la aludida garantía no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima, persecución o indebido privilegio de personas o de grupos de personas, aunque su fundamento sea opinable (Fallos: 295:593; 300:1291; 301:276; 302:705; 307: 493), sino, también, ha dicho que la diferencia existente entre situaciones anteriores y posteriores a la sanción de un nuevo régimen tampoco configura agravio a ella, porque de lo contrario toda modificación legislativa importaría menoscabo (v. Fallos:

295:694; 299:181; 307:493).

-V-

Por lo demás, si bien como expresé al principio de este dictamen, el recurso se extiende a la impugnación constitucional de otras disposiciones de fondo de la ley 24.463, creo que no debo pronunciarme sobre ello en razón de que resulta prematuro pues tales planteos deberían serles propuestos, en primer término, al juez de la causa.

Por lo expuesto, y toda vez que no es admisible la pretensión de que se descalifique desde el punto de vista constitucional a una solución legislativa, sobre la sola base del desacuerdo con su mérito o acierto, así como que no se han ensayado otros agravios fuera de los vertidos ante el hecho del cambio en sí mismo, habida cuenta de que la aislada referencia a la supuesta dificultad del nuevo trámite, sin ningún desarrollo argumental, no tiene entidad suficiente para provocar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, consecuencia que es siempre considerada la "ultimaratio" del orden jurídico, entiende que corresponde rechazar la impugnación a la validez constitucional del artículo 24, de la ley 24.463.

En tales condiciones, estimo que debe confirmarse la sentencia apelada Buenos Aires, 3 de marzo de 1996.

ANGEL NICOLAS AGÜERO ITURBE

B. 789. XXXI.

R.O.

Barry, M.E. c/ ANSES s/ reajustes por movilidad.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1996.

Vistos los autos: "B., M.E. c/ ANSES s/ reajustes por movilidad".

Considerando:

1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que dispuso la conversión del trámite de esta causa -radicada y pendiente de sentencia- al nuevo procedimiento establecido por la ley 24463 y la remisión del expediente a la ANSES, la actora dedujo recursos de apelación ordinario y extraordinario (fs. 50, 52/53 y 54/58). El a quo concedió el primero y postergó la sustanciación del segundo (fs. 68 vta. y 69).

   El memorial respectivo y su contestación obran a fs. 75/87 y 91/91 vta.

2. ) Que el recurso ordinario de apelación resulta procedente de acuerdo con lo dispuesto por el art. 19 de la referida ley, habida cuenta de que la resolución impugnada impide continuar el proceso de revisión del acto administrativo recurrido para ante la cámara e impone el retroceso del estado de la causa a la instancia administrativa anterior, de modo que debe equipararse a la sentencia definitiva susceptible del remedio intentado (cfr. doctrina de Fallos 314: 303; causa H.45.XXIV "H.E.M.A.R.S.A. S.A.C.I.F.I. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución", fallada por esta Corte con fecha 27 de octubre de 1994 y sus citas).

3. ) Que la titular se agravia de la conversión del proceso ordenada según el art. 24 de la citada ley 24.463 porque, según sostiene, anula la apelación judicial y los actos procesales cumplidos en la cámara hasta que se dictó el

   pronunciamiento impugnado; retrograda el trámite del expediente -sin respetar el principio de radicación- a una etapa precluida al interponer aquel recurso, y la obliga a iniciar un nuevo pleito sujeto a defensas que no existían en el sistema anterior y a múltiples instancias ordinarias de revisión, lo que se aparta de la regla de celeridad y sencillez en los procedimientos destinados a proteger contingencias sociales amparadas por la Constitución Nacional y equivale a declarar la caducidad de todas las actuaciones producidas desde la resolución administrativa.

4. ) Que, sobre la base de tales argumentos, la apelante plantea la inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24463 por lesionar las garantías de defensa en juicio, del debido proceso y del "juez natural" (art. 18 de la Constitución Nacional), los principios de igualdad y supremacía constitucional y los derechos adquiridos bajo la vigencia de la ley anterior, a la vez que objeta la validez constitucional de otras disposiciones de aquel cuerpo legal, ajenas a la conversión del trámite ordenada en la sentencia.

