Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23 de Junio de 2009, N. 13. XLII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

N. 13. XLII.

Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía.

Buenos Aires, 23 de junio de 2009 Vistos los autos: A., I-Hsing s/ carta de ciudadanía@.

Considerando:

11) Que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Córdoba, al revocar la sentencia de primera instancia, denegó el otorgamiento de la carta de ciudadanía argentina a I-Hsing Ni, de nacionalidad china, por "no haber acreditado el cumplimiento de uno de los requisitos previstos por la ley como es el de la residencia continua por dos años, que no es lo mismo que la permanencia como ilegal aunque haya excedido este lapso de tiempo" (fs. 142 vta.).

Para así decidir, el a quo tuvo en cuenta lo expresado en el informe de la Dirección Nacional de Migraciones obrante a fs. 80/83, del que surge que dos meses después de ingresar al país en 1995, en calidad de residente transitorio, el actor solicitó la regularización de su situación migratoria. Habida cuenta de ello, le fue entregado un certificado de residencia precaria que debía renovarse cada tres meses hasta la finalización del trámite en forma definitiva.

Supervisadas las constancias presentadas, la Dirección Nacional de Migraciones resolvió denegar el beneficio solicitado en virtud de la imposibilidad de acreditar que la inversión exigida para su otorgamiento tuviera una finalidad productiva, comercial o de servicios, conforme lo exige la normativa aplicable. En razón de ello, mediante resolución 6130/96, se declaró ilegal la permanencia del actor en el país a partir de 1996, y se lo intimó a regularizar su situación bajo apercibimiento de ser expulsado.

Según surge del informe aludido, en el año 2001 el actor efectuó otra presentación con el fin de regularizar su situación migratoria, no obstante lo cual, conforme da cuenta

el referido oficio: "a la fecha no se ha podido tener por debidamente acreditad(a) la inversión de un mínimo de $ 100.000 en una actividad comercial, productiva o de servicios por parte del causante, conforme exige la disposición DNM N1 002/94 en su anexo I) inciso ›i'" (fs. 82). En tal sentido, se sostuvo que el reclamante sólo había podido acreditar "la compra de un inmueble en la ciudad de Córdoba por valor de $ 40.000 (destinado a vivienda familiar) y la compra de un segundo inmueble en la Capital Federal, actualmente locado a terceros por valor de $ 180.000 (el causante sólo habría aportado $ 45.000 para su adquisición que se concreta entre cuatro socios). Tales probanzas no permitirían considerar al causante bajo el pretendido criterio de admisión, máxime cuando...se encontraría efectuando 'changas' en su barrio y viviendo con el producto de la renta del inmueble locado" (fs.

82/83). Por otra parte, el certificado de residencia precaria emitido al momento de formalizarse la nueva solicitud de regularización migratoria, no lo habilitaba a obtener el documento argentino, conforme lo dispuesto por los arts. 98 y 99 de la ley 22.439.

En tales circunstancias, la cámara concluyó que el actor no podía valerse de la residencia ilegal para obtener la nacionalidad argentina. Así, sostuvo que, si bien la ley exige como requisito para ello ser mayor de 18 años y tener dos años de residencia continua en el país (conf. art. 21, inc. 11 de la ley 346 Ctexto actualizadoC), la permanencia exigida para configurar la residencia no podía ser ilegal, "por cuanto ningún hecho contrario a la ley puede ser fuente de derechos" (fs. 142 vta.).

Asimismo, el a quo destacó que tanto el resguardo de los derechos de los extranjeros, como la igualdad de todos los habitantes de la Nación, consagrados respectivamente en los

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Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía. arts. 20 y 14 de la Constitución Nacional, no son absolutos y, por lo tanto, su ejercicio está supeditado a las leyes que lo reglamenten. En tal sentido, la cámara concluyó que el derecho a peticionar la ciudadanía argentina podría ser ejercido siempre que se reunieran los requisitos previstos en las normas reglamentarias, en el caso, la ley 346.

