Sentencia nº 85824 de Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Provincia de Jujuy, de 27 de Marzo de 2006

Fecha de Resolución27 de Marzo de 2006
EmisorTribunal en lo Contencioso Administrativo

San Salvador de jujuy, 27 de marzo 2006. VISTOS: estos autos caratulados:"A.G.L. c/ Instituto de seguros de Jujuy (nº B-85824/02). CONSIDERANDO: 1. G.L.A. interpone accion de amparo contra el ISJ. (Estado Pcial) persiguiendo cobertura médica, bioquímica y farmacéutica conforme las previsiones de la ley 4398 por el tiempo de su discapacidad. Expresa sufrir desde que tenia 6 años de edad de hepatitis B,auto inmune crónicamente activa con cirrosis hepática e insuficiencia hepática compensada. Por esta afección, tuvo tratamiento médico en esta ciudad, Córdoba, y Buenos Aires. Se encuentra controlada por el mecanismo bioquímico mensual y tratamiento farmacológico que no debe interrumpir, incapacitándole en múltiples actividades certificado por la Dirección Pcial de Rehabilitación. Ante la renuencia del ISJ. en darle cobertura, inició acción ante la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial ofreciendo la demanadada brindar cobertura por el tiempo de la certificación de la incapacidad. Vencida el IPR como órgano de aplicacion de la ley 4398, amplía certificado de incapacidad solicitándose renovación de la cobertura ante el ISJ por expte. 1621/02, completándose requisitos exigidos. No encontrándose resuelto, interpone la presente acción por no contar con medicamentos indispensables para su salud y perteneciendo a familia numerosa y de escasos recursos. Agrega que es de aplicación la ley 4398 quedando a cargo del ISJ la cobertura médica y de seguridad social. Plantea cautelar. 2. Proveída, otorgado trámite de juicio sumarísimo y emplazada la demandada, comparece negando los hechos invocados, negando en definitiva la procedencia de la acción. Admite que accionante padece de enfermedad terminal. Expresa que el ISJ le brindó la cobertura médica necesaria e integral que requiere la afección. Vencida la certificación de incapacidad otorgada por la DPR., se le otorgó nueva certificación ampliando la anterior, brindado cobertura médica en cumplimiento a la ley 4398 en un 100%. Agrega que el estado de afiliado de la accionante ha variado ya que se encuentra en la actualidad, afiliada como hijo a cargo estudiante terciario y con la prestación de la ley 4282 y 4398. Sostiene la improcedencia de la vía. Sostiene, no se acreditó irreparabilidad del perjuicio, no surgiendo manifiesta losvicios de ilegalidad o arbitrariedad. 3. En la oportunidad prevista en el CPC., art.398, inc., 1, la accionante niega que el ISJ le brinde la coberturamédica que requiere su enfermedad. Fracasada la instancia conciliatoria, es producida la prueba considerada conducente. 4. No debe perderse de vista que en la ponderación de la procedencia del amparo deben privar criterios de amplitud y flexibilidad, sin apegos a excesivos rigorismos formales que -a la postre- pueden obstaculizar o impedir el restablecimiento inmediato del derecho restringido y que la propia Constitución de la Provincia impone como directriz el temperamento precitado, al prescribir que en el amparo ".. debe seguirse la vía mas expeditiva establecida por los códigos o leyes procesales, sin perjuicio de los que dispusiere el juez o tribunal para abreviar los plazos y adaptar las formas mas sencillas exigidas por la naturaleza de la cuestión" (art. 41 inc. 2) Es obvio por ende, que la norma constitucional autoriza al juez o tribunal a adaptar las formas procedimentales a la naturaleza de la cuestión ventilada, sin apego a excesos rituales, y en el loable afán por evitar una indefinida prolongación de la cuestión. Es claro que así debe ser, habida cuenta de la urgencia inmanente que importa la acción de amparo, en cuyo trámite los rigorismos formales pueden desviar a los jueces del cometido de lograr una rápita tutela del derecho afectado (STJ, LA nº 39, nº 214/218, nº 94). Como sentó la CSJN., es regla de la hermenéutica de las leyes atender a la armonía que ellas deben guardar en el orden jurídico restante y con las garantías de la Constitución Nacional y en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos legislativamente. Por ello, no es siempre método recomendable atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las nutre es lo que debe rastrearse en procura de una aplicación racional que avente riesgos de informalismo paralizante, debiéndose buscar en todo tiempo una valiosa interpretación de lo que las normas jurídicamente ha querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas pudiendose arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fín común a la tarea legislativa como de la judicial. (rev. L.L. 13/2/84, Nº 65). Tampoco debe perderse de vista que en el caso bajo exámen se encuentra en juego el derecho a la salud (y a la vida) de una persona, derecho que reconoce sustento constitucional: implicitamente reconocido en la Constitución Nacional (art. 33) y expresamente en la Provincial (art. 21), en concordancia con disposiciones de la misma Constitución al referirse al derecho a la vida (art. 19), derechos humanos (art. 18), y a la integridad psíquica, física y moral (art. 20, nº 1). Con el reconocimiento de rango constitucional a distintos tratados internacionales sobre derechos humanos (C.N. art. 75 inc. 22), estos derechos están explícitamente reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4.1 y 5.1), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (art. 6) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. l2). La CSJN. a mayor abundamiento, se ha expedido en diversos fallos otorgando operatividad a estos derechos (v. citas jurisprudenciales en G.B.C.,"Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", T. I, pág. 473). La jurisprudencia señaló rumbos precisos: debe tenerse presente que el derecho a la inviolabilidad de la vida es un derecho absoluto, pues es inexcepcionable y vale para todos los hombres desde siempre y para siempre. Y el derecho a la vida -abarcativo de una buena calidad de vida y, por consiguiente, a una buena atención médica-, tiene un papel central en la sistemática de los derechos humanos pues tiene, por contenido un bien humano más básico que todo el resto, ya...

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