Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, 27 de Diciembre de 2011 (caso Gómez, Daniel Ramón C/ Ministerios de Economía Obras y Servicios Públicos y Otros S/ Contencioso Administrativo)

Fecha de Resolución:27 de Diciembre de 2011
 
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Poder Judicial de la Nación S.D. T° LXVII

F° 28547

sistencia, veintisiete de diciembre de 2011.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “GÓMEZ, DANIEL RAMÓN c/ MINISTERIOS

DE ECONOMÍA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS s/

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, Expte. N° 46613, procedentes del Juzgado Federal de Primera Instancia de esta ciudad;

Y CONSIDERANDO:

El Dr. José Luis Alberto Aguilar dijo:

I) Que a fs. 4/10 vta. el Sr. Daniel Ramón Gómez, por apoderado, solicita la suspensión del acto administrativo emanado de la AFIP mediante disposición N° 327/97 que resuelve la finalización de sus funciones en el interinato que desempeñaba, así como también la restitución de las cosas al estado anterior del mencionado acto, hasta tanto medie pronunciamiento judicial; la reincorporación USO OFICIAL

al cargo; se llame a concurso para cubrir dicho cargo y función; se paguen las diferencias de haberes dejadas de percibir como consecuencia de la resolución atacada y subsidiariamente la indemnización por daños y perjuicios por la arbitrariedad del acto cuestionado.

En efecto, el actor se desempeñaba interinamente en el cargo de Supervisor de los Equipos de Fiscalización Externa de la Región Resistencia,

función que cumplió en forma regular y continua desde el 9 de octubre de 1991

hasta el 16 de abril de 1997, momento en el que se dicta la disposición que motiva el inicio de autos.

Que al momento de comunicársele la citada resolución, ella fue cuestionada por el actor, mediante recurso que prevé el CCT 15/91 en su art. 10,

fundando la ausencia de motivación del acto.

Ante el silencio del Organismo se dedujo amparo por Mora de la Administración, solicitando el juzgador informes respecto de la demora en que habría incurrido la AFIP en pronunciarse respecto del recurso deducido.

Mediante el dictado de la disposición N° 412/98 se desestima el Recurso Administrativo, por lo que el tratamiento del amparo por mora devino abstracto.

Fundan entonces la demanda promovida en los términos del art. 25 inc.

a) de la ley 19.549.

Entienden los apoderados del actor, que de conformidad con el art. 14 de la ley de procedimiento administrativo el acto resulta nulo de nulidad absoluta,

carece de causa, toda vez que no se sustenta en hechos y antecedentes y el derecho aplicable a tal decisión. Que lesiona derechos subjetivos e intereses legítimos, debido a que la resolución fue tomada sin la intervención del servicio jurídico, violando asimismo el derecho de defensa y debido proceso.

Alegan que lo mismo ocurre con la disposición 412/98, ya que si bien cuenta con dictamen legal, posee iguales deficiencias que el dictamen anterior,

fundando su decisión en el ius variandi del administrador pero apartándose de las alegaciones y probanzas del expediente. Que tampoco considera demostrado el perjuicio patrimonial, desconociendo de esta manera todos los perjuicios que acarrea la remoción de un cargo de mayor jerarquía a uno menor, implicando una merma retributiva.

A fs. 19 la actora desiste de la acción contra el Ministerio de Economía y a fs. 27 amplía demanda adjuntando como documental el dictamen 347 y la disposición 412.

II) El ente recaudador, por apoderado, contesta la acción, solicitando su rechazo, realizando una negativa general y particular de los hechos allí

invocados, manifestando que la misma resulta improcedente toda vez que no existe ninguna norma que le confiera al actor el derecho que pretende.

Así, expresa que en el ordenamiento legal argentino existen dos esferas de regímenes laborales, el régimen laboral que comprende a la función pública y el que comprende a la función común o privada, que en lo fundamental está

plasmado en la Ley de Contrato de Trabajo. Según se trate de uno u otro sistema,

distintas son las normas en lo atinente a la estabilidad del empleo. Con relación al primero de los regímenes, expresa, el art. 1 de la ley 22.140 establece quiénes se hallan comprendidos dentro de las normas aplicables a la función pública y el art. 2 enumera las exclusiones, dentro de las cuales está el personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo.

Continúa sosteniendo que la situación en que se encuentra el personal de la AFIP es la prevista en las convenciones colectivas de trabajo, que mediante laudo 15/91 rige actualmente las relaciones del organismo con sus empleados y que, conforme leyes 22.140 y 20.744 son aplicables las normas de derecho común laboral. Consecuentemente, su poderdante ha ejercido legítimamente el ius variandi y en el caso de considerarse ilegal o arbitrario tiene la solución prevista en la LCT cual es la de considerarse despedido y reclamar indemnización, no así

el derecho de requerir el reestablecimiento.

Afirman que el actor se ha mantenido en el grupo escalafonario al que pertenecía, por ende su poderdante actuó dentro de las facultades conferidas por la norma (art. 11 CCT). Cita doctrina y jurisprudencia en sustento.

Siguiendo esta línea de argumentación esgrimen que la merma en la retribución es consecuencia inexorable de las nuevas funciones desempeñadas y Poder Judicial de la Nación que al no ejercer el cargo anterior se dejaron de percibir adicionales o suplementos específicos de esa función. Por lo que no cabe tampoco acoger la indemnización por daños, de acuerdo a lo expuesto supra y a la falta de sustento para justificar la supuesta arbitrariedad de la demandada.

Ofrecen prueba, fundan su derecho, hacen reserva del caso federal y formulan petitorio de estilo.

III) A fs.179/183 se dicta sentencia, acogiéndose la demanda.

Para así decidir el juez de grado sostiene liminarmente que es necesario destacar la disimilitud postural en cuanto al derecho aplicable que ha asumido la demandada en la defensa, ya que por un lado...

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