5. ) Que, por su lado, al contestar los agravios la ANSES sostiene que el procedimiento establecido por la ley mencionada se adecua a las normas de la Constitución Nacional; que el plazo de gracia concedido a ese organismo por el art. 24 para contestar las demandas se halla justificado por la gran cantidad de casos en los que deberá intervenir en primera instancia; que la conversión del trámite de la causa no lesiona el principio de preclusión pues el único acto procesal cumplido después de la apelación fue el sorteo del tribunal que iba a decidir la cuestión, motivo por el cual

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   B., M.E. c/ ANSES. la aplicación de esa norma sólo afecta dicho sorteo, lo que no resulta lesivo de las garantías superiores invocadas por la actora.

6. ) Que el organismo previsional aduce también que la ley 24.463 se halla dirigida a lograr un mejor funcionamiento del Poder Judicial y a evitar el colapso del sistema previsional que se habría producido de haberse mantenido "la situación de hecho existente" en la cámara al tiempo de la sanción de la ley; que no menoscaba el principio del "juez natural" porque abarca a todos los juicios en trámite en el tribunal sin referirse a ninguna causa en particular y que la jubilada no ha demostrado en qué medida la norma tachada de inconstitucional le causa gravamen.

7. ) Que la forma en que han sido planteados los agravios y sus contestaciones justifica advertir que no es del resorte de este Tribunal pronunciarse sobre el mérito, acierto o conveniencia de las reformas introducidas por la ley 24.463, ni es del caso hacerlo en general respecto de la constitucionalidad de las disposiciones contenidas para el trámite del proceso allí establecido o el reajuste de los haberes (Fallos: 308:1631; 311:460, 1565 y 312:122), pues lo que aquí se encuentra en discusión es concretamente el perjuicio invocado por la recurrente derivado de la conversión del trámite de la causa dispuesta por el art.

   24, cuya validez constitucional ha sido cuestionada.

8. ) Que, al respecto, importa destacar que la titular solicitó el reajuste previsional el 15 de mayo de 1992, sobre la base de estimar confiscatorio el régimen de movili

   dad aplicado a su beneficio de acuerdo a la documentación del empleador acompañada como prueba y al criterio jurisprudencial invocado en su petición (fs. 24/30). La ANSES sólo dictó resolución el 18 de abril de 1994 desestimando el reclamo (fs. 35/35 vta.), decisión que motivó que la jubilada dedujera recurso de apelación para ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social con fecha 11 de octubre de 1994, tribunal al que fue elevada la causa por el organismo previsional conforme a las prescripciones de los arts. 8, inc. a, y 10 de la ley 23.473 (fs. 40/48).

9. ) Que después de haber quedado radicado el expediente en la instancia judicial desde el 25 de octubre de 1994 y de haber sido sorteado a la Sala II el 22 de diciembre de ese año, actuaciones que fueron consentidas por las partes (fs. 48 vta./49), la alzada -transformada en tribunal federal- dispuso aplicar el art. 24 de la ley 24.463 (B.O. 30 de marzo de 1995) que establece la conversión inmediata de los trámites pendientes de sentencia al nuevo procedimiento para impugnar las resoluciones de la ANSES, procedimiento que consiste en una demanda de conocimiento que debe ser interpuesta en primera instancia dentro del plazo de caducidad fijado por el art. 25, inc. a, de la ley 19.549 y contestada por aquélla en el término -instituido como excepción para estos supuestos- de 6 meses (confr. arts. 15, 24 y 33, ley citada). Como consecuencia de ello, la cámara ordenó la devolución del expediente al ámbito administrativo.

   10) Que asiste razón a la apelante al sostener que lo decidido lesiona el principio de preclusión pues si bien

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   B., M.E. c/ ANSES. es cierto que -como lo señala el señor P. General- las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público y se aplican a las causas pendientes (Fallos:

   181:288; 274: 64; 295:62; 306:1223, 1615 y 2101), también lo es que este principio ha sido limitado a los supuestos en que no se venga a privar de validez a los actos procesales cumplidos ni se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (Fallos: 98:311; 200:181; 249:343; 275:109; 281: 92; 302:263 y 306:1223, 1615 y 2101 y 314:280).

