Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Mayo de 2009, S. 348. XLIII

• Emisor: Suprema Corte de Justicia (Argentina)

S. 348. XLIII.

S., P.M. y otro c/ P.E.N. s/ amparo.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009 Autos y Vistos; Considerando; Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario obrante a fs. 227/227 vta, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, que fue concedido en los términos que surgen del auto de fs. 257/257 vta. Posteriormente, la parte actora solicitó que se declarase la caducidad de la instancia.

Que la caducidad de la instancia acusada por la actora respecto de la apelación del art. 14 de la ley 48 debe tener acogida favorable en razón del lapso transcurrido desde la notificación del auto que concedió el recurso extraordinario, que data del 29 de septiembre de 2005 (conf. fs. 263 vta.) y el escrito de la actora presentado el 28 de febrero de 2007 y de la doctrina de este Tribunal que establece que corresponde declarar la caducidad de la instancia si ha transcurrido el lapso de tres meses desde que se concedió el recurso extraordinario (art. 310 inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) sin que mediara actividad procesal impulsora por parte del recurrente, pues la carga de remitir la causa al tribunal superior correspondiente, no releva a las partes de realizar los actos necesarios para urgir su cumplimiento ante la omisión del órgano respectivo (Fallos: 310:928; 313:986; 314:1438).

Por ello, se declara la caducidad de instancia. Con costas. N. y devuélvase. R.L.L. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE S.P. -J.C.M. -E.R.Z. (en disidencia)- CARMEN M.

ARGIBAY.

DISI

S. 348. XLIII.

S., P.M. y otro c/ P.E.N. s/ amparo.

DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI Considerando:

1. ) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario obrante a fs. 227/227 vta. el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal.

   Conferido el traslado previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la actora lo contestó y el recurso fue concedido (fs. 257/257 vta.). Posteriormente, la parte actora solicitó que se declarase la caducidad de la instancia. El a quo elevó las actuaciones a este Tribunal para que resuelva sobre el punto.

2. ) Que la perención de instancia es un instituto que reposa en la presunción de renuncia de ella que comporta la inactividad procesal prolongada y en la consiguiente conveniencia de que, en tales circunstancias, el órgano judicial quede liberado de los deberes que la subsistencia de aquella instancia le impone (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, tomo IV, Bs. As., 1990, Ed. A.P., págs. 216 y ss.).

   En tales condiciones, su interpretación tiene que ser siempre restrictiva y de carácter excepcional (Fassi, Código Procesal Civil y Comercial Comentado, T. I, pág. 777; y Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial Comentado, T.II, pág. 310), debiendo optarse en caso de disyuntiva o simple duda, por la decisión de mantener la instancia en grado de incolumidad.

3. ) Que la exteriorización de los extremos señalados configura una lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio y al debido proceso, en tanto se irroga un gravamen irreparable al quedar firme para el apelante la sentencia que es adversa a sus pretensiones, máxime cuando la caducidad de instancia resulta un modo anormal de terminación

   del proceso, y la aplicación que se haga de dicho instituto debe adecuarse a las características referidas en los considerandos que anteceden, sin llevar, con excesivo formalismo, el criterio que la preside más allá de su ámbito propio.

4. ) Que el artículo 313 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que no se producirá la caducidad, particularmente en el supuesto del inciso 3°, cuando "...la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero". Esta norma demanda, para su comprensión adecuada, la integración con aquéllas que determinan la existencia de una actividad de tal entidad, de manera que el caso de autos no resulta escindible de la previsión contenida en el artículo 257 que establece, para el caso, que "...el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso.

   Si lo concediere, previa notificación personal o por cédula de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de los cinco días contados desde la última notificación...", pues de lo contrario se desvirtuaría la clara finalidad de la ley tornándola inoperante, lo que equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos.

5. ) Que, en efecto, la norma citada en segundo término, cuya claridad por cierto no permite cobijar duda alguna, determina la existencia de una actividad que se encuentra a cargo del tribunal a quo, consistente en la remisión a esta Corte dentro del plazo allí fijado, el cual debe contarse desde la fecha de la última notificación efectuada.

6. ) Que, en consecuencia, la inequívoca claridad de la redacción de la norma aplicable y su contenido no resulta permeable a una argumentación mediante la cual su aplicación

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   S., P.M. y otro c/ P.E.N. s/ amparo. se limite a inciertas hipótesis en las que no resulte viable la formalización de una petición para suplir la omisión del órgano judicial correspondiente.

7. ) Que, en el caso, no existía sobre el apelante la carga de instar la remisión, pues concedido el recurso extraordinario ninguna actividad fue desplegada por el tribunal a quo que hubiese exteriorizado, en los autos, la existencia de una pendencia de carácter impeditivo a la remisión, ya que de lo contrario importaría responsabilizarla por una actividad que deben cumplir los funcionarios judiciales (Fallos: 320: 38).

8. ) Que por lo demás, si bien esta Corte ha señalado reiteradamente que la carga de remitir la causa al tribunal superior correspondiente no releva a las partes de realizar los actos necesarios para urgir su cumplimiento (Fallos:

   310:928; 313: 986; 314:1438, causas M.376.XL "M., J.E. c/ P.E.N. s/ amparo", del 23 de noviembre de 2004 (Fallos: 327:5194) y B.2824.XL "Banco de Galicia y Bs. As.

   S.A. c/ Firmapaz, A.V. y otro s/ ejecución hipotecaria@, del 20 de septiembre de 2005 (Fallos: 328:3380), tal temperamento debe aplicarse bajo condiciones de absoluta razonabilidad, o en aquellos casos donde la remisión dependiera de una actuación indelegable de la parte (vgr. pago de sellados), y no en supuestos como el presente, de modo tal de no generar de modo inevitable la pérdida de un derecho de raigambre constitucional.

   Por ello, se rechaza el acuse de caducidad formulado a fs. 265. N. y sigan los autos según su estado. E.

   RAUL ZAFFARONI.

   Promovió la incidencia: E.A.L.Z., apoderado de la parte actora.