Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 26 de Septiembre de 2011, expediente 14.092

Fecha de Resolución26 de Septiembre de 2011

CAUSA Nro. 14.092 - SALA IV

AGÓNGORA, G.A. s/recurso de casación@

Nacional Cámara Nacional de Casación Penal NADIA A. PÉREZ

Secretaria de Cámara REGISTRO NRO. 15.704 .4

la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor G.M.H. como P. y los doctores A.M.D.O. y M.G.P. como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, N.A.P., a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 192/210 de la presente causa N.. 14.092 del registro de esta Sala, caratulada: “GÓNGORA,

G.A. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 9 de esta ciudad, en la causa N.. 3660 de su registro, con fecha 11 de abril del corriente año, no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa de G.A.G. (177/189).

  2. Que contra dicha resolución interpuso recurso de casación el señor Defensor Público Oficial, doctor M.P.M., asistiendo al nombrado (fs. 192/210), el que fue concedido a fs. 211/212 vta..

  3. Que el impugnante encauzó el remedio casatorio en la vía de lo previsto por el inciso 2) del art. 456 del C.P.P.N..

    En lo sustancial, afirmó que la decisión atacada presenta un déficit motivacional que la descalifica como acto jurisdiccional válido.

    En esta inteligencia, puso de resalto que los magistrados de grado sostuvieron que la negativa fiscal centrada en cuestiones de política criminal limita a la jurisdicción, ya que tales criterios resultan privativos de la esfera de acción del Ministerio Público Fiscal y, por lo tanto, imposible de ser cuestionados, so riesgo de intromisión en un ámbito ajeno su labor.

    No obstante ello, dijo, el colegiado anterior no efectuó el debido control de fundamentación y logicidad del dictamen fiscal, omitiendo explicitar las razones de política criminal supuestamente esgrimidas por el acusador público para fundar su tesitura.

    Sobre el punto, expuso que ni el fiscal ni el sentenciante aludieron a ningún tipo de directiva emanada del Procurador General que plasmara un criterio de política criminal fundante de la negativa fiscal aquí

    sostenida. Ello así, expresó, ya que tal directriz no existe.

    Al respecto, indicó que la Procuración General no ha dictado resolución o norma interna que restrinja a los fiscales inferiores la posibilidad de prestar consentimiento en supuestos como el de autos, donde se den todos los presupuestos legales.

    En sostén de su posición, hizo hincapié en la resolución Nro.

    86/04 adoptada por la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, en la que, sostuvo, se consagra una interpretación lo más abarcativa posible para que los fiscales brinden su conformidad.

    Como corolario de lo expuesto, concluyó que la decisión atacada resultó arbitraria por considerar los argumentos de la acusación pública como “verdaderas razones de política criminal”, cuando los mismos no revisten tal calidad, amén de sustentarse en afirmaciones infundadas que carecen de correlato con las constancias del caso.

    Seguidamente, el impugnante centró su embate contra el dictamen en cuestión, abordando, en primer término, el razonamiento relativo a la imposibilidad de descartar la eventual imposición de una pena de efectivo cumplimiento.

    En tal sentido, expresó que tal juicio resultó infundado por carecer de toda referencia al caso sometido a estudio, prescindiendo de indicar los motivos y circunstancias concretas que eventualmente pudiesen avalarlo.

    Sin perjuicio de ello, disintió con la posibilidad de imponer una pena efectiva en caso de condena, ponderando a tal efecto las condiciones y circunstancias personales de su defendido, las que, a su juicio, no fueron tenidas en cuenta tanto por el representante fiscal como por el tribunal de “a CAUSA Nro. 14.092 - SALA IV

    AGÓNGORA, G.A. s/recurso de casación@

    Nacional Cámara Nacional de Casación Penal NADIA A. PÉREZ

    Secretaria de Cámara quo”.

    De tal modo, puso de relieve que el sentenciante de grado omitió controlar la oposición fiscal, entendiendo erradamente al pronóstico punitivo allí efectuado como una categórica razón de política criminal imposible de ser revisada, cuando dicho planteo, amén de apoyarse en meras expresiones genéricas e inexactas, no evidencia que el supuesto de autos encuadre dentro de los parámetros de una política criminal determinada que aconseje denegar el derecho solicitado; política que,

    reiteró, tampoco existe conforme lo apuntado sobre el tópico precedentemente.

    Así, retomando el análisis sobre la labor jurisdiccional que le compete al tribunal, refirió que si bien corresponde al representante fiscal efectuar el primer examen sobre la procedencia de una condena de ejecución condicional como presupuesto para decidir su eventual consentimiento, lo cierto radica en que el órgano judicial interviniente es quien debe, a partir del correspondiente dictamen, examinar su adecuada fundamentación y, luego, efectuar su propio análisis sobre las circunstancias de hecho y derecho propias del caso sometido a estudio, ya que en ello consiste el ejercicio de la jurisdicción.

    Por tales razones, sostuvo que si la negativa fiscal tuviese carácter vinculante no habría posibilidad de controlar su contenido arbitrario o irrazonable, por lo que la judicatura no debe ceñirse a una evaluación fáctico-jurídica de la que no participa.

    Continuando con su impugnación del dictamen fiscal, refutó el supuesto obstáculo legal emergente a partir de la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (Convención de Belem do Pará).

    En esta línea expositiva, apuntó que el argumento sostenido por el fiscal en relación al tópico en trato encontró sustento en la doctrina sentada por la Sala II de este Cuerpo en su precedente “Ortega” (rta. el 07/12/2010).

    Al respecto, subrayó que el pronunciamiento de cita no se encuentra firme por haber sido recurrido mediante vía extraordinaria, por lo que no existe una doctrina sentada susceptible de ser aplicada por los tribunales de inferior grado.

    Sin perjuicio de ello, discrepó con la interpretación del instrumento internacional allí efectuada, alegando que la “Convención de Belem do Pará” apunta a combatir cualquier tipo de violencia contra la mujer, basada en su género, sin referir específicamente a violencias de carácter sexual, como procura destacar el fallo de mención.

    En este sentido, afirmó que efectuar una hermenéutica de este tipo sólo respecto de sucesos como el ventilado en autos, acarrearía una selección arbitraria para aplicar efectos que la Convención no establece,

    violándose de ese modo los principios de igualdad ante la ley y defensa en juicio.

    Así, aseveró que llevar la interpretación sentada en el precedente “Ortega” a una inteligencia integral del documento internacional, implicaría la imposibilidad de conceder la suspensión del juicio a prueba en todos aquellos delitos cometidos contra una mujer, en razón de su género.

    Según su entender, se parte de un idea en abstracto según la cual la mujer se encuentra en inferioridad de condiciones físicas respecto del hombre, lo que genera numerosas expresiones delictivas que las mujeres pueden padecer por su condición de tales. Por ello, la aplicación de la “Convención de Belem do Pará” de ningún modo puede restringirse a los delitos de carácter sexual.

    Por tales razones, estimó que la interpretación efectuada por el Fiscal confunde lo “sexual” con lo “genérico”, cuando el primero constituye una especie dentro del segundo.

    Como colofón de este tramo impugaticio, arguyó la existencia CAUSA Nro. 14.092 - SALA IV

    AGÓNGORA, G.A. s/recurso de casación@

    Nacional Cámara Nacional de Casación Penal NADIA A. PÉREZ

    Secretaria de Cámara de una selección arbitraria basada en un juicio sexista y no de género,

    destacando, en función de lo expuesto sobre la...

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