Sentencia nº 246274 de Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Provincia de Jujuy, de 31 de Marzo de 2011

Fecha de Resolución31 de Marzo de 2011
EmisorTribunal en lo Contencioso Administrativo

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil once, reunidos en dependencias de la Sala II del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy, los doctores S.T.M. y S.D., bajo la presidencia de la nombrada en primer término, el expediente Nº B-246.274/10 caratulado: “Amparo – Cautelar de Innovar: V., L.A. c/ Estado Provincial”, el que se encuentra en estado de dictarse sentencia definitiva, debiendo los señores Vocales expedirse en el orden expuesto.

Luego de la deliberación, la Dra. M. dijo:

Que a fojas 14/16 se presenta el Sr. L.A.V. con el patrocinio letrado de los Dres. F.L.B. y R.C.A. y en ese carácter interpone acción de amparo en contra del Decreto Nº 6687-G/10 de fecha 27/09/10 en el que se resuelve su destitución (cesantía) de las fuerzas policiales; además peticiona Medida de Innovar para seguir manteniendo la fuente laboral con el grado de Cabo.

  1. referir antecedentes sostiene que el mismo mantuvo normal desempeño como Cabo de la Policía de la Provincia de Jujuy; no obstante ello, otro agente de la fuerza policial de apellido Limache le realizó una falsa denuncia penal por el supuesto delito de abigeato la que afirma jamás prosperó, destacando que el mencionado sumario fue instruido por un allegado al denunciante.

Alega que la acción penal impetrada en su contra no prosperó en el ámbito del Juzgado de instrucción en turno y que por ello su letrado defensor -en tres oportunidades- peticionó pedido de sobreseimiento a su favor.

Refiere que, luego de formulada la denuncia, en otra ocasión nuevamente los animales del denunciante ingresaron en la finca que arrienda, situación que puso en conocimiento inmediato del juez de la causa mediante exposición policial acompañada de pruebas fotográficas.

Afirma que en la esfera administrativa “insólitamente” es exonerado con violación del principio constitucional de imparcialidad, etc., lo que amerita la interposición de esta acción a los fines de la conservación de la fuente de trabajo.

Sostiene que el Decreto Nº 6687-G altera el principio de imparcialidad, en tanto, únicamente considera aquellos antecedentes y actuaciones que perjudican su situación y no tiene en cuenta aquellos que lo favorecen, como por ejemplo, que el delito jamás se perpetró. En efecto, la no existencia del delito, desde el momento en que S.O. –perteneciente a las fuerzas policiales- y por un pedido de su parte, informa a Limache -denunciante y supuesta víctima del delito- para que retire los animales de la finca de propiedad del actor.

Alega que la mentada resolución expulsiva se fundamenta en la violación del artículo 15 incisos a) y z) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (R.R.D.P.), empero, no se comprobó en absoluto que el actor no haya mantenido en la vida pública como privada la corrección y el decoro que impone la función ni la existencia de hechos e informes de que el mismo recibiera obsequios o gratificaciones, por servicios prestados en cumplimiento de sus deberes.

Afirma que en los fundamentos del resolutorio se omitió considerar principios básicos de todo proceso como el del in dubio pro administrado; el de inocencia; el derecho al trabajo; el de defensa en juicio; etc., y que en el marco de las sanciones previstas en el Régimen Disciplinario Policial se le aplica la sanción más gravosa incurriéndose en evidente arbitrariedad, por cuanto dicha sanción se funda en la investigación efectuada en la causa penal cuando en dicha causa no se pudo demostrar la existencia de la comisión por parte del actor de delito alguno ni de extremo alguno que hiciere presumir la configuración de hechos violatorios del régimen disciplinario para el personal policial.

Alega hechos que justificaron la solicitud de sobreseimiento en la causa penal –el que refiere aún no ha sido dictado- como también que peticionó la paralización del trámite del sumario administrativo incoado en su contra (medida cautelar de no innovar) hasta la resolución de la causa penal y que ante la sorpresiva notificación de su cesantía, dedujo recurso de revocatoria sin obtener a la fecha respuesta alguna; que agotada la vía administrativa no existe otra vía idónea y urgente para enervar el perjuicio que el decreto le ocasiona.

Refiere el derecho que entiende aplicable a la especie, ofrece prueba y peticiona se ordene dejar sin efecto el decreto de cesantía del actor.

Que a fojas 18 dispuse conferir traslado, y convocadas las partes a la audiencia prevista por el artículo 398 del Código Procesal Civil, (fojas 41), se presenta el Dr. L.A.B., en representación del actor a mérito de la copia debidamente juramentada de Poder general para Juicios que acompaña y se agrega a fojas 26 de estos obrados y la Dra. F.G.A. en representación del Estado Provincial, conforme copia debidamente juramentada de Decreto Nº 3360-G-2009 (fojas 37), con el patrocinio letrado de la Dra. J.S.M., optando por contestar demanda por escrito que se agrega a fojas 28/40, peticionando el rechazo de la acción incoada por resultar improcedente la vía tentada por el actor.