21) Que contra esa decisión el actor interpuso recurso extraordinario federal (fs. 146/157) que fue concedido a fs. 169.

A. señaló, en primer lugar, que la interpretación de la cámara respecto del requisito de residencia había sido restrictiva y, por lo tanto, errada, al haber impuesto "recaudos que ni la letra, ni el espíritu de aquellas normas contienen" (fs. 151 vta.).

Con base en doctrina sobre la materia, sostuvo que la ley 346, reglamentaria del art. 20 de la Constitución Nacional, establece que para adquirir la naturalización es suficiente acreditar la residencia en el país por dos años continuos y expresar tal voluntad ante el juez federal (art. 21, inc. 11). Recordó, asimismo que la citada norma prescribe, que aún sin reunir el requisito de dos años de residencia, también se podrá adquirir la naturalización en los diferentes casos enumerados en el art. 21, inc. 21.

Por otro lado, expresó que en el art. 31 del decreto 3213/84 Creglamentario de la ley 346C se repiten los recaudos contenidos en la ley, a la vez que se señalan las causas impeditivas de la concesión de la naturalización. Luego, el art. 41 prevé que "la residencia en el país podrá acreditarse por medio de una certificación de la Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de otros medios de prueba de que pudiera disponerse".

En consecuencia C. el actorC "ni la Consti-

tución Nacional ni su ley reglamentaria exigen más que dos años continuos de residencia para que el extranjero pueda solicitar su naturalización. La residencia es una situación de hecho absolutamente independiente de su categoría migratoria (cuestión de derecho) que el extranjero ostente y basta su prueba por cualquier medio para tener por acreditado tal requisito" (fs. 156).

Agregó, asimismo, que la exigencia de la legalidad de la residencia tampoco surge tácitamente del ordenamiento jurídico, tal como se sostiene en la resolución recurrida.

Adujo, al efecto, que la ley 23.059 derogó expresamente la modificación que había introducido la ley 21.610 al texto del art. 21, de la ley 346, en cuanto establecía la residencia en el país de dos años continuos en forma legal, como requisito para solicitar la naturalización.

En tales circunstancias, consideró que la derogación ulterior del texto que sí imponía el requisito de legalidad de la residencia, "trasunta claramente la voluntad del legislador de restaurar los primigenios objetivos de igualdad y apertura establecidos en el Preámbulo y la Ley Suprema" (fs. 156).

Por último, invocó un precedente de este Tribunal (Fallos: 230:480) en el que se había concedido la ciudadanía argentina a un extranjero que no había acreditado su ingreso al país mediante el informe de la Dirección General de Migraciones.

31) Que el remedio federal intentado resulta admisible en la medida en que en autos se controvierte el fallo del superior tribunal de la causa, que por sus efectos reviste carácter definitivo y que ha asignado a normas de naturaleza federal una inteligencia contraria a las pretensiones que la recurrente sustenta en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

41) Que la cuestión central a resolver se circuns-

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Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía. cribe a la interpretación del requisito de residencia exigido por el art. 21, inc. 11, de la ley 346 (texto actualizado conf. ley 23.059) con el fin de obtener la "ciudadanía por naturalización". Con tal objeto, es preciso recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que la primera pauta de interpretación de la ley "es dar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya primera fuente es la letra de la ley...En esta tarea, no pueden descartarse los antecedentes parlamentarios que resultan útiles para conocer su sentido y alcance@ (Fallos: 313:1149; 321:2594; 325:2386, entre otros).

En tal sentido, corresponde señalar que la sanción de la ley 23.059, al derogar la ley de facto 21.795 y restablecer la vigencia de la originaria ley 346, implicó la supresión del requisito exigido por aquéllas en orden a la legalidad de la residencia requerida para ser ciudadano por naturalización.

