Sentencia nº 21995 de Primera Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Segunda Circunscripción, 3 de Octubre de 2007

PonenteANGRIMAN, GAITAN, LAMBARDI DE LUCCHESI
Fecha de Resolución 3 de Octubre de 2007
EmisorSegunda Circunscripción

Fojas: 226 En la Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza, a los tres días del mes de octubre de dos mil siete, se reúne la Excma. C.ara Primera de Apelaciones en lo C.il, Comercial, M., de Paz, T. y Familia de la Segunda Circunscripción Judicial, compuesta por los señores Jueces doctores: N.L.D.L., R.A.A. y L.G., quienes trajeron a deliberación para resolver en definitiva la presente causa nº 21.995 / 45.706, caratulada: "M.G.I.C.. F.M.P., originaria del Segundo Juzgado en lo C.il, Comercial y M. de esta Segunda Circunscripción Judicial, venida a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación de fs. 172, contra la resolución de fs. 163/165 y su aclaratoria de fs. 169 vta.- Llegados los principales a esta C.ara, a fs. 183 se ordena expresar agravios al apelante, lo que es cumpli do a fs. 184/187 vta., disponiéndose correr traslado a la apelada a fs. 188, quien responde a fs. 214/216, a fs. 219 luce la contestación de vista del Sr. Fiscal de C.ara y a fs. 222 y vta. obra el dictamen de la Sra. Asesora de Menores e Incapaces Subrogante, con lo cual queda la causa en estado de fallo, practicándose a fs. 225 el correspondiente sorteo de votación; cuyo resultado es el siguiente doctores: R.A.A., L.G. y N.L. de L..- De conformidad con lo que establece el art. 141 del C.igo Procesal C.il, se plantean las siguientes cuestiones a resolver: 1ra.: ¿Es procedente el recurso? 2da.: C. y honorarios SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. ANGRIMAN DIJO : I.- Los antecedentes La parte actora promueve recurso de apelación contra la sentencia de fs. 163/165 y el auto de fs. 169 y vta. (recurso de aclaratoria rechazado), sentencia cuya parte dispositiva condena a la demandada al pago de la suma de $12.966,78 "con más los intereses legales que correspondan desde la fecha de la demanda hasta el momento del efectivo pago", refiriendo el auto de fs. 169 vta. "que resulta claro que los intereses legales desde el momento de la demanda están referidos a aquéllos que hayan estado vigentes al momento de interponer la acción". Asimismo, no hace lugar "al pedido de declaración de inconstitucionalidad planteado por la actora".- Dicho recurso de apelación se circunscribe al rubro intereses y al rechazo de la inconstitucionalidad planteada en relación al art. 4° de la ley 25.561.- Respecto de dicho rechazo de inconstitucionalidad, la apelante se agravia diciendo que precisamente en los términos de los fundamentos del fallo en cuanto afirma que "tratándose de una acción de regreso o reintegro se debe devolver exactamente lo que se pagó", se encuentra el meollo de la cuestión por la cual su parte considera que debe declararse la inconstitucionalidad requerida ya que con la actualización monetaria es como se mantiene el poder adquisitivo de la moneda que integraba el capital de la actora al momento del pago, y sin perjuicio de los intereses que correspondan. Agrega, que si bien no estamos en el debacle inflacionario de fines de los años 80 y principios de los 90, a partir del dictado de la ley 25.561 que termino con el sistema de convertibilidad de la ley 23.928, se ha producido una inflación que importa una pérdida desde el momento en que su parte debió pagar el crédito, lo que hace que la norma del art. 4° de la mencionada ley 25.561, sea inconstitucional.- En cuanto a la tasa de interés, afirma que la sentencia es errónea en cuanto condena a pagar los intereses legales, ya que por imperio de los arts. 767, 768 y 771 del C.. C.il debió condenarse al pago del capital más los intereses pactados por el deudor principal con el banco subrogado a través del pago realizado por la actora.- Por último, respecto del plazo de aplicación de los intereses, dice que le causa agravio que se haya dispuesto desde la interposición de la demanda, ya que si su parte al pagar cada cuota se subrogó en los derechos del banco acreedor, la mora para el deudor principal (hoy sus herederos) se produjo al vencimiento de dichas cuotas, lo que significa que desde el momento de cada pago deben computarse los intereses. Agrega, que por otra parte, la demandada fue intimada al pago de las cuotas vencidas por el banco acreedor el 22-11-2001, por lo que imponer que los intereses corran desde la interposición de la demanda, significa desconocer el derecho de propiedad de la actora que pagó con subrogación legal una deuda a plazos.