10. La prueba

• Páginas: 18-19
• Autor: Claudia E. Zalazar

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deberá hacerlo en el mismo acto del dictado de la sentencia. De

esta forma, cuando el estado procesal lo permita, no puede quedar

sin resolverse la petición o la apelación del beneficio al momento

en que se dicta la resolución principal. En definitiva si bien no

se exige que deba ser resuelta con anterioridad, debe resolverse

previamente —en el mismo fallo— al dictado de la sentencia

principal.

Cabe agregar que en los procesos orales el Protocolo 1815/

2023 establece que el juez debe tomar todos los recaudos necesarios

para que las partes urjan la tramitación del beneficio de litigar

sin gastos de modo que no dilate o suspenda el dictado de la

resolución principal.

c) Exime del pago de los gastos administrativos o vinculados

con la obtención del beneficio, como las tasas retributivas de

servicios de las actuaciones ante sede administrativa vincula-

das a l tr ámi te de la declaratoria de pobreza, como los demás

gastos (v.gr., adelanto de gastos del perito).

d) No opera la exención de ofrecer contracautela para solicitar

medidas ca utela res (art. 460) ya que se ha interpretado en

principio que la exención alcanza a quienes se le haya concedido

el beneficio en virtud de resolución judicial. Sin embargo, la

jurisprudencia ha señalado que en situaciones de excepción

podría extenderse a casos en que resulte manifiesto que la

decisión será estimatoria.

e) Interrumpe de la prescripción. Con la nueva redacción del

art. 2546 del CCCN que dice que interrumpe toda petición judicial,

no habría complicación en la interpretación. Si bien el pedido se

realiza ante la Administración, no deja de ser una petición en

el Poder Judicial, por lo que podría claramente interpretarse

como petición judicial en los términos del art. 2546 del CCCN

referenciado.

10. LA PRUEBA

En cuanto al ofrecimiento, el nuevo art. 104 establece que el

peticionante debe acompañar, junto con la solicitud, amén de la

declaración jurada prevista en el art. 103, los informes expedidos

por las reparticiones públicas (Registro de la Propiedad Inmue-

ble, DGR, Municipalidad, etc.) detalle de la localización de la

vivienda que habita y su entorno geográfico (v.gr., Google maps)

y toda documental que considere menester para demostrar su

condición socioeconómica, todo suscripto bajo declaración

jurada.

Acuerdo Reglamentario TSJ Cba.

Nº 1594, Serie “A”, del 01/10/2019

Tramitación del beneficio de mediar sin gastos electrónico

Certificación del Centro de Acceso a la Justicia

En la Ciudad de Córdoba, a un día del mes de octubre del año

dos mil diecinueve, con la Presidencia de su Titular Dra. María

Marta CÁCERES de BOLLATI, se reunieron para resolver los

Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída

Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, y Sebastián

Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador

General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y

ACORDARON:

VISTO: I. El Convenio Marco de Colaboración entre el Ministe-

rio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y este Tribunal

Superior de Justicia de Córdoba, de fecha seis de Septiembre del

año dos mil diecisiete.

II. El Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos de la Nación y el Colegio de Abogados

de Córdoba de fecha uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

III. El Acta Complementaria N° 5 al Convenio Marco de colabo-

ración entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la

Nación y el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: I. Que este Tribunal Superior de Justicia

promueve herramientas y mecanismos Institucionales en pos de

mejorar, fortalecer y ampliar las políticas de acceso a la justicia,

fundamentalmente aquellas destinadas a los sectores más vulne-

rables de la población.

II. Que el acceso a la justicia constituye la primera línea de de-

fensa de los derechos humanos, afirmando el compromiso asumido

por el Poder Judicial de Córdoba, en pos de garantizar el acceso a

la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, adhi-

riendo a las recomendaciones realizadas en las 100 Reglas de Bra-

silia … “Se destaca la conveniencia de promover la política pública

destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona

vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes ju-

risdiccionales: ya sea a través de la ampliación de funciones de la

Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también

en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de

mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la par-

ticipación de las universidades, casas de justicia, intervención de

colegios o barras de abogados (Regla 29, 100 Reglas de Brasilia)”.