Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27 de Mayo de 2009, A. 1823. XL

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 1823. XL.

    R.O.

    Antonio Barillari S.A.C.I.F. y A. c/ D.G.I.

    Buenos Aires, 27 de mayo de 2009 Vistos los autos: A.B.S.A.C.I.F. y A. c/ D.G.I.@.

    Considerando:

    1. ) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al declarar desierto el recurso de apelación deducido por el organismo recaudador, mantuvo la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, que revocó la resolución del 26 de marzo de 2001 dictada por el jefe de la División Revisión y Recursos de la Región de Mar del Plata de la AFIP, por la que se determinó de oficio la obligación de A.B.S.A.C.I.F. y A. frente al impuesto a las ganancias por los períodos 1997 y 1998 y se liquidaron los intereses correspondientes.

    2. ) Que contra lo así decidido, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva) interpuso recurso ordinario de apelación que fue concedido a fs. 204, y que resulta formalmente admisible porque se dirige contra la sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, excede del mínimo legal previsto por el art.

      24, inc. 61, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte. El memorial de agravios obra a fs.

      212/220, y su contestación a fs. 223/236 vta.

    3. ) Que para decidir en el sentido indicado, la cámara afirmó que la expresión de agravios presentada por el organismo recaudador ante esa alzada se limitaba a reproducir argumentos expuestos en la instancia anterior, Aprincipios generales@ o Apautas propias de interpretación de la ley@, sin formular Acrítica fundada alguna respecto de las sólidas consideraciones que efectúa el Tribunal Fiscal, cuando señala que la AFIP sostiene la vigencia de la derogación del benefi-

      cio impositivo a la actora por el decreto 553/89, dictado en una emergencia económica que ya había sido superada, omitiendo toda consideración referida a que la franquicia se estableció por una norma superior, en el caso la ley 23.101 (art. 9 inc. b)@ (fs. 196 vta). Agregó la sala que el representante del ente recaudador A. ensaya agravio alguno cuando el a quo, con sustento en un propio dictamen de la AFIP n° 288 del 14-4-92, considera que con el dictado del decreto 2657/91 había perdido actualidad la discutida derogación del decreto 553/89 y que tampoco podía mantenerse la ultraactividad del art. 2 de dicha norma@. En tales términos, juzgó que el memorial de agravios no cumplía con el requisito mínimo establecido por el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

    4. ) Que la conclusión a la que llegó la cámara se apoya en un criterio excesivamente riguroso en la manera de apreciar la insuficiencia técnica que atribuyó al memorial obrante a fs. 151/157. En efecto, no puede dejar de ponderarse que se trata de una causa de puro derecho en la cual la controversia entre las partes radica en determinar si en los períodos fiscales 1997 y 1998 se encontraba en vigor la posibilidad de deducir del balance impositivo del impuesto a las ganancias el 10% del valor FOB de las exportaciones efectuadas por la actora, beneficio promocional que había sido establecido por el decreto 173/85 sobre la base de lo prescripto por el art. 9°, inc. b, de la ley 23.101, con relación a las exportaciones de las mercaderías comprendidas en las partidas de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) detalladas en su planilla anexa, pese a que con posterioridad el decreto 553/89 estableció por un lado un derecho adicional a las exportaciones aplicable a la totalidad de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación (NADE), y por el otro, dispuso que ellas no

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    Antonio Barillari S.A.C.I.F. y A. c/ D.G.I. gozarían del beneficio previsto por el citado decreto 173/85; y más tarde, el decreto 2657/91 sustituyó la NADE por una nueva nomenclatura. En tales condiciones, los fundamentos del recurso Csegún resulta de los términos del respectivo memorialC eran eficaces para el fin pretendido, en tanto planteaban claramente la cuestión que su presentante pretendía someter a conocimiento y decisión de la alzada, mediante un serio y prolijo examen de las normas relativas a tal cuestión, del que concluía, en síntesis, que el beneficio impositivo en discusión había quedado derogado por el decreto 553/89 Crespecto del cual expone argumentos tendientes a sostener su validez constitucionalC y no había sido restablecido su goce por las normas dictadas con posterioridad.

    1. ) Que, por lo tanto, corresponde revocar la sentencia de cámara que declaró la deserción del aludido recurso.

    2. ) Que, sentado lo que antecede, corresponde que esta Corte se pronuncie sobre la cuestión de fondo debatida en el sub examine puesto que C. la doctrina establecida en el ámbito del recurso ordinario de apelaciónC con excepción de las cuestiones expresa o implícitamente excluidas, el tribunal de apelación tiene con respecto a las pretensiones y oposiciones oportunamente interpuestas la misma competencia que corresponde al juez de primera instancia (confr. Fallos:

      308:821 Cconsiderando 9°C; 312:2096 Cconsiderando 10C; 318:21- 33 Cconsiderando 4°C y 2228 Cconsiderando 4°C).