En ese orden de ideas, corresponde señalar que el Poder Ejecutivo, en el mensaje de elevación al Congreso Nacional del proyecto de ley aludido, consideró necesario derogar la citada ley de facto al reputarla opuesta "a una secular tradición jurídica argentina" e "inconstitucional en muchos de sus aspectos", entre los que se cuenta "la discriminación que efectúa hacia los extranjeros. La Constitución prevé que los extranjeros puedan alcanzar la nacionalización luego de residir dos años continuos en la Nación, plazo que puede ser acortado por la autoridad si el interesado prueba servicios a la República (art.

20).

Esa nacionalización debe ser voluntaria. Una vez obtenida la nacionalización argentina, la Constitución les concede, salvo breves excepciones que ella misma indica, el pleno ejercicio de los derechos políticos que suma al de los derechos civiles que ya poseían por ser habitantes". En definitiva, calificó al "sistema previsto por

la Constitución y la ley para organizar la nacionalidad en la República" como el "fundamento de una tradición jurídica e institucional que ha tenido un papel formativo de la realidad nacional actual. La Constitución fue dictada para 'constituir' el país futuro, inexistente todavía en el momento de su sanción.

Los preceptos referentes a la nacionalidad se presentan por ello como normas 'constitutivas' de la Nación, que no pueden ser alteradas sustantivamente sin vulnerar de manera esencial los fundamentos de la República" (conf.

Servicio de Información Parlamentaria n1 7, antecedentes parlamentarios de la ley 23.059, Cámara de Diputados de la Nación, 4 de enero de 1984, págs. 380 y 381).

A su vez, al presentar ante la Cámara de Diputados el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado J.R.V. sostuvo "la imperiosa necesidad de derogar de inmediato la ley de facto 21.795" la que, "(c)omparada con la tradicional ley 346 (...) puede, sin el menor asomo de duda, ser calificada de persecutoria contra (...) los extranjeros deseosos de naturalizarse argentinos y de incorporarse plenamente a la comunidad". Así, entre otras de las disposiciones normativas consideradas particularmente "repugnantes a la Constitución", se alude a la "agravación de los requisitos y procedimientos para la naturalización de extranjeros" (conf. Servicio de Información Parlamentaria n1 7, Antecedentes parlamentarios de la ley 23.059, Cámara de Diputados de la Nación, 9 de enero de 1984, págs. 800 y 801).

En consecuencia, la derogación de la ley 21.795 y la consiguiente supresión del término "legal", todo ello a la luz de lo expresado por el legislador en los debates parlamentarios, da cuenta de la ruptura del nexo existente durante la vigencia de la aludida norma de facto entre la residencia y la condición de legalidad como requisito para obtener la

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Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía. ciudadanía por naturalización, en los términos de la ley 346, restituida en su plena vigencia por la citada ley 23.059. Ello es así, tanto más cuanto que el decreto 3213/84, reglamentario de la ley 23.059, tampoco hace mención alguna de la condición de legalidad. Antes bien, dicha norma se limita a exigir Ctal como lo hace la referida leyC el cumplimiento de la condición de residencia en la República por dos años continuos (conf. art. 31, 1a. parte, inc. b, del decreto 3213/84).

La ley de facto 22.439 de migraciones Cderogada en el año 2004 por el art. 124 de la ley 25.871C establecía distintas categorías de residencias según las cuales los extranjeros podían ser admitidos en la República. Estas categorías se mantienen en la nueva normativa. Así, la citada ley contemplaba la situación de los residentes "permanentes" y residentes "temporarios" o "transitorios" (art. 12). Asimismo, se preveía el otorgamiento de la "residencia precaria" para los extranjeros que gestionen la regularización de su permanencia en la República (art. 21). Luego, la calidad de "residente ilegal" resultaba del incumplimiento de los requisitos fijados en la ley y respectivas reglamentaciones, como la aplicada al presente caso por la Dirección Nacional de Migraciones para rechazar los reiterados pedidos formulados por el actor y su familia a fin de regularizar su situación migratoria (v.gr.:

el Reglamento de Migración Caprobado por decreto 1434/87 y modificatoriosC; Disposición DNM n1 002/94 ).