   11) Que esto último es, precisamente, lo que sucedería en el caso si se admitiera la conversión del procedimiento dispuesta por el art. 24 de la ley 24.463 para las causas en trámite, pendientes de sentencia, radicadas en la ex Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, en la medida en que la recurrente -como se ha señalado- dedujo la apelación para ante ese tribunal el 11 de octubre de 1994, de acuerdo con los arts. 8, inc. a, y 10 de la ley 23.473 y dicho recurso importó la iniciación de la etapa judicial tendiente a revisar el acto de la ANSES en la alzada.

   12) Que, en esas condiciones, la conversión del procedimiento conduce a negar la existencia y validez del recurso de apelación deducido con arreglo a la legislación en vigor al tiempo en que la actora cumplió con esa carga procesal y le impone la exigencia de iniciar un nuevo juicio, mediante una demanda sumaria ante los juzgados de primera instancia, a fin de impugnar la misma resolución que había apelado para ante la cámara por el trámite de la ley 23.473, lo que equivale a decir que la aplicación de esa norma configu

   ra un caso claro de retrogradación del proceso con manifiesta lesión de los principios de preclusión y adquisición procesal.

   13) Que al interponerse la apelación antes de que fuera sustituido ese recurso por una demanda contenciosoadministrativa, quedó consumada la facultad prevista en el procedimiento legal para ese acto y no cabe volver, sin afectar gravemente las reglas del debido proceso, a un estadio anterior a esa presentación con el argumento de que la conversión sólo implica "adaptar" o "adecuar" dicha apelación al nuevo trámite, lo que mejoraría la situación de la actora en la defensa de sus derechos. Contrariamente a ello, el cambio ritual implica retrotraer el estado procesal de la causa a la instancia administrativa previa y reiniciar el cómputo de plazos de impugnación que se hallaban fenecidos, a la vez que obliga a la jubilada a presentar una demanda judicial para evitar consentir la resolución que -cabe reiterarlo- ya había apelado en tiempo y forma.

   14) Que, al respecto, conviene recordar que tanto el principio de progresividad como el de preclusión procesal reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia independiente y razonablemente pronta, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente con desmedro de la garantía constitucional de la defensa en juicio. De modo eminente, pues, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial al respeto debido a la dignidad de la persona (confr. Fallos: 305:913 y 1753; 307:1608; 308:273 y causas: F.287.X. "Frades, E.S.; F., Alejandro

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   B., M.E. c/ ANSES.

   J. s/ robo en grado de tentativa" fallado con fecha 14 de diciembre de 1989; P.433.XXIII "Proceso instruido al teniente de ingenieros D.L.A.N. y otros s/ abuso de autoridad" fallado con fecha 5 de noviembre de 1991 y A.277.XXIV "Administración Nacional de Aduanas s/ denuncia contrabando" fallado con fecha 28 de septiembre de 1993), lo que alcanza una significación especial en esta materia en que la postergación de la instancia judicial para imponer el replanteo del reclamo ante un tribunal de grado inferior, desbarata una situación consolidada a favor de la recurrente y conduce a una privación de justicia respecto de derechos de naturaleza alimentaria que gozan de protección constitucional (art. 14 bis de la Constitución Nacional).

   15) Que adquiere particular relevancia señalar que aquí no se trata de una mera modificación legal de la competencia de los jueces, cuestión que -con la salvedad antes formulada- en principio no afecta la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 17:22; 163:231 y 310: 2845). La conversión de esta causa al nuevo proceso importa lisa y llanamente suprimir el recurso judicial interpuesto válidamente, sacar el expediente del conocimiento de los jueces para retrotraer su estado procesal a la época en que se dictó la resolución administrativa, y someter a la titular a la contingencia de ver clausurada la posibilidad de acceder a una decisión sobre el fondo de la cuestión frente a la eventualidad nada incierta en reclamos de esta naturaleza- de no poder afrontar dentro del plazo de caducidad -por razones biológicas o económicas- la misma carga procesal que

   antes había cumplido conforme a derecho.

   16) Que del mensaje de elevación del proyecto de la ley de solidaridad previsional surge que la reforma se halla orientada a resolver los aspectos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que continúan generando un déficit estructural y a restablecer la solidaridad en dicho régimen.