    3. ) Que en lo referente al aspecto central de la controversia, la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la considerada por el Tribunal al decidir en los autos E.362.X.A.M. S.A. (TF 20.315) c/ DGI@, mediante sentencia de la fecha, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse por razones de brevedad.

      °) Que, sin embargo, deben efectuarse ciertas precisiones sobre la inteligencia y el alcance de las normas en examen, a fin de considerar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora respecto de los decretos 553/89 y 2657/91, introducido en su primera presentación en el juicio (confr. fs. 99 vta./101), y mantenido al contestar los agravios de su contraparte tanto ante la cámara (fs. 169 vta./172) como ante este Tribunal (fs. 233 vta./235 vta.). En síntesis, el contribuyente aduce que el decreto 173/85, reglamentario de la ley 23.101, fue dictado por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades conferidas por el art.

      99, inc.

    4. , de la Constitución Nacional, pero que los posteriores 553/89 y 2675/91 no pueden revestir el mismo carácter de Areglamentarios@, pues Ano es dable entender que el Poder Administrador tenga la facultad de reglamentar en forma permanente una Ley de la Nación@, ya que en ese caso se Aconvertiría en auténtico legislador@ (fs. 99 vta./100). En ese orden de ideas afirma que estos últimos decretos A. normas autónomas@ que, según el principio de supremacía de las leyes consagrado en el art. 31 de la Constitución Nacional, A. podrán alterar lo prescripto por una Ley de la Nación@ (fs. 100). Por lo tanto, sostiene que si se pretendía rever lo dispuesto por la ley 23.101 y su decreto reglamentario 173/85, debió haberse instado la sanción de una nueva ley, y no dictarse decretos que contradicen la finalidad de aquélla.

    5. ) Que en primer lugar cabe señalar que del examen de la normativa en cuestión, efectuado en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal en la causa E.362.XLI AEl Marisco S.A. (TF 20.315-I) c/ D.G.I.@ Cal que se remitió la CorteC se extrae fácilmente la conclusión de que el beneficio de desgravación en el balance impositivo previsto en el art. 9°, inc.

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    Antonio Barillari S.A.C.I.F. y A. c/ D.G.I. b, de la ley 23.101 no es directamente operativo, en tanto se aplica respecto de la exportación A. los bienes y servicios promocionados@ (art. 9°, párrafo primero), y según el art. 8° de la ley éstos son los Aincluidos en las listas que confecciona a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional, sobre la base de alguno de los cuatro principios que enumera el precepto@ (conf. dictamen citado).

    10) Que la conclusión expuesta se corrobora, si se tiene en cuenta, además, que la ley no fija el quantum de tal deducción sino que se limita a establecer un tope (Ahasta el 10 por ciento del valor F.O.B. de los bienes y servicios exportados@). De manera que también resulta necesaria la actuación del Poder Ejecutivo para determinar C. del límite autorizado por la leyC cuál sería el porcentaje de la deducción que podría ser aplicada en los balances impositivos.

    11) Que, en definitiva, la ley difiere en el Poder Ejecutivo tanto la determinación de las mercaderías cuya exportación resultaría promocionada, como la determinación del quantum de la desgravación sobre la que versa esta causa, estableciendo, en relación a lo primero, una serie de principios que aquél debía contemplar en la elaboración de las listas respectivas, y con respecto a lo segundo un tope que no podría ser excedido.

    12) Que en ese contexto, la tacha de inconstitucionalidad formulada por la actora resulta inatendible, puesto que ella supone tanto como afirmar que una vez dictado por el Poder Ejecutivo el decreto 173 en el año 1985 Cpor el que se estableció el porcentaje de la deducción y se detalló la lista de las mercaderías cuya exportación resultaba beneficiadaC ese departamento del Estado quedó privado en lo sucesivo de la potestad de modificarlo, suspenderlo o dejarlo sin efecto. Tal limitación Cademás de no resultar de la Constitución NacionalC

    no tiene sustento en la ley 23.101, que no restringió la habilitación conferida a aquél del modo pretendido por la actora.

    Por ello, se revoca lo decidido por la cámara y por el Tribunal Fiscal de la Nación, y se confirma la resolución del organismo recaudador impugnada por la actora, con costas de todas las instancias a la vencida (arts. 68 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y devuélvase. R.L.L. -E.I. HIGHTON de NO- LASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

    Recurso ordinario interpuesto por el Fisco Nacional (AFIP - DGI), representado por la Dra. M. delC. de M., con el patrocinio en el memorial de la Dra. S.J.P..

    Traslado contestado por A.B.S.A.C.I.F. y A., representada por el Dr. R.B.Á., con el patrocinio del Dr. J.E.F..

    Tribunal de origen: Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

    Tribunales que intervinieron con anterioridad: Tribunal Fiscal de la Nación.