Más de 100 menores de 16 años, encerrados por delitos graves

Más de cien chicos menores de 16 años fueron privados de la libertad por ser sospechosos de cometer delitos graves. Y son 412 los menores inimputables que, de todos modos, fueron alcanzados con medidas judiciales de control. Esos datos figuran en el último relevamiento nacional de adolescentes en conflicto con la ley penal realizado en noviembre de 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Unicef.

Cuatro de cada diez menores judicializados no pueden ser procesados por tener menos de 16 años, aunque el 15% de los casos termina con alguna medida de vigilancia adoptada por el sistema penal juvenil. En los casos de adolescentes punibles, para el 34% hay alguna medida de control judicial.

"En la provincia de Buenos Aires se faculta al juez de Garantías a dictar medidas restrictivas de la libertad, a pedido del fiscal, en casos de extrema gravedad por el hecho imputado. En Mendoza y en Córdoba se admite la internación como medida de protección. La ejecución de estas medidas, en la provincia de Mendoza, puede ser delegada a organismos especializados o ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Por su parte, en Córdoba, la restricción de la libertad no puede exceder los seis meses, a menos que el juez requiera autorización de la Cámara y se otorgue una prórroga", se indicó en el reporte oficial.

En los establecimientos de privación o de restricción de la libertad figuran 101 chicos con menos de 15 años. Otros 311 son tutelados con programas de supervisión judicial. En ese grupo de 412 adolescentes inimputables que, de todas formas, fueron judicializados aparecen 20 menores de 14 años y 6 chicos de menos de 13. El 6% llegó al sistema penal juvenil por delitos cometidos con armas de fuego.

Más allá de la situación en la que se encuentran los menores no punibles, el informe señala que sólo reciben condenas el 10% de los adolescentes de 16 y 17 años que tienen medidas de prevención ordenadas judicialmente. Muchos proyectos legislativos relativos a reformas del régimen de minoridad apuntan a la falta de protección jurídica que tienen los menores al no ser llevados a un juicio en el que puedan ejercer su defensa con las mismas garantías que un adulto.

Al respecto, el colectivo de organizaciones #InfanciaEnDeuda advirtió que el Estado tiene una mora de 11 años en la designación del Defensor del Menor, que debió haber sido nombrado 90 días después de la sanción de la ley 26.061 (de...