   Para fundar el cambio del procedimiento de revisión judicial de los actos que "otorguen o denieguen" beneficios o reajustes, se expresa que "se transfiere la Cámara Nacional de la Seguridad Social al fuero federal, estableciendo un trámite acorde con el derecho de defensa en juicio que el Estado debe tener en las causas a las que sea sometido". Estas motivaciones sólo aluden a las resoluciones administrativas futuras, esto es, a las dictadas con posterioridad a la ley 24.463, pero no alcanzan para justificar la retrogradación de la causa que había sido recurrida ni para privar de efectos a los actos cumplidos por el tribunal al amparo de la preclusión, ello sin desatender a la situación de desequilibrio financiero que sustentó la ley 24.463, pues no se advierte razón alguna vinculada a esa circunstancia o de solidaridad que autorice a recomenzar el juicio al punto de anular la apelación judicial ya existente.

   17) Que es necesario dejar en claro que si se pretende que la conversión del procedimiento -con los efectos antes señalados- constituye una medida necesaria para lograr el saneamiento del régimen previsional, no por eso quedaría excluida del control de constitucionalidad que corresponde a los tribunales y en última instancia a esta Corte, a fin de establecer mediante el examen de la razonabilidad si el referido artículo 24 no burla las garantías superiores, examen

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   B., M.E. c/ ANSES. que debe ser más cuidadoso y estricto cuando la causa que se invoca para aplicar dicha norma lleva a desatender la consideración oportuna de reclamos relativos a contingencias contempladas por el sistema de seguridad social.

   18) Que si bien es cierto que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma trascendencia institucional y que el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, no lo es menos que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta iniquidad (confr. Fallos: 304:972; 305:159; 308:418; 311:395, 460, 1435 y 2478; 307:906 y causa: B.205.XXIV "Bozzano, E. c/ Estado Nacional", del 23 de junio de 1995).

   19) Que la garantía constitucional de la defensa en juicio y el debido proceso no se agota en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre, evitando, dentro de los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso, una dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional; así lo exige, por lo demás, el propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el preámbulo de la Constitución Nacional (Fallos: 298:312; 300:1102; 302:299; 311:1644 y voto del juez F. en la causa C.019.XXII "Compañía Arene

   ra del R.L. c/ De Castro", del 1° de septiembre de 1992).

   20) Que este Tribunal reitera que al tratarse de créditos de naturaleza previsional, su contenido alimentario exige una consideración particularmente cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que las prestaciones correspondientes tienden a la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria, lo que no se compadece con la posibilidad de que las sentencias dilaten sin término la decisión de las cuestiones sometidas a los jueces (confr. doctrina de Fallos: 293:304; 294:94; 307:135; 311:1644).

   21) Que, por lo demás, no debe olvidarse que las leyes de reorganización judicial, distribución de competencia o similares, tienden a proteger a los justiciables asegurando la mayor eficiencia y celeridad de las decisiones. Aunque las normas respectivas son de orden público, la misma condición tienen los preceptos legales que se hallan dirigidos a lograr la pronta terminación de los procesos cuando no se oponen a ello principios fundamentales que pudieran impedirlo (Fallos:

   305:1105; 307:569 y 311:621). Si para obtener ese propósito es indispensable remover los obstáculos que pudieran encontrar los jueces para desempeñar eficazmente sus funciones, tal hecho no lleva como correlato necesario el alterar aquellos fines protectores desplazándolos mediante interpretaciones que sólo conducen a atribuir más importancia a los medios que se instrumentan para alcanzarlos que a

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   B., M.E. c/ ANSES. aquéllos en sí mismos (acordada Corte Suprema de la Justicia de la Nación n°15 de 1987 y Fallos: 311:1644).

   22) Que, en ese sentido, deben ponderarse además los innumerables inconvenientes que irrogaría a la jubilada la conversión establecida por el art. 24 cuando, a los 73 años y después de un trámite que lleva más de cuatro años, debería reiniciar un nuevo juicio cuya competencia se ha asignado, actualmente, a los juzgados federales de primera instancia de la seguridad social creados por el art. 1° de la ley 24.655, situación que ha llevado al Tribunal a dictar la acordada 45/96 por la cual se estableció que la operatividad del art. 7° de la ley mencionada quedaba supeditada a la instalación y funcionamiento de esos juzgados, como también que hasta tanto no se produjera dicha circunstancia debía continuar el trámite de las causas ante los tribunales en que se hallaran radicadas.