Señala antecedentes y al respecto sostiene que el actor interpone la presente acción en contra del decreto Nº 6687-G/10, mediante el cual se resolvió su destitución de las fuerzas policiales, solicitando medida de innovar a fin de mantener su fuente laboral en el desempeño como Cabo de la Policía de la Provincia, a la cual no se hizo lugar.

Refiere que, conforme los dichos del actor, el mismo, desempeñaba su función con normalidad y no obstante ello, otro agente de apellido Limache le realizó una falsa denuncia en su contra por el supuesto delito de abigeato y que dicha acción penal no prosperó, por lo que su defensor habría solicitado el sobreseimiento correspondiente, el cual al día de la fecha no se encuentra agregado al expediente.

Añade que, posteriormente al hecho denunciado por Limache, los animales de éste ingresaron nuevamente a la finca del actor lo que el mismo comunicó de inmediato de las autoridades correspondientes.

Agrega que el actor manifestó que, en forma insólita, fue exonerado en la esfera administrativa violándose todo principio de constitucionalidad, imparcialidad, etc., razón que justifica la promoción del amparo a los fines de conservar la fuente de trabajo.

Señala que, en fecha 9 de noviembre de 2009, se dictó la Resolución Nº 1383.DP/09, a través de la cual el Jefe de la Policía de la Provincia solicita al Sr. Gobernador la Provincia la aplicación de la sanción disciplinaria de destitución en la modalidad de cesantía, conforme a las previsiones del art. 26 inc. a) del R.R.D.P., por haberse determinado que el actor con su accionar transgredió el art. 15, inc. a) y z) del Reglamento antes citado.

Destaca que como consecuencia de ello, en fecha 27 de septiembre de 2010, el Sr. Gobernador de la Provincia dicta el Decreto Nº 6687-G-10 por el que dispuso aplicar al actor la sanción disciplinaria de cesantía por infracción al articulo 15, incs. a) y z) del Reglamento del Régimen.

Refiere que notificado del acto administrativo en fecha 10 de noviembre de 2010, el actor interpone recurso de revocatoria en contra del mismo, el cual tramitó por Expediente Nº 412-734-2009 y que en fecha 10/12/10 formula solicitud de pronto despacho ante el Sr. Fiscal de Estado, y finalmente, el 20/12/10 interpone la presente acción de amparo.

Como cuestión preliminar señala que, agotada la instancia administrativa con el dictado del acto administrativo por la máxima autoridad en el orden provincial, no corresponde la interposición de recurso de revocatoria sino del recurso contencioso de plena jurisdicción y que aquel recurso no suspende el plazo establecido en el artículo 8 del Código Contencioso Administrativo.

Seguidamente contesta demanda y señala en primer lugar la improcedencia del amparo y luego de una negativa general realiza quince negativas particulares a las que hago remisión en homenaje a la brevedad, para señalar que si bien todos los actos administrativos están sujetos a revisión judicial, destacando que el ámbito disciplinario administrativo posee características particulares, por lo que la revisión judicial se limita a la razonabilidad y legalidad del acto sin sustituir el criterio de valoración de las circunstancias que dan lugar a la medida adoptada.

Luego de referir jurisprudencia que entiende aplicable a la especie, señala que la sanción impuesta al actor en modo alguno resulta arbitraria e ilegal, en tanto entiende se encuentran configurados la comprobación del hecho, la norma que haga tal hecho pasible de sanción y la relación o conexidad suficiente entre el hecho y la norma, para concluir que se encuentra acreditada la infracción cometida por el actor conforme la prueba colectada en el sumario, destacando que el actor no acompañó copia de la resolución de sobreseimiento y se limitó a sostener que el delito que se le endilgaba nunca existió. Realiza también un análisis de las normas conculcadas del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial para indicar que el actor ha incurrido en falta grave como también que existe conexidad entre el hecho y la norma, lo que sustenta la legitimidad del acto administrativo cuestionado.

Ofrece pruebas, formula reserva del caso federal y peticiona el rechazo de la acción impetrada con costas a la actora.

Corrida vista a la actora a fin de que enuncie hechos nuevos no considerados al demandar y ofrezca contraprueba, la misma expresa: “Que como primer hecho nuevo se cita que la ilegitimidad del acto no se encuentra atacada en modo alguno. Contraprueba: las constancias obrantes a fs. 68 a 81 y fs. 145 del sumario administrativo ofrecido como prueba, de donde surge que el hecho motivante de la sanción y de la promoción del sumario es el delito de abigeato; mientras que el decreto Nº 6687 y del reconocimiento efectuado en el responde de la demanda, la sanción impuesta se basamenta en “percibir o aceptar directa o indirectamente obsequios o...

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