Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 06 de Sala Electoral y de Competencia Originaria, 12 de Mayo de 2011

Fecha de Resolución:12 de Mayo de 2011
Emisor:Sala Electoral y de Competencia Originaria
RESUMEN

ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD – DECRETO PROVINCIAL – TRIBUTOS – IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS –SISTEMA DE PERCEPCIÓN Y RETENCIÓN – REGLAMENTACIÓN – VALIDEZ CONSTITUCIONAL.

 
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SENTENCIA NÚMERO: SEIS.-En la ciudad de Córdoba, a los DOCE días del mes de MAYO de dos mil once, siendo las DOCE Y TREINTA horas, se reúnen en Acuerdo Público los señores Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Domingo Juan Sesin, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, Armando Segundo Andruet (h), M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel y Carlos Francisco García Allocco, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "BANCO RIO DE LA PLATA S.A. C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Letra "B", nº 09, iniciado el diez de diciembre de dos mil cuatro), con motivo de la acción declarativa de inconstitucionalidad deducida a fs. 1/18, en los términos del artículo 165 inciso 1º, apartado a) de la Constitución Provincial, por Carlos María Ferrer Deheza, en representación del Banco Río de la Plata S.A. solicitando que al resolver se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 443/04 del Poder Ejecutivo provincial, sus modificatorias y normas administrativas dictadas en su consecuencia, referidas todas ellas al “Régimen de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.Seguidamente se procede a fijar las siguientes cuestiones a resolver:-PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción declarativa de inconstitucionalidad?-SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento correspondeA LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES DOMINGO JUAN SESIN, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H), M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL Y CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:-1.- A fs. 1/18 Carlos María Ferrer Deheza, en representación del Banco Río de la Plata S.A., interpone acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del artículo 165 inciso 1º, apartado a) de la Constitución Provincial solicitando que al resolver se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 443/04 del Poder Ejecutivo Provincial, sus modificatorias y normas administrativas dictadas en su consecuencia, referidas todas ellas al “Régimen de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, en razón de la violación de expresas disposiciones constitucionales, tanto provinciales cuanto nacionales.-Con cita del art. 165 de la Constitución Provincial señala que en el caso se trata de materia regida por esta constitución en tanto se denuncia la violación del principio de legalidad en las cargas públicas, establecido tanto en el art. 71 de la Constitución Provincial como en los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional.-Acusa que tal normativa comporta una violación del sistema federal de gobierno, ya que, al imponer cargas a sujetos no domiciliados en la Provincia, atenta contra el artículo 1° de la Constitución Provincial.-Asegura que con el dictado del Decreto N° 443/04 se configura el caso concreto citando jurisprudencia que avala su afirmación.Aduce que la legitimación de su mandante resulta evidente, en tanto no se trata de plantear cuestiones constitucionales atinentes a derechos de los sujetos pasibles de la retención sino propios en cuanto agente de retención.DERECHO. INCONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN, LOS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.Menciona que con el correr de los años los sistemas recaudatorios en nuestro país han recurrido, cada vez más intensamente, a la participación de los particulares en la gestión fiscal, a través de regímenes de retención y percepción en la fuente, buscándose no sólo un adelantamiento en el ingreso de los tributos sino también la existencia de obligados solidarios a su pago.-Añade que la ventaja que esto representa para el Estado se traduce, paralelamente, en inconvenientes para los obligados a actuar, no sólo por el costo de implementación de sistemas administrativos y de control, sino por las sanciones en que pueden incurrir por incumplimientos formales u omisiones en la actuación.-Concuerda con doctrina que sostiene que los deberes de colaboración de los particulares para con el Fisco deben ser impuestos sólo ocasionalmente, en tanto y en cuanto lo requerido no exceda lo razonable en materia de cantidad y calidad. Sostiene que el problema toma otra dimensión cuando se transforma en cargas permanentes y adquieren el carácter de actividades cuasi-administrativas, originando un verdadero endoso de actividades oficiales al sector privado, bajo el apercibimiento de sanciones que delatan que la Administración es incapaz de llevar a buen término la gestión de percibir los tributos.Luego de reseñar posturas doctrinarias y conceptuales acerca de los agentes de retención señala el carácter de carga pública de su actuación, citando jurisprudencia sobre el punto.