   23) Que, en el caso, las razones expresadas bastan para demostrar que la conversión dispuesta por el artículo 24 de la ley 24.463, lesiona derechos esenciales garantizados por la Ley Suprema y no constituye una reglamentación razonable de las normas superiores en juego (arts. 14 bis, 18 y 28 de la Constitución Nacional); en consecuencia, debe declararse su inconstitucionalidad para el caso ya que cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la ley en que se encuentra inserto, de modo tal que llegue a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional o su aplicación torne ilusorios derechos por ellos consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto

   y dejarlo de aplicar a fin de asegurar la primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar la justicia que está encargado de administrar. Esa atribución moderadora constituye uno de los fines supremos del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos contra los abusos posibles de los poderes públicos (confr. Fallos: 308:857; 311:1937).

   24) Que esta conclusión no implica limitación o restricción alguna para que el organismo previsional formule las presentaciones conducentes ante la cámara en defensa de la legitimidad del acto administrativo, pues la facultad de aquél para integrar el debate judicial no depende del reconocimiento que le otorga la ley 24463 para actuar como contraparte en el proceso, sino que está ínsito en el carácter de las funciones públicas que desarrolla, como ente de aplicación y control de las leyes de la seguridad social y, en esa condición, nada impide su participación en la controversia para actuar en resguardo de los intereses que representa -que son los de la comunidad en general- y en procura de una mejor aplicación por los jueces de la ley o doctrina legal (confr. doctrina de Fallos: 240:297; 243:398 y sus citas y 313:1417).

   25) Que, por último, cabe señalar que resulta prematuro el tratamiento de los restantes agravios desarrollados por la recurrente respecto de otras disposiciones de la ley 24.463, ajenas a la conversión del procedimiento, pues corresponde a la cámara pronunciarse sobre las cuestiones que suscite la continuación del trámite de la causa en esa instancia de conformidad con lo resuelto en esta sentencia.

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   B., M.E. c/ ANSES.

   Por ello, oído el señor P. General de la Nación, se revoca la sentencia apelada y se declara la inconstitucionalidad para el caso de la conversión dispuesta por el art. 24 de la ley 24.463. N. y devuélvase. JULIO S.N. (según su voto) - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (según mi voto) - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ (según mi voto) - G.A.B. -A.R.V. (por mi voto).

   VO

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   R.O.

   Barry, M.E. c/ ANSES s/ reajustes por movilidad.

   TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO F. NAZARENO, DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O'CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON GUILLERMO A. F.

   LOPEZ Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ Considerando:

1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que dispuso la conversión del trámite de esta causa -radicada y pendiente de sentencia- al nuevo procedimiento establecido por la ley 24.463 y la remisión del expediente a la ANSES, la actora dedujo recursos de apelación ordinario y extraordinario (fs. 50, 52/53 y 54/68). El a quo concedió el primero y postergó la sustanciación del segundo (fs. 68 vta./69). El memorial respectivo y su contestación obran a fs. 75/87 y 91/91 vta.

2. ) Que el recurso ordinario de apelación resulta procedente de acuerdo con lo dispuesto por el art. 19 de la referida ley, habida cuenta de que la resolución impugnada impide continuar el proceso de revisión del acto administrativo recurrido para ante la cámara e impone el retroceso del estado de la causa a la instancia administrativa anterior, de modo que debe equipararse a la sentencia definitiva susceptible del remedio intentado (confr. doctrina de Fallos: 314:303; causa H.45.XXIV.

   "H.E.M.A.R.S.A S.A.C.I.F.I. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución", fallada por esta Corte con fecha 27 de octubre de 1994 y sus citas).

3. ) Que la titular se agravia de la conversión del proceso ordenada según el art. 24 de la citada ley 24.463

   porque, según sostiene, anula la apelación judicial y los actos procesales cumplidos en la cámara hasta que se dictó el pronunciamiento impugnado; retrograda el trámite del expediente -sin respetar el principio de radicación- a una etapa precluida al interponer aquel recurso y la obliga a iniciar un nuevo pleito sujeto a defensas que no existían en el sistema anterior y a múltiples instancias ordinarias de revisión, lo que se aparta de la regla de celeridad y sencillez en los procedimientos destinados a proteger contingencias sociales amparadas por la Constitución Nacional y equivale a declarar la caducidad de todas las actuaciones producidas desde la resolución administrativa.