51) Que, según se adelantó, la presente causa tuvo origen en la presentación formulada por el actor ante la justicia federal a fin de obtener la carta de ciudadanía, conforme lo establecido en la ley 23.059 referida supra, ello independientemente de la cuestión relativa al trámite administrativo seguido ante la Dirección de Migraciones. En tales circunstancias, cabe efectuar un distingo respecto de ambas

cuestiones, toda vez que la normativa que regula la situación migratoria se circunscribe al ámbito del ingreso y permanencia de extranjeros, distinto del planteado en el supuesto del extranjero que, como en el presente caso, solicita la naturalización. Dicho de otro modo: una vez presentada la solicitud para obtener la carta de ciudadanía, comienzan a regir las reglas relativas a la ciudadanía y naturalización y es facultad de la justicia federal resolver la cuestión, tal como lo establece la ley 23.059 y su decreto reglamentario (art. 21, inc. 11 y art. 31, primera parte, inc. b, respectivamente).

Consecuentemente, no hay elementos que permitan concluir que las categorías establecidas en la ley de migraciones resulten determinantes en orden a la configuración de la residencia, en cuanto requisito fundamental para la obtención de la ciudadanía por naturalización. Por lo demás, debe tenerse en cuenta el principio de hermenéutica jurídica según el cual debe preferirse la interpretación que concuerda y favorece C. que aquella que prescinde y dificultaC los fines perseguidos por las normas constitucionales (Fallos:

285:60; 293:154, entre otros).

61) Que en tales circunstancias, debe tenerse presente el pensamiento de A. y S. plasmado en sus proyectos, que constituyen piezas fundamentales para la formación de la Argentina moderna. A su conjuro se produjo la transformación económica, social, cultural y política, a la vez que se nacionalizó el país, hasta configurar el Estado Nacional, receptor e integrador de inmigración masiva.

La inmigración produjo una renovación sustancial de la sociedad argentina que no fue obra del acaso. Antes bien, ese cambio fue el resultado de un plan deliberado, pues poblar el desierto significó modificar la composición de la población del país y asegurar su desarrollo sobre la educación y la moder-

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Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía. nización de la economía.

Así, la Constitución de 1853 inauguró una generosa etapa política de promoción de la inmigración, garantizando los beneficios de la libertad y el goce de los derechos civiles "a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", tal como proclama el Preámbulo. De este modo se construyó la política inmigratoria de la Argentina, erigida sobre la idea de contrato social abierto, fuente de inspiración de los arts. 20 y 25 del texto constitucional, en orden a la igualdad civil de los extranjeros y el fomento de la inmigración. Sobre esto último cabe señalar que la expresa referencia respecto de la inmigración de origen europeo "no excluye toda otra inmigración, que se halla protegida por la prohibición terminante de restringirla, limitarla o gravarla con impuesto alguno, siempre que el extranjero venga al país con propósitos de trabajo útil" (C.S.V., Instrucción cívica. Manual de Derecho Constitucional, K., Buenos Aires, 1945, pág. 197). Todo ello se vincula, a su vez, con el art. 14 de la Constitución, toda vez que los derechos allí enumerados son reconocidos a "todos los habitantes de la Nación", entre los cuales se cuentan los extranjeros.

En ese contexto, se sancionó, en el año 1869, la ley 346 aplicable al caso C. sus modificacionesC, en consonancia con el generoso y amplio llamado contenido en la Constitución Nacional. Habida cuenta de ello, la interpretación sistemática de las normas en juego a la luz de los principios constitucionales referidos, conduce a sostener el afincamiento e integración del extranjero con las costumbres del país, como el fin que se pretende asegurar con la exigencia del requisito de residencia.

