Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 31 de Marzo de 2009, C. 2275. XL

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 2275.XL.

    R.O.

    Chimondeguy, A. c/ ANSeS s/ reajustes varios.

    Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.

    Vistos los autos: A., A. c/ ANSeS s/ reajustes varios@.

    Considerando:

    1_) Que el actor, juez de faltas de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, optó por jubilarse en el año 1974 por el régimen excepcional de la ordenanza 29.214. De acuerdo con dicha opción, sus haberes resultaron equivalentes al ochenta y dos por ciento de la remuneración per-cibida al momento del cese en el servicio y mantuvieron una movilidad directamente vinculada con la evolución salarial de aquel cargo. En razón de que el monto fue posteriormente limitado hasta el máximo previsto en el art. 48 del decreto 1645/78, el jubilado inició demanda con el objeto de recuperar la integridad de su prestación previsional (fs.

    3/7vta., 13/20vta.).

    2_) Que el juez de grado declaró que los topes no eran aplicables al beneficio otorgado bajo un estatuto diferente al sistema general y ordenó al organismo previsional que reajustara los haberes respetando las pautas específicas de movilidad del art. 4° de la ordenanza 29.214. A tal efecto, dispuso que se tomase en cuenta la retribución que le ha-bría correspondido al peticionario de haber continuado en el cargo al mes de junio de 2001, fecha hasta la cual se mantuvo en funciones la Justicia Municipal de Faltas, según lo informado en autos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 70 y 75/76).

    1. ) Que impugnada la sentencia por la ANSeS, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social la confirmó por remisión a los precedentes de este Tribunal publicados en Fallos:

      322:752 y 792 (ACraviotto@ y AUnamuno@, res-pectivamente), lo que dio lugar al recurso ordinario de apelación

      interpuesto por el mencionado organismo, que fue concedido de conformidad con el art. 19 de la ley 24.463 (fs. 82, 102/102 vta., 107 y 109).

    2. ) Que la apelante se agravia de la extensión temporal de la movilidad reconocida. Sostiene que el personal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires está comprendido en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y que a partir de su vigencia (15 de julio de 1994; libro I, ley 24.241) han quedado derogadas todas las leyes generales anteriores y sus complementarias, entre las que se encuentra la Ordenanza 29.214 por la que obtuvo su retiro el actor.

      Objeta también que el reajuste se sustente en la equiparación dispuesta por la ley 23.191 entre las remuneraciones de los jueces municipales y la de los jueces nacionales, a la vez que discrepa con la tasa de interés aplicada y con el plazo y las modalidades de cumplimiento de la sentencia.

      5_) Que la ley 24.241 creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones con alcance nacional, que sustituyó a los regímenes generales regulados por las leyes 18.037, 18.038, sus complementarias y modificatorias; no incorporó directamente en sus disposiciones a las provincias o municipalidades, que pudieron mantener organismos de previsión social para los funcionarios y empleados de sus respectivas jurisdicciones o convenir con el Estado Nacional la adhesión a aquel sistema (arts. y 2° inc. a, apartado 4), facultad que se adecua a lo establecido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y que ha sido reafirmada en su artículo 125, párrafo segundo, según la reforma de 1994.

    3. ) Que de acuerdo con las intenciones del denominado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, suscripto por la Nación y las provincias el 12 de agosto de

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    1993, el decreto 82/94 del Poder Ejecutivo Nacional declaró de aplicación al personal en actividad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el régimen instituido por la ley 24.241 para los trabajadores en relación de dependencia, pero supeditó la transferencia del sistema municipal de previsión social a la celebración de un convenio entre las autoridades locales y nacionales, que se hizo efectivo el 29 de abril de 1994 (conf. arts. 1°, 2° y 4° y consideraciones del decreto citado).

    1. ) Que en virtud de dicho convenio, dejaron de aplicarse el decreto 1645/78 y sus modificatorios a partir del 1° de marzo de 1994, fecha desde la cual comenzaron a regir en el ámbito de la comuna los requisitos fijados por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para la obtención de tales beneficios; en cambio, la modificación no alcanzó a aquellos generados por ceses o fallecimientos producidos con anterioridad, los cuales serían resueltos de conformidad con las previsiones del citado decreto (cláusula tercera).

    2. ) Que también resulta del acuerdo de transferencia que la Nación aceptó todas las obligaciones derivadas del pago de las jubilaciones y pensiones a los beneficiarios que estaban a cargo del Instituto Municipal de Previsión Social, desde el 1° de enero de 1994; se comprometió a respetar los derechos adquiridos por los jubilados y pensionarios de ese organismo, incluyendo las pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 1645/78 y sus modificatorios, y se hizo cargo de abonar las diferencias que se hubiesen devengado por reajustes de haberes a partir de esa fecha (cláusulas primera y segunda).

    3. ) Que de lo expresado se desprende el propósito manifiesto de las partes contratantes de regular separadamente

    los efectos que produciría el traspaso en los futuros beneficiarios del sistema previsional, respecto de quienes ya tenían un derecho adquirido a las jubilaciones o pensiones bajo la vigencia del régimen municipal. En lo concerniente al primer caso, los empleados, agentes y funcionarios que se desempeñaban en los niveles comprendidos en el convenio quedaron sujetos al cumplimiento de las exigencias contempladas en el sistema nacional a partir de la fecha de corte indicada (1° de marzo de 1994); mientras que en el segundo caso, conservaron plenamente los derechos derivados de su propio sistema previsional.

    10) Que, en suma, la transferencia aparece condicionada por el carácter no retroactivo del cambio legal, por la regla que permite acceder a las jubilaciones y pensiones según las leyes vigentes al tiempo del cese en la actividad o fallecimiento del afiliado y por las garantías dadas a los derechos adquiridos por los beneficiarios de la Municipalidad.

    A ello debe agregarse que la cláusula segunda del convenio aseguró el mantenimiento de las pautas de recomposición de haberes previstas en el decreto 1645/78 y sus modificatorios para las prestaciones otorgadas durante su vigencia, mas no existe norma alguna de dicho acuerdo que autorice