4. ) Que, sobre la base de tales argumentos, la apelante plantea la inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24.463 por lesionar las garantías de defensa en juicio, del debido proceso y del "juez natural" (art. 18 de la Constitución Nacional), los principios de igualdad y supremacía constitucional y los derechos adquiridos bajo la vigencia de la ley anterior, a la vez que objeta la validez constitucional de otras disposiciones de aquel cuerpo legal, ajenas a la conversión del trámite ordenada en la sentencia.

5. ) Que, por su lado, al contestar los agravios la ANSES sostiene que el procedimiento establecido por la ley mencionada se adecua a las normas de la Constitución Nacional; que el plazo de gracia concedido a ese organismo por el art. 24 para contestar las demandas se halla justificado por la gran cantidad de casos en los que deberá intervenir en primera instancia; que la conversión del trámite de la causa no lesiona el principio de preclusión pues el único acto pro

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   R.O. Barry, M.E. c/ ANSES s/ reajustes por movilidad. cesal cumplido después de la apelación fue el sorteo del tribunal que iba a decidir la cuestión, motivo por el cual la aplicación de esa norma sólo afecta dicho sorteo, lo que no resulta lesivo de las garantías superiores invocadas por la actora.

6. ) Que el organismo previsional aduce también que la ley 24.463 se halla dirigida a lograr un mejor funcionamiento del Poder Judicial y a evitar el colapso del sistema previsional que se habría producido de haberse mantenido "la situación de hecho existente" en la cámara al tiempo de la sanción de la ley; que no menoscaba el principio del "juez natural" porque abarca a todos los juicios en trámite en el tribunal sin referirse a ninguna causa en particular y que la jubilada no ha demostrado en qué medida la norma tachada de inconstitucional le causa gravamen.

7. ) Que la naturaleza y alcance de la cuestión constitucional introducida por el beneficiario, justifican advertir que no es del resorte de este Tribunal pronunciarse sobre el mérito, acierto o conveniencia del nuevo régimen procesal establecido por la ley 24.463 para la impugnación judicial de los actos de la ANSES, pues lo único que se encuentra en discusión es concretamente el perjuicio derivado de la conversión del trámite de la causa dispuesta según el art. 24 de esa norma legal, cuya validez constitucional ha sido cuestionada.

8. ) Que, al respecto, importa destacar que la titular solicitó el reajuste previsional el 15 de mayo de 1992, sobre la base de estimar confiscatorio el régimen de movilidad aplicado a su beneficio de acuerdo a la documentación

   del empleador acompañada como prueba y al criterio jurisprudencial invocado en su petición (fs. 24/30). La ANSES sólo dictó resolución el 18 de abril de 1994 desestimando el reclamo (fs. 35/35 vta.), decisión que motivó que la jubilada dedujera recurso de apelación para ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social con fecha 11 de octubre de 1994, tribunal al que fue elevada la causa por el organismo previsional conforme a las prescripciones de los arts. 8°, inc. a, y 10 de la ley 23.473 (fs. 40/48).

9. ) Que después de haber quedado radicado el expediente en la instancia judicial desde el 25 de octubre de 1994 y de haber sido sorteado a la Sala II el 22 de diciembre de ese año, actuaciones que fueron consentida por las partes (fs. 48 vta./49), la alzada -transformada en tribunal federal- dispuso aplicar el art. 24 de la ley 24.463 (B.O. 30 de marzo de 1995) que establece la conversión inmediata de los trámites pendientes de sentencia al nuevo procedimiento para impugnar las resoluciones de la ANSES, procedimiento que consiste en una demanda de conocimiento que debe ser interpuesta en primera instancia dentro del plazo de caducidad fijado por el art. 25, inc. a, de la ley 19.549 y contestada por aquélla en el término -instituido como excepción para estos supuestos- de 6 meses (confr. arts. 15, 24 y 33, ley citada). Como consecuencia de ello, la cámara ordenó la devolución del expediente al ámbito administrativo.

   10) Que asiste razón a la apelante al sostener que lo decidido lesiona el principio de preclusión pues si bien es cierto que -como lo señala el señor P.G. leyes sobre procedimiento y competencia son de orden pú

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   Barry, M.E. c/ ANSES s/ reajustes por movilidad. blico y se aplican a las causas pendientes (Fallos:

   181:288; 274:64; 295:62; 306:1223, 1615 y 2101), también lo es que este principio ha sido limitado a los supuestos en que no se venga a privar de validez a los actos procesales cumplidos o a que se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (Fallos: 98:311; 200:180; 249: 343; 275:109; 281:92; 302:263; 306:1223, 1615 y 2101; y 314: 280).