-Aduce que la Constitución Nacional en el título destinado a las declaraciones, derechos y garantías, cuya finalidad es la de fijar límites a la actuación del Estado frente a los individuos y de éstos entre sí, se refiere a los sacrificios personales antes indicados, entre otros, en los artículos 16, 17 y 19, sentado como principio general que deben ser establecidos por ley, esto es, por un acto emanado del Poder Legislativo, en el que encuentra resumida la voluntad popular. -Refiere que el art. 17 dispone que sólo el Congreso establece las contribuciones que se expresan en el artículo 4 (principio de legalidad en la tributación) para agregar a continuación que “ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley”, lo que se ve corroborado por el artículo 19 cuando preceptúa que ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley.-Esgrime que la inclusión de estos regímenes entre las cargas públicas exige que sean creados por ley formal, emanada del órgano legislativo, lo que es compartido por la mayor parte de la doctrina. Cita copiosa doctrina y jurisprudencia al respecto.Entiende que, si inexcusablemente la obligación tributaria se halla sujeta al principio de legalidad, no hay motivo válido que posibilite excluir de tal condicionamiento constitucional al régimen de retención establecido por el Decreto N° 443/04, no sólo porque involucra verdaderas prestaciones patrimoniales y media obligatoriedad, sino también porque la responsabilidad tributaria –contribuyentes y/o responsables- requiere el amparo irrestricto de la reserva de ley.-Recuerda calificada doctrina que sostiene que la obligación de actuar como responsable tributario no constituye el cumplimiento de un mero deber formal, sino que implica la designación de un verdadero sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria a título ajeno, a punto tal que el reemplazo libera al contribuyente.-Manifiesta que la naturaleza reglamentaria que poseen los decretos del Poder Ejecutivo en materia tributaria, circunscriptos a la regulación de determinados pormenores necesarios para ejecutar la ley tributaria, lleva a inferir la afectación del principio constitucional de legalidad. Agrega que se trata de la delegación de facultades a nivel administrativo con la finalidad de regular con carácter general y obligatorio tópicos propios del ámbito del derecho tributario administrativo o formal, o sea los diversos procedimientos administrativos encaminados a la efectiva adquisición de la prestación tributaria por parte de la Administración.-Arguye que la tacha de inconstitucionalidad es extensiva a la alícuota o elemento cuantitativo del hecho imponible, en la medida que es el propio Poder Ejecutivo quien fija la alícuota o tasa del régimen de retención.-Alega, siguiendo la opinión de la doctrina, que la alícuota representa un elemento esencial para determinar la cuantía de la obligación y es por ello que, en el marco del principio de legalidad, su fijación está reservada a la ley. Colige que, dejar librada a la Administración, acreedora del tributo, la fijación de la cuantía de la obligación, suprime garantías individuales.DERECHO. INCONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN. VIOLACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL DE GOBIERNOExpresa que la Provincia de Córdoba ha excedido la esfera de su competencia al legislar, a través del decreto cuestionado, sobre personas y cosas que se hallan domiciliadas o situadas fuera de los límites provinciales.Aclara que, tal como surge del apartado 6.1. de la normativa señalada, el régimen de actuación como agente de retención se impone independientemente del lugar de entrega de las cosas, de realización de la obra o de prestación del servicio.-Destaca que la normativa provincial en cuestión habilita indebidamente al Fisco a hacerse de fondos no provenientes del ejercicio de la actividad gravada en sede provincial, afectándose incluso el principio de territorialidad, a mérito del cual el gravamen debe recaer sobre aquellas actividades ejercidas dentro del ámbito físico de la jurisdicción local que lo impone. Cita doctrina y jurisprudencia.-2.- Admitida formalmente la acción (Auto Número cincuenta y uno, de fecha seis de septiembre de dos mil cinco - fs. 62/69), se imprime el trámite de juicio abreviado previsto en el artículo 507 y ss. del C.P.C. y C..3.- A fs. 71/80 se presenta Claudio Martín Viale en su carácter de Procurador del Tesoro y evacua el traslado de la demanda solicitando se dicte sentencia rechazando la acción de inconstitucionalidad deducida, con costas.4.- A fs. 84 se corre vista al Sr. Fiscal General de la Provincia a los fines de que se pronuncie sobre la cuestión de fondo debatida en autos, quien la evacua a fs. 91/93vta. Dictamen Nº E 620), expidiéndose en el sentido que corresponde rechazar la demanda.A fs. 111 y vta. se presenta el Dr. Carlos María Ferrer Deheza manifestando su condición ante la Administración General de Ingresos Públicos y solicitando la regulación de sus honorarios.-5.- Dictado el decreto de autos (fs. 112), y firme éste, queda la causa en estado de ser resuelta.6. - EL CASO.-La parte actora pone en tela de juicio la regularidad...

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