- Contestado por la parte apelada el traslado del recurso, quien solicita su rechazo siguiendo la línea argumental de la contraria (fs. 214/216), dictaminan el Ministerio Fiscal (fs. 219/220) y la Sra. Asesora de Menores e Incapaces (fs. 222 y vta.), quienes por las razones que expresan se expiden respectivamente en ese orden, a favor y en contra de la declaración de inconstitucionalidad requerida por la actora/recurrente.- II.- El tratamiento de las cuestiones que trae el recurso II.a) Sobre la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 25.561 Podemos recordar, que en épocas de inflación los tribunales de todo el país admitieron la actualización por depreciación monetaria, superando la barrera nominalista del art. 619 del C.. C.il. La Corte Suprema de Justicia de la N.ión lo hizo brindándole definitivo sustento constitucional. Así, en "Camusso c/ Perkins" (21-05-76; Fallos: 294-434) dijo: "... el aumento nominal en función de los índices oficiales de precios al consumidor no hace a la deuda más onerosa en su origen, sólo mantiene el valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda...; en consecuencia, el desmedro patrimonial que para el deudor moroso deriva de aquella alteración no reviste entidad tal que permita entender configurada lesión esencial a su derecho de propiedad, y sólo lo priva de un beneficio producto de su incumplimiento. En todo caso, el derecho de propiedad afectado sería el del acreedor a quien se le pagaría si no se aplicara la actualización con un moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería inferior al que tenía cuando nació el crédito...". En "V. c. N.ión Argentina" (Fallos: 295-937) sostuvo que en las situaciones regidas por la justicia conmutativa debía estarse a la igualdad de las prestaciones recíprocas conforme a las circunstancias del caso, lo que exigía que se respondiera a la realidad de los valores, de acuerdo a la finalidad de afianzar la justicia del preámbulo, la garantía de la retribución justa (art. 14 bis, CN) y el principio de igualdad ante la ley (art. 16, CN). Y simultáneamente en "Vietes de F.(., 69-190) dijo que el principio de la reparación justa e integral debía admitirse de manera que permitiera mantener la igualdad de las prestaciones conforme al verdadero valor que las partes habían convenido y no una mera equivalencia teórica que había perdido su originaria medida representativa; "de no actualizarse los créditos conforme a pautas que equilibren los valores tenidos en cuenta en el origen de la obligación, no se daría el necesario ajuste que exige la justicia...".- Estos mecanismos de actualización se admitieron debido a que el fenómeno inflacionario que comenzó en la década del cincuenta, se aceleró en la del setenta y llegó a su cúspide a fines de la del ochenta, había hecho que el ordinario sistema de compensación al acreedor por vía los intereses convencionales o legales debidos por el deudor moroso contemplados en el art. 622 del C.. C.il, habían devenido insuficientes para cubrir la depreciación de la moneda. Cuando a comienzos de 1991 se sancionó la ley de convertibilidad, se prohibió expresamente toda forma de actualización, indexación o repotenciación de precios, no sólo porque el nuevo régimen implicaba un retorno explícito al nominalismo, sino porque se partió del presupuesto de que el uso ordinario de tales mecanismos había sido en sí mismo causante de inflación (tesis sostenida por R.A., cfr. C., J.P., "La tasa pasiva y la búsqueda de culpables", ED, 148-391). Se volvió así a la reparación del daño sufrido por el acreedor por vía de la tasa de interés (art. 622, C.. C.il), a la vez que la nueva ley habilitó el anatocismo convencional (art. 623, C.. C.il).- Al salirse del régimen de convertibilidad -devaluación de la moneda mediante-, el legislador evidentemente avizoró que volvería la inflación, pero, temeroso de que la recurrencia a los métodos indexatorios alimentara la misma, al mismo tiempo que los salarios e ingresos previsiblemente no aumentarían en la misma medida, mantuvo la...

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