   11) Que esto último es, precisamente, lo que sucedería en el caso si se admitiera la conversión del procedimiento dispuesta por el art. 24 de la ley 24.463 para las causas en trámite, pendientes de sentencia, radicadas en la ex Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, en la medida en que la recurrente -como se ha señalado- dedujo la apelación para ante ese tribunal el 11 de octubre de 1994, de acuerdo con los arts. 8°, inc. a y 10 de la ley 23.473 y dicho recurso importó la iniciación de la etapa judicial tendiente a revisar el acto de la ANSES en la alzada.

   12) Que, en esas condiciones, la conversión del procedimiento conduce a negar la existencia y validez del recurso de apelación deducido con arreglo a la legislación en vigor al tiempo en que la actora cumplió con esa carga procesal y le impone la exigencia de iniciar un nuevo juicio, mediante una demanda sumaria ante los juzgados de primera instancia, a fin de impugnar la misma resolución que había apelado para ante la cámara por el trámite de la ley 23.473, lo que equivale a decir que la aplicación de esa norma configura un caso claro de retrogradación del proceso con manifiesta lesión de los principios de preclusión y adquisición pro

   cesal.

   13) Que al interponerse la apelación antes de que fuera sustituido ese recurso por una demanda contenciosoadministrativa, quedó consumada la facultad prevista en el procedimiento legal para ese acto y no cabe volver, sin afectar gravemente las reglas del debido proceso, a un estadio anterior a esa presentación con el argumento de que la conversión sólo implica "adaptar" o "adecuar" dicha apelación al nuevo trámite, lo que mejoraría la situación de la actora en la defensa de sus derechos. Contrariamente a ello, el cambio ritual implica retrotraer el estado procesal de la causa a la instancia administrativa previa y reiniciar el cómputo de plazos de impugnación que se hallaban fenecidos, a la vez que obliga a la jubilada a presentar una demanda judicial para evitar consentir la resolución que -cabe reiterarlo- ya había apelado en tiempo y forma.

   14) Que, al respecto, conviene recordar que tanto el principio de progresividad como el de preclusión procesal reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia independiente y razonablemente pronta, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente con desmedro de la garantía constitucional de la defensa en juicio. De modo eminente, pues, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial al respeto debido a la dignidad de la persona (confr. Fallos: 305:913 y 1753; 307:1608; 308: 273; 312:2434; 314:1399 y causa A.277.XXIV. "Administración Nacional de Aduanas s/ denuncia contrabando", fallada con fecha 28 de septiembre de 1993), lo que alcanza una

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   Barry, M.E. c/ ANSES s/ reajustes por movilidad. significación especial en esta materia en que la postergación de la decisión judicial para imponer el replanteo de la impugnación que se había introducido en el recurso de apelación mediante su reformulación por vía de demanda ante un tribunal de grado inferior, desbarata una situación consolidada a favor del beneficiario y conduce a una privación de justicia respecto de derechos de naturaleza alimentaria que gozan de protección constitucional (art. 14 bis de la Constitución Nacional).

   15) Que adquiere particular relevancia señalar que aquí no se trata de una mera modificación legal de la competencia de los jueces, cuestión que -con la salvedad antes formulada- en principio no afecta la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 17:22; 163:231 y 310: 2845). La conversión de esta causa al nuevo proceso importa lisa y llanamente suprimir el recurso judicial interpuesto válidamente, sacar el expediente del conocimiento de los jueces para retrotraer su estado procesal a la época en que se dictó la resolución administrativa y someter a la titular a la contingencia de ver clausurada la posibilidad de acceder a una decisión sobre el fondo de la cuestión frente a la eventualidad nada incierta en reclamos de esta naturaleza- de no poder afrontar dentro del plazo de caducidad -por razones biológicas o económicas- la misma carga procesal que antes había cumplido conforme a derecho.