71) Que, en tales circunstancias, cobra particular

relevancia la situación del actor, habida cuenta de que desde su ingreso al país hace catorce años, ha solicitado en reiteradas oportunidades la regularización de su situación migratoria. Desde entonces, ha constituido junto con su familia C. por su esposa y dos hijosC un núcleo afincado en el territorio, trabaja de manera estable e independiente y tiene un patrimonio cercano a los $ 100.000 exigidos por la reglamentación aplicable (disposición DNM 002/94, anexo I, inciso i). Ello resulta de la suma del valor del inmueble que habita en la provincia de Córdoba del que es titular el reclamante (fs. 13 a 15) y de la propiedad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires de la que es condómino (fs. 16 a 18), y por la que recibe una renta fija en concepto de alquileres (fs. 19 a 22 y 75).

Asimismo, debe tenerse presente que el actor no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que obstan al otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización (art. 31, parte 3a. del decreto 3213/84), conforme surge de las constancias del expediente (fs. 10, 50, 51, 56 y 61).

En definitiva, las particularidades del caso dan muestra de un "recto comportamiento durante un tiempo razonablemente suficiente para ponerlo a prueba y acreditar que responde a una leal voluntad de arraigo y subordinación a los principios rectores de la vida nacional, que habilite para invocar la garantía constitucional de permanecer en el territorio" (Fallos: 234:203).

En tales circunstancias, pueden darse por satisfechos los fines que tuvo en mira el legislador; a idéntica conclusión se arriba por los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones, según los cuales tampoco se han visto vulnerados tales fines. Así lo entendió esta Corte en numerosos precedentes, al intervenir en acciones entabladas

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Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía. contra resoluciones de la citada dirección que habían rechazado solicitudes de radicación permanente o de denegación de cartas de ciudadanía por no reunir las condiciones migratorias y ha acogido en numerosos casos las pretensiones de los quejosos (Fallos: 183:241; 200:99; 211:376; 220:518; 230:244, 480 y 597; 234:203; 268:393 y 406; 278:147; 293:154; 302:604, entre otros).

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Costas por su orden, en razón de tratarse de una cuestión jurídica novedosa. N. y devuélvase. R.L.L. -E.I.H. de NOLASCO (según su voto)- CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

VO

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Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía.

TO DE LA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA E.I.H. de NOLASCO Considerando:

11) Que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Córdoba, al revocar la sentencia de primera instancia, denegó el otorgamiento de la carta de ciudadanía argentina a I-Hsing Ni, de nacionalidad china, por "no haber acreditado el cumplimiento de uno de los requisitos previstos por la ley como es el de la residencia continua por dos años, que no es lo mismo que la permanencia como ilegal aunque haya excedido este lapso de tiempo" (fs. 142 vta.).

Para así decidir, el a quo tuvo en cuenta lo expresado en el informe de la Dirección Nacional de Migraciones obrante a fs. 80/83, del que surge que dos meses después de ingresar al país en 1995, en calidad de residente transitorio, el actor solicitó la regularización de su situación migratoria. Habida cuenta de ello, le fue entregado un certificado de residencia precaria que debía renovarse cada tres meses hasta la finalización del trámite en forma definitiva.

Supervisadas las constancias presentadas, la Dirección Nacional de Migraciones resolvió denegar el beneficio solicitado en virtud de la imposibilidad de acreditar que la inversión exigida para su otorgamiento tuviera una finalidad productiva, comercial o de servicios, conforme lo exige la normativa aplicable. En razón de ello, mediante resolución 6130/96, se declaró ilegal la permanencia del actor en el país a partir de 1996, y se lo intimó a regularizar su situación bajo apercibimiento de ser expulsado.

