Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de Noviembre de 2009, T. 489. XLIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

Tualana Sudamericana SA s/ Incident apelación S. C. T. n1 489, L. XLIII.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - Los jueces de la Sala A, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmaron el rechazo de la impugnación deducida por el acreedor laboral, J.;Luís Aguirre, contra la distribución de los bienes realizada por el síndico de la quiebra de Tualana Sudamericana SA.

Para así decidir, sostuvieron que la acreencia laboral pretendida comprende la indemnización por antigüedad, falta de preaviso, enfermedad e intereses por dos años. Afirmaron que ninguno de estos créditos están previstos en el inciso 1° del art. 246 de la Ley de Concurso y Quiebras (LCQ), razón por la cual -entendieron- que había sido acertada la decisión de excluirlos como privilegiados, pues al no revestir carácter remunerativo, quedan descartados del tratamiento previsto en el primer apartado del art. 247 de la ley excluida la porción de ese crédito no atendida como privilegiada.

- II - Contra tal pronunciamiento la actora dedujo el recurso extraordinario federal (v. fs. 101/109) cuya denegación (v. fs. 119) dio origen a la presente queja (v. fs. 30/34, del cuaderno respectivo).

La recurrente se agravia, en síntesis, porque la sentencia estimó que no mediaba error alguno por parte del síndico al elaborar el proyecto de distribución de fondos.

Entiende abusiva de decisión porque si bien se incluye al acreedor laboral (J.;José Aguirre) en el grupo de acreedores con privilegio general, se aplica una limitación del 50% del saldo disponible.

Explica que el trabajador se encuentra resguardado por la segunda parte del art. 247, toda vez que el -1-

crédito verificado está constituido por el capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones mencionadas en el inciso 1° del art.

246 de la LCQ.

Sostiene que el síndico interviniente, frente a un saldo disponible de $ 189.522 destina a todos los acreedores con privilegio general el 50% de dicho monto ($94.761,39), cuando, por el contrario, surge de la segunda parte del art. 247 la no afectación de la limitación del 50% establecida en la primera parte de dicha norma.

Aclara que el crédito que se le adeuda al incidentista con el carácter de privilegio general, alcanza la suma de $ 10.925,90.-, debe ser pagado en forma previa a la distribución de ese porcentaje. Sin embargo, señala, al encuadrarlo en el 50%, con la distribución a prorrata se le destina la ínfima suma de $ 973,85. Agrega, con apoyo en doctrina, que antes que se produzca el cobro de los diversos créditos con privilegio general se deberán satisfacer aquéllos de origen laboral enunciados en el art.

246 inciso 1°.

Afirma que esta interpretación amplia y favorable a los derechos de los trabajadores surge, como ejemplo, del criterio sustentado por la Cámara Comercial en el Fallo Plenario del 28-06-06, si bien en materia de intereses, demuestra el espíritu tuitivo de la interpretación jurisprudencial mayoritaria con que debe estudiarse la norma. Añade que los créditos laborales no están sometidos a la limitación del 50% del producido de los bienes, como los otros privilegiados generales.

Asimismo se agravia porque la distribución realizada resulta violatoria de los derechos del trabajador consagrados en normas internacionales de rango superior.

Invoca el art. 8 del Convenio 173 de la OIT, ratificado por la ley 24.285 que establece que la legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados, y en particular a -2-

Tualana Sudamericana SA s/ Incident apelación S. C. T. n1 489, L. XLIII.

Procuración General de la Nación los del Estado y de la Seguridad Social.

Asevera que al incluirse el crédito mencionado dentro del grupo de acreedores con privilegio general sobre el 50% del saldo disponible se le destina a la Dirección General Impositiva la suma $58.161 y un saldo a favor de los ocho acreedores de la misma categoría de $ 1.677,65 destinándose al incidentista tan sólo $973,85 de los $10.925,90 que le corresponden. Es evidente, puntualiza, que se ha perjudicado gravemente al trabajador al compartir dicho organismo el mismo rango y asiento del privilegio (art.

246.1, LCQ).

Además, tampoco se tuvo en cuenta el art. 7° del Convenio 173 de la OIT en cuanto dispone que la legislación nacional podrá limitar el alcance del privilegio del crédito laboral a un monto prescripto, que no deberá ser inferior a un mínimo socialmente aceptable. Destaca el resguardo normativo internacional en cuanto le reconoce el derecho a cobrar el crédito con preferencia a un organismo estatal, y por lo tanto, reflexiona, no cabe otra solución que impedir el irrazonable menoscabo del proyecto de distribución elaborado por el Síndico.

- III - Creo menester destacar, ante todo, que el actor recurrió la sentencia con sustento en la falta de fundamentos del fallo de la alzada y el cuestionamiento a la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) por ser contraria al Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al respecto, cabe señalar que como regla la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (Fallos 327:831; 330:855, entre muchos otros) y en consecuencia se impone tratar el primer tema, sin perjuicio de la materia federal planteada, pues de configurarse arbi- -3-

trariedad no habría, en rigor, sentencia propiamente dicha (v.

Fallos: 318:189; 322:904; 323:35, entre otros).

Entonces, cabe comenzar por las razones que se dieron para que en definitiva el trabajador que dedujo el incidente no cobrara de manera preferente.

En tal sentido, el síndico responde que el otro acreedor (la DGI) goza de igual privilegio que aquél, aunque la suma del crédito es diferente y la liquidación se realizó distributivamente (Fisco= $ 652.528,55; Trabajador= $ 10.925,90).

Explica que por esa razón el fisco participa en mayor proporción del saldo disponible que ha generado el proceso liquidatorio por lo que entiende que no resulta procedente la aplicación del art. 247, párrafo 2° de la LCQ (v. fs. 116vta./117). La sentencia en crisis sostuvo igual criterio al señalar que sólo corresponde reconocer fuera del cálculo a prorrata: "los sueldos, salario y remuneraciones" y que el crédito objeto de pretensión "no tienen por causa el trabajo" desde que se refiere a: "indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso, enfermedad e intereses por dos años".

Puntualizó que "ninguno de estos ítems encuadran válidamente en el capital emergente mencionado en el inciso 1° del art. 246", enfatizó: "Yha sido acertada la decisión de que la porción de ese crédito no atendida como privilegiada -al no revestir el carácter de conceptos remunerativos- quede excluido del tratamiento previsto en el primer apartado del art. 247 de la LCQY" (v. fs. 95 vta.).

A mi modo de ver, en el caso, el diseño desplegado por el síndico y ratificado por los jueces de la causa, mediante el cercenamiento del 50% y el prorrateo, para el cálculo de los fondos a distribuir, se aparta del ordenamiento en general que tiene por finalidad el cobro preferente del acreedor laboral. El esquema legal protege al crédito laboral dándole preeminencia para su cobro por su carácter alimenta- -4-

Tualana Sudamericana SA s/ Incident apelación S. C. T. n1 489, L. XLIII.

Procuración General de la Nación rio; la hermenéutica que encierra el régimen de privilegios no puede tener por resultado la exclusión del acreedor laboral por otros mecanismos que no fuesen el asignado por el rango de los privilegios; así se desprende del resto del articulado (v.gr. arts. 16 y 183, entre otros, de la LCQ), por lo que se requiere de una interpretación favorable al trabajador para no enervar este beneficio con aplicaciones desfavorables del texto legal, y contrarias a la lógica de funcionamiento del régimen laboral protectorio que manda el art. 14 bis. de la Constitucional Nacional Dicho criterio, por lo demás, se corresponde con la directriz de la norma de rango superior que cita el recurrente en el sentido que el Convenio 173 de la OIT dispone que los créditos laborales adeudados en razón del empleo deberán quedar protegidos por un privilegio (art. 5) y que al menos estos serán los correspondientes, entre otros, a los salariales y las indemnizaciones por fin de servicios adeudadas al trabajador con motivo de la terminación (art. 6). En caso de que la legislación nacional limite su alcance a un monto prescripto, no deberá ser inferior a un mínimo socialmente aceptable, que deberá ser reajustado para mantener su valor (art. 7); asimismo, la legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados, y en particular a los del Estado y de la seguridad social (art. 8.1).

Situación que invita a realizar un esfuerzo interpretativo del texto de rango inferior a fin de buscar su correspondencia en armonía con el que le sirve de guía, ante que declarar su incompatibilidad, pues debe suponerse que el legislador no ha querido una regulación contraria.

Es doctrina reiterada de V.E. que no es un método recomendable de hermenéutica suponer la inconsecuencia del -5-

legislador. Por eso, se reconoce que una norma no está aislada del restante orden jurídico, sino inserta en un sistema unitario y concluso, debiendo ser aprehendida en su conexión con las demás y, en particular, con las de la Constitución Nacional y los principios fundamentales que aseguren la íntima coherencia del ordenamiento en su conjunto, como también las otras disposiciones que disciplinan la materia (Fallos:

304:794; 312:1484; 317:1282; 323:1374, entre otros).

Y si bien esa Corte ha sostenido que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero significado el que tienen en la vida diaria, y cuando la ley emplea varios términos, no son superfluos, sino que han sido utilizados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir conceptos, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 200:165, entre otros). Al mismo tiempo, el Tribunal ha considerado que debe evitarse el excesivo rigor de los razonamientos que desnaturalicen al espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos: 310:464; 500 y 937; 312:1484; 318:879), pues, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando lo requiera la interpretación razonable y sistemática (Fallos:

312:1614; 318:879), ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante (Fallos: 234:482; 302:1284; 326:

2095, entre otros).

En tal sentido, entendió VE que el principio de la par conditio creditorum no resulta afectado con el sistema de preferencias, pues además de recibir aplicación respecto de -6-

Tualana Sudamericana SA s/ Incident apelación S. C. T. n1 489, L. XLIII.

Procuración General de la Nación otros privilegios, tiene una variada gama de modalidades, de manera que el reparto se basa en la justa distribución de los bienes y no en una proporción matemática entre todos (Fallos 307:398, considerando 6°.e, pág. 406).

En efecto, la solución en crisis aplicó la regla del prorrateo del art. 249 de la LCQ, por el que se entiende que no alcanzando los fondos correspondientes a satisfacer íntegramente los créditos con privilegio general, la distribución se hace a prorrata entre ellos; sin advertir que tal disposición debe interpretarse armónica y sistemáticamente con el art. 246, por el que se concede preeminencia dentro de los acreedores con privilegio general a los del inciso 1° (cfr.

F. y G., Concursos y Quiebras, Astrea, 1996, pág.

485).

El inciso 1° del art. 246 establece que son créditos con privilegio general:

"Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por SEIS (6) meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de DOS (2) años contados a partir de la mora, y las costas judiciales en su caso".

Se advierte que el enunciado "cualquier otro derivado de la relación laboral", utilizada por la norma citada, es más amplia que la expresión: "tiene por causa el trabajo", empleada por los jueces (v. fs. 95 vta. renglón 13 y 14). En tal sentido, cabe interpretar que la norma del artículo 246, inciso 1° es amplia y no se agota en la enumeración de los rubros que contiene. Razón por lo cual, la lectura restrictiva -7-

que se hizo del 247, no se corresponde con el querido por la ley, más allá de su texto literal que aparece como meramente enunciativo. Similar, en este tema, es la redacción de los artículos 270.1 y 271 de la derogada ley 19,551, sobre los cuales destacada doctrina ha entendido que los créditos laborales escapan a la ley del prorrateo cuando los créditos con privilegio general colisionan entre sí; y también que están excluidos de la limitación o cercenamiento del 50% y deben ser pagados totalmente antes de efectuarse esa deducción.

Debe entenderse que el diseño normativo tiene por finalidad asegurar el cobro preferente al trabajador, afectando primeramente determinados bienes para el cobro de privilegio especial, asignándole un rango superior (art.

241, inciso 2°) y en su defecto (como en el caso de autos) el trabajador cobrará con privilegio general todos los créditos enumerados expresamente por la ley y, además, "cualquier otro derivado de la relación laboral" (art.

246.1 citado) que afecta la totalidad de los bienes y "serán preferidos a cualquier otro crédito, salvo los alimentarios" (art. 273 último párrafo de la LCT), previa deducción de las sumas correspondientes para reserva de gastos, privilegios especiales y gastos de conservación y justicia (arts. 244, 241 y 240, LCQ).

Respecto a este último artículo de la LCT se ha señalado que el privilegio general del trabajador se hace valer después de liquidados los privilegios especiales y los acreedores del concurso. Sin que el art. 247, de la LCQ, prevea algo sobre los acreedores del mismo rango, por lo que no habiendo sido derogada expresamente la particular prelación que la Ley de Contrato de Trabajo otorga a los créditos con privilegio general (art. 273 in fine), ella debe considerarse vigente (C., N. O; "Ley de Contrato de Trabajo, -8-

Tualana Sudamericana SA s/ Incident apelación S. C. T. n1 489, L. XLIII.

Procuración General de la Nación Comentada", C., J.;López, F.;Madrid; Ediciones Contabilidad Moderna, Bs.As., 1987, t° II, pág. 1375). Si bien el comentario citado fue con vigencia de la ley 19.551, es del caso apuntar que el mencionado art. 273 de la LCT, sobrevivió a dos reformas de la LCQ (22.917 y 24.522) lo cual indica que la intención del legislador ha sido mantenerla.

Desde la perspectiva señalada se advierte que la interpretación que hizo la Cámara de las disposiciones legales específicas que rige la cuestión resulta infundada, en cuanto el legislador reconoce una doble categoría de privilegio al acreedor laboral cumpliendo el mandato del cobro preferente para el trabajador respecto a los restantes titulares de sus créditos.

Sin embargo, de la forma en que se dispuso la distribución realizada por el síndico y confirmada por los jueces, por el escaso monto reconocido y el abultado remanente sin privilegio, el trabajador quedaría asimilado al quirografario, de manera tal que la solución impugnada desvirtúa las normas aplicables tornándolas inoperantes.

Debe recordarse que es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador. De ahí, que lo importante es no ce- ñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a la letra de éstas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de aquéllas (Fallos 307:398, voto del Dr. F., considerando 5° y sus citas).

- V - -9-

Por lo expuesto, atendiendo a la naturaleza y singular monto del crédito de la actora, así como esencia y cantidad de la deuda restante principal comprometida, considero que compete declarar procedente el recurso extraordinario y, si V.E. lo considera oportuno (art. 16, parte, de la ley 48), revocar la sentencia con el alcance indicado.

Buenos Aires, 04 de marzo de 2009.- Dra. M.;A. Beiró de G..

Es copia.

ES COPIA