   16) Que del mensaje de elevación del proyecto de la ley de solidaridad previsional surge que la reforma se halla orientada a resolver los aspectos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que continúan generando un

   déficit estructural y a restablecer la solidaridad en dicho régimen. Para fundar el cambio del procedimiento de revisión judicial de los actos que "otorguen o denieguen" beneficios o reajustes, se expresa que "se transfiere la Cámara Nacional de la Seguridad Social al fuero federal, estableciendo un trámite acorde con el derecho de defensa en juicio que el Estado debe tener en las causas a las que sea sometido". Estas motivaciones sólo aluden a la índole de las resoluciones administrativas cuya impugnación judicial debe efectuarse por el nuevo régimen vigente, pero no alcanzan para justificar la retrogradación de la causa que había sido recurrida ni para privar de efectos a los actos cumplidos por el tribunal al amparo de la preclusión, ello sin desatender a la situación de desequilibrio financiero que sustentó la ley 24.463, pues no se advierte razón alguna vinculada a esa circunstancia o de solidaridad que autorice a recomenzar el juicio al punto de anular la apelación judicial ya existente.

   17) Que es necesario dejar en claro que si se pretende que la conversión del procedimiento -con los efectos antes señalados- constituye una medida necesaria para lograr el saneamiento del régimen previsional, no por eso quedaría excluida del control de constitucionalidad que corresponde a los tribunales y en última instancia a esta Corte, a fin de establecer mediante el examen de la razonabilidad si el referido artículo 24 no burla las garantías superiores, examen que debe ser más cuidadoso y estricto cuando la causa que se invoca para aplicar dicha norma lleva a desatender la consideración oportuna de reclamos relativos a contingencias contempladas por el sistema de seguridad social.

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   Barry, M.E. c/ ANSES s/ reajustes por movilidad.

   18) Que si bien es cierto que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico y que el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, no lo es menos que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta iniquidad (confr. Fallos: 304:972; 305:159; 307:906; 308:418; 311:395, 460, 1435 y 2478; y causa: B.205.XXIV.

   "Bozzano, E. c/ Estado Nacional", del 13 de junio de 1995).

   19) Que, en el caso, las razones expresadas bastan para demostrar que la conversión dispuesta por el artículo 24 de la ley 24.463, lesiona derechos esenciales garantizados por la Ley Suprema y no constituye una reglamentación razonable de las normas superiores en juego (arts. 14 bis, 18 y 28 de la Constitución Nacional); en consecuencia, debe declararse su inconstitucionalidad para el caso ya que cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la ley en que se encuentra inserto, de modo tal que llegue a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional o su aplicación torne ilusorios derechos por ellos consagrados, le es lícito al juzgador apartarse de tal precepto y dejarlo de aplicar a fin de asegurar la primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar la justicia que está encargado de administrar. Esa atribución moderadora constituye

   uno de los fines supremos del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos contra los abusos posibles de los poderes públicos (confr. Fallos: 308:857; 311:1937).

   20) Que esta conclusión no implica limitación o restricción alguna para que el organismo previsional formule las presentaciones conducentes ante la cámara en defensa de la legitimidad del acto administrativo, pues la facultad de aquél para integrar el debate judicial no depende del reconocimiento que le otorga la ley 24.463 para actuar como contraparte en el proceso, sino que está ínsito en el carácter de las funciones públicas que desarrolla, como ente de aplicación y control de las leyes de la seguridad social y, en esa condición, nada impide su participación en la controversia para actuar en resguardo de los intereses que representa -que son los de la comunidad en general- y en procura de una mejor aplicación por los jueces de la ley o doctrina legal (confr. doctrina de Fallos: 240:297; 243:398 y sus citas y 313:1417).

   21) Que, por último, cabe señalar que resulta prematuro el tratamiento de los restantes agravios desarrollados por la recurrente respecto de otras disposiciones de la ley 24.463, ajenas a la conversión del procedimiento, pues corresponde a la cámara pronunciarse sobre las cuestiones que suscite la continuación del trámite de la causa en esa instancia de conformidad con lo resuelto en esta sentencia.

   Por ello, oído el señor Procurador General de la Na-

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   Barry, M.E. c/ ANSES s/ reajustes por movilidad. ción, se revoca la sentencia apelada y se declara la inconstitucionalidad para el caso de la conversión dispuesta por el art. 24 de la ley 24.463. N. y devuélvase.

   JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - GUILLERMO A.

   F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.