Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 26 de Septiembre de 2011, expediente 13.960

Fecha de Resolución:26 de Septiembre de 2011
 
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CAUSA Nro. 13.960 - SALA IV

FERNÁNDEZ, R. y otros s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal NADIA A. PÉREZ

Secretaria de Cámara REGISTRO NRO. 15.697.4 .4

la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor G.M.H. como P. y los doctores A.M.D.O. y M.G.P. como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara,

N.A.P., a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 1876/1883 vta. de la presente causa N.. 13.960 del Registro de esta Sala, caratulada: “FERNÁNDEZ, R.D. y otros s/recurso de casación”;

de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 17 de esta ciudad,

    en la causa N.. 3353 de su Registro, con fecha 15 de marzo de 2011,

    resolvió no hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitada a favor de R.D.F., de M.E.E. y de F.M. (fs. 1862/1871).

  2. Que contra dicha resolución, el doctor M.Á.A., asistiendo a M.E.E.; los doctores J.M.O. y A.T., asistiendo a R.D.F., y el doctor E.B.M., asistiendo a F.M., interpusieron recurso de casación (fs. 1876/1883 vta.), el que fue concedido (fs.

    1884/1884 vta.).

  3. Que los recurrentes encauzaron sus agravios en los dos motivos previstos en el art. 456 del C.P.P.N., alegando que la decisión que atacan carece de fundamentación, porque se apoya en bases conjeturales, lo cual, aducen, compromete la garantía de defensa en juicio; y que, asimismo,

    se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva, por que se ha acordado un alcance extremadamente restrictivo al art. 76 bis del C.P., cuando, por imperio del principio pro homine, debe privilegiar la exégesis que más derechos acuerde al imputado frente al poder penal del Estado.

    Por la vía del inciso 2° de la norma antes mencionada, señalaron que los sentenciantes utilizaron el tiempo verbal condicional al referirse al supuesto perjuicio irrogado y a la posibilidad de sus asistidos de efectuar una oferta reparatoria más generosa, y que ello exhibe ausencia de certeza.

    En relación a ello, afirmaron que el tribunal debe decidir con certeza lo atinente a la razonabilidad del ofrecimiento.

    En cuanto a la determinación del preciso quantum del supuesto perjuicio irrogado, explicaron que el a quo afirmó que “alcanzaría” la suma de $1.341.310,90, remitiéndose al crédito verificado en el procedimiento de la quiebra, pero que ello no hace cosa juzgada en sede penal, por lo que es posible discutirlo, y que “el perjuicio en el delito de quiebra fraudulenta no se relaciona con el pasivo de la empresa quebrada, sino con la justipreciación del valor histórico de aquellos activos que se presumen sustraídos del acervo concursal” (fs. 1878 vta.).

    Respecto de las posibilidades de cada uno de los imputados de mejorar la oferta reparatoria, indicaron que los sentenciantes no han explicado por qué afirmaron dicha posibilidad. En esa dirección, apuntaron que F. tiene dos hijos en edad escolar que se encuentran a su cargo;

    que E. es padre de tres hijos, uno de ellos en edad escolar, y que vive en un departamento alquilado; y que M. vive en Francia mantenido por su pareja, realizando tareas temporarias, y que la sola circunstancia de que viva en Europa no implica por sí sola que se encuentre en condiciones de mejorar la oferta.

    Por otro lado, afirmaron que la cifra reclamada por el querellante “surge exclusivamente de sus manifestaciones unilaterales”, en tanto el quantum verificado y aprobado en el expediente comercial no le es oponible a sus asistidos, porque no fueron parte en el juicio falencial, y CAUSA Nro. 13.960 - SALA IV

    FERNÁNDEZ, R. y otros s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal NADIA A. PÉREZ

    Secretaria de Cámara agregaron que el crédito de $791.048, 28 que la querellante se presentó a verificar y que es tomado por el tribunal, no guarda coherencia con el resto del pasivo concursal, porque representa el 60% de él.

    Destacaron también que es el querellante quien en el caso tiene la carga de demostrar la mayor capacidad económica de los imputados, lo cual no fue efectuado, y que el tribunal sólo puede juzgar como irrazonable la oferta indemnizatoria si tiene certeza acerca de la posibilidad de una mejor posición económica del imputado.

    Agregaron que dado que no media sentencia condenatoria que hubiese establecido el monto del perjuicio, la duda al respecto debe jugar en beneficio del imputado.

    Con sustento en el inciso 1° del art. 456 del C.P.P.N., lo recurrentes sostuvieron que el quid del juicio de razonabilidad de la oferta reparatoria debe orientarse a la reconciliación entre el imputado y la víctima, y que el monto aritmético del daño patrimonial no puede definir ese juicio. C. doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura.

    También criticaron que no se hubiese contestado la alegación efectuada por la defensa en la audiencia en punto a la garantía del plazo razonable del proceso, y destacaron que el F. había juzgado razonable el ofrecimiento.

    Por último, afirmaron que este Tribunal de Alzada se encuentra limitado por los agravios planteados, y que no puede examinar la cuestión referida a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba respecto de delitos conminados con pena de inhabilitación, en tanto un juicio adverso afectaría la prohibición de reformatio in pejus.

    Hicieron reserva del caso federal.

  4. Que realizada la audiencia prevista por el art. 465 bis, en función del art. 454 del C.P.P.N. (texto según Ley 26.374), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo:

    G.M.H., M.G.P. y A.M.D.O..

    El señor juez G.M.H. dijo:

  5. En primer término, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “A., A.E.” (Fallos 331:858, rta. el 23/04/2008), concluyó que “el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante” (considerando 7°).

    Esa es la doctrina vigente con fundamento en la autoridad institucional que revisten los fallos de la Corte, dado su carácter de último intérprete de la Constitución Nacional...

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