Según surge del informe aludido, en el año 2001 el actor efectuó otra presentación con el fin de regularizar su situación migratoria, no obstante lo cual, conforme da cuenta

el referido oficio: "a la fecha no se ha podido tener por debidamente acreditad(a) la inversión de un mínimo de $ 100.000 en una actividad comercial, productiva o de servicios por parte del causante, conforme exige la disposición DNM N1 002/94 en su anexo I) inciso 'i'"(fs. 82). En tal sentido, se sostuvo que el reclamante sólo había podido acreditar "la compra de un inmueble en la ciudad de Córdoba por valor de $ 40.000 (destinado a vivienda familiar) y la compra de un segundo inmueble en la Capital Federal, actualmente locado a terceros por valor de $ 180.000 (el causante sólo habría aportado $ 45.000 para su adquisición que se concreta entre cuatro socios). Tales probanzas no permitirían considerar al causante bajo el pretendido criterio de admisión, máxime cuando... se encontraría efectuando 'changas' en su barrio y viviendo con el producto de la renta del inmueble locado" (fs.

82/83). Por otra parte, el certificado de residencia precaria emitido al momento de formalizarse la nueva solicitud de regularización migratoria, no lo habilitaba a obtener el documento argentino, conforme lo dispuesto por los arts. 98 y 99 de la ley 22.439.

En tales circunstancias, la cámara concluyó que el actor no podía valerse de la residencia ilegal para obtener la nacionalidad argentina. Así, sostuvo que, si bien la ley exige como requisito para ello ser mayor de 18 años y tener dos años de residencia continua en el país (conf. art. 21, inc. 11 de la ley 346 Ctexto actualizadoC), la permanencia exigida para configurar la residencia no podía ser ilegal, "por cuanto ningún hecho contrario a la ley puede ser fuente de derechos" (fs. 142 vta.).

Asimismo, el a quo destacó que tanto el resguardo de los derechos de los extranjeros, como la igualdad de todos los habitantes de la Nación, consagrados respectivamente en los

N. 13. XLII.

Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía. arts. 20 y 14, de la Constitución Nacional, no son absolutos y, por lo tanto, su ejercicio está supeditado a las leyes que lo reglamenten. En tal sentido, la cámara concluyó que el derecho a peticionar la ciudadanía argentina podría ser ejercido siempre que se reunieran los requisitos previstos en las normas reglamentarias, en el caso, la ley 346.

21) Que contra esa decisión el actor interpuso recurso extraordinario federal (fs. 146/157) que fue concedido a fs. 169.

A. señaló, en primer lugar, que la interpretación de la cámara respecto del requisito de residencia había sido restrictiva y, por lo tanto, errada, al haber impuesto "recaudos que ni la letra, ni el espíritu de aquellas normas contienen" (fs. 151 vta.).

Con base en doctrina sobre la materia, sostuvo que la ley 346, reglamentaria del art. 20 de la Constitución Nacional, establece que para adquirir la naturalización es suficiente acreditar la residencia en el país por dos años continuos y expresar tal voluntad ante el juez federal (art. 21, inc. 11). Recordó, asimismo, que la citada norma prescribe, que aún sin reunir el requisito de dos años de residencia, también se podrá adquirir la naturalización en los diferentes casos enumerados en el art. 21, inc. 21.

Por otro lado, expresó que en el art. 31 del decreto 3213/84 Creglamentario de la ley 346C se repiten los recaudos contenidos en la ley, a la vez que se señalan las causas impeditivas de la concesión de la naturalización. Luego, el art. 41 prevé que "la residencia en el país podrá acreditarse por medio de una certificación de la Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de otros medios de prueba de que pudiera disponerse".

En consecuencia C. el actorC "ni la Consti-

tución Nacional ni su ley reglamentaria exigen más que dos años continuos de residencia para que el extranjero pueda solicitar su naturalización. La residencia es una situación de hecho absolutamente independiente de su categoría migratoria (cuestión de derecho) que el extranjero ostente y basta su prueba por cualquier medio para tener por acreditado tal requisito" (fs. 156).

Agregó, asimismo, que la exigencia de la legalidad de la residencia tampoco surge tácitamente del ordenamiento jurídico, tal como se sostiene en la resolución recurrida.

Adujo, al efecto, que la ley 23.059 derogó expresamente la modificación que había introducido la ley 21.610 al texto del art. 21 de la ley 346, en cuanto establecía la residencia en el país de dos años continuos en forma legal, como requisito para solicitar la naturalización.

En tales circunstancias, consideró que la derogación ulterior del texto que sí imponía el requisito de legalidad de la residencia, "trasunta claramente la voluntad del legislador de restaurar los primigenios objetivos de igualdad y apertura establecidos en el Preámbulo y la Ley Suprema" (fs. 156).

Por último, invocó un precedente de este Tribunal (Fallos: 230:480) en el que se había concedido la ciudadanía argentina a un extranjero que no había acreditado su ingreso al país mediante el informe de la Dirección General de Migraciones.

31) Que el remedio federal intentado resulta admisible en la medida en que en autos se controvierte el fallo del superior tribunal de la causa, que por sus efectos reviste carácter definitivo y que ha asignado a normas de naturaleza federal una inteligencia contraria a las pretensiones que la recurrente sustenta en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

41) Que la cuestión central a resolver consiste en

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Ni, I-Hsing s/ carta de ciudadanía. determinar si de acuerdo con el art. 20 de la Constitución Nacional y, en función de las particulares circunstancias del caso, corresponde hacer lugar a la pretensión del recurrente de obtener la ciudadanía argentina.

51) Que, a tales fines, cabe señalar que si bien en un principio la Dirección Nacional de Migraciones había declarado ilegal la permanencia del actor en el país y ordenó incluso su detención (fs. 37 y 54 del expediente administrativo respectivo, que obra agregado a la causa N.374.XLII), mediante la posterior disposición n1 115 del 22 de marzo de 2001, esa misma dirección dejó sin efecto la orden de detención, canceló la residencia precaria que ostentaba el actor y lo intimó para que en el plazo de 10 días acredite el inicio de un nuevo trámite de regularización migratoria; todo ello bajo apercibimiento de ordenar su expulsión del país (fs.

71/72 del expediente administrativo). Ahora bien, dentro de ese plazo el actor se presentó y solicitó la regularización de su situación (fs.

74/112 del expediente administrativo), petición que, según surge de las actuaciones administrativas, no ha sido resuelta.

Pero lo que aquí resulta determinante es que desde el 17 de abril de 2001 hasta el 17 de noviembre de 2003 el actor fue autorizado a residir en el país por la propia Dirección Nacional de Migraciones. Así se desprende del último párrafo de la nota 958/02 agregada a fs. 131/134 del expediente administrativo y del certificado de fs. 101/101 vta. de esas mismas actuaciones. De modo que durante todo ese tiempo, superior a los dos años que prevé el art.

20 de la Constitución Nacional, el actor contó con una autorización de residencia precaria otorgada por la autoridad administrativa.

Esta última circunstancia torna inoficioso el tratamiento del agravio referente a la interpretación que co-

rresponde otorgar al requisito de residencia que establece el art. 20 de la Constitución Nacional para adquirir la ciudadanía argentina, toda vez que, conforme se expresó, el actor residió legalmente y de manera continua en el país durante más de dos años.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta que conforme surge de las constancias de la causa (fs. 10, 50, 51, 56 y 61), el recurrente no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos que obstan al otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización (art. 31, parte 3a., del decreto 3213/84), corresponde tener por cumplido el requisito que exige el art. 20 de la Constitución Nacional y concederle la ciudadanía argentina.

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. N. y devuélvase. E.I.H. de NOLASCO.

Recurso extraordinario interpuesto por I-Hsing Ni, actor en autos, representado por los Dres. R.V.C. y L.R.C.F., en calidad de apoderados.

Traslado contestado por el F. General de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Dr. A.G.L..

Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Córdoba.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia n° 2 de Córdoba.