Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, 19 de Septiembre de 2011, expediente 7.396/08

Fecha de Resolución19 de Septiembre de 2011

Poder Judicial de la Nación Resolución N° 3515

Corrientes, diecinueve de septiembre de dos mil once.

Visto: Los autos caratulados: “Recurso de apelación en autos:

‘Incidente de inconstitucionalidad y nulidad en autos: AFIP c/ R.O.G. p/ Ejecución Fiscal: E.. N° 8745/08”, E.. N° 7396/08, del registro de este Tribunal, proveniente del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes;

Considerando:

  1. Que contra la resolución de fs. 13/17 vta. -que declara la nulidad de los actos cumplidos en los autos principales, decretando para ello la inconstitucionalidad del art. 18, punto 5 de la Ley 25239, con costas-, y la regulación de honorarios contenida en el pronunciamiento de fs. 44; la ejecutante interpone y funda recursos de apelación –fs. 19/34 y fs. 45/60,

    respectivamente- los que son concedidos en relación y con efecto devolutivo a fs. 36 y 61 –pertinentemente-.

  2. En el recurso de apelación de fs. 19/34 la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación- Dirección General Impositiva alega USO OFICIAL

    que en el caso de autos el examen ha sido realizado desde la óptica del Poder Judicial y en función de sus facultades las que no han sido alteradas ni disminuidas sino tan solo modificadas; que la declaración de inconstitucionalidad en cuestión no estuvo precedida del análisis de los argumentos expuestos por el legislador, de un examen profundo de las normas constitucionales que decretaron vulneradas, ni tomó en cuenta la trascendencia y los fines recaudatorios perseguidos con el procedimiento de ejecución, la agilización del cobro y la reducción de la sobrecarga que pesa en los órganos judiciales; afectando –esgrime- directamente al Fisco Nacional.

    Que en lo que concierne a la traba de medidas cautelares, lo dispuesto por el nuevo art. 92 no resulta lesivo del derecho de propiedad ya que en caso de desapoderamiento se requerirá orden judicial; que el embargo ejecutivo es una especie de embargo preventivo fundado en un título que no requiere demostrar la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora ni exige contracautela porque la ley lo considera incluido en el título que tiene categoría de instrumento público.

    Afirma, que la reforma no afecta el derecho defensa ni del debido proceso en tanto la parte puede hacer valer sus derechos de modo inmediato y ante un juez que posee las facultades estatuidas en el art. 34 y 36 del C. P.

    C. y C.N.; que tampoco vulnera el principio de división de poderes porque todo se produce en la esfera jurisdiccional y bajo la vigilancia del magistrado respecto de los actos cumplidos; que tampoco repugna el principio de igualdad porque el Fisco –a su entender- no actúa como juez y porque este último es quien tiene el control de la jurisdicción.

    Finalmente hace reserva del Caso Federal.

  3. Corrido el traslado de dicho memorial ley –fs. 36-, la apelada contesta a fs. 37/40 que su parte no intenta impedir la promoción de ejecuciones fiscales sino que las medidas precautorias sean decretadas con intervención de la justicia –art. 17 de la C.N.-, respetándose –apunta- la división de poderes y el principio de igualdad de las partes contenidos en los arts. 16, 31 y concs. de la C.N..

    Afirma que la jurisprudencia del juzgado de origen ha sido reiterada por esta Cámara en el sentido de considerar ilegalmente manifiesta la norma del art. 92, en cuanto: confiere a los agentes fiscales potestades jurisdiccionales, lo que está vedado –expresa- por el art. 109 de la C.N.-,

    crea un fuero personal en el que A. F.

    1. P. es juez y parte, restringiendo de ese modo –asevera- el derecho a la jurisdicción, al debido proceso y a la intervención del juez natural –consagrada, indica, en los arts. 18, 28 y concs.

    de la C.N.-.

    Que respecto de la Ley 25239 el análisis del juez ha sido acertado,

    irreprochable, con argumentos categóricos, expresos, concisos, y coincidente con precedentes jurisprudenciales de este tribunal. Cita jurisprudencia alusiva a su posición.

  4. En la impugnación de fs. 45/60 la incidentada manifiesta que siendo el pronunciamiento regulatorio apelado -fs. 44- consecuencia del dictado a fs. 13/17 vta. corresponde reiterar los fundamentos expuestos en el memorial de agravios del anterior recurso.

  5. Dispuesto el traslado de ley –fs. 61- y vencido el plazo conferido a la apelada para su contestación sin que ejerciera derecho a hacerlo –fs. 63-, se dispone la elevación de los autos a esta Alzada.

  6. Recibidos los autos se dispone el pase a despacho para dictar resolución tal como surge de fs. 68.

  7. Verificado el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad es menester entrar al análisis relativo a la procedencia de los recursos,

    correspondiendo –en primer término- meritar el deducido contra el fondo de la resolución para luego, y de acuerdo a la conclusión arribada, ponderar el articulado respecto de los honorarios profesionales.

    En lo que respecta al primer gravamen el tribunal entiende que estando en controversia funciones esenciales de la judicatura la valoración no podía realizarse ignorando o soslayando tal punto de vista, el marco de su órbita y la interrelación con la competencia y facultades de los otros Poderes del Estado, y a la luz de lo dispuesto en el bloque federal constitucional de leyes,

    por lo que dicho argumento no puede ser receptado.

    Tampoco asiste razón a la apelante cuando esgrime que el juzgador no realizó un análisis profundo de las normas en cuestión, basta remitirse a los considerandos –fs. 14/17 vta.- del pronunciamiento apelado para comprobar lo contrario; ni cuando alega que debieron considerarse las razones o motivos de la sanción de la ley que reforma el procedimiento tributario antes de decidir si ella era o no constitucional ya que la letra es clara y no ofrece dudas en el sentido y por los motivos que se exponen a continuación, por lo que ambos argumentos deberán ser desestimados.

    Debe destacarse que no se encuentran bajo examen las bondades del nuevo procedimiento, sino los perjuicios que la modificación causa a los derechos y garantías de los obligados tributarios. En tal sentido, siendo el agravio la medida de la apelación sólo corresponde tratar los sean expuestos de modo concreto y actual siguiendo las prescripciones que el texto procesal exige en el art. 265 y concs., debiendo descartarse cualquier otra consideración que exceda dicho límite.

    En lo que concierne a los embates vertidos en torno a la ponderación formalizada en la instancia de origen respecto de los arts. 29, 31 y 109 se advierte que la recurrente se ha limitado a expresar su mera discrepancia sin indicar de modo concreto y razonado el porqué del desacierto de las conclusiones a la que ha arribado el juez de origen en torno a estos puntos;

    la mera negativa de la impugnante y la postergación de las manifestaciones Poder Judicial de la Nación necesarias para enervar lo decidido en la instancia de origen para otro momento que no es el del sostenimiento del recurso no hace al cumplimiento de la exigencia procesal. La sola mención del agravio no resulta suficiente ni se basta a sí misma. E., dado que tales invocaciones no cumplen con la norma estatuida en el art. 265 del C.P.C. y C.N., también deberán rechazarse.

    En lo que respecta a las nuevas facultades otorgadas a los Agentes Fiscales en el marco el procedimiento de ejecución fiscal tales como las de librar bajo su firma el mandamiento de intimación de pago -con lo cual se suprime el control judicial pleno relativo a la bondad de título ejecutado y el despacho de la diligencia por el monto y los intereses pertinentes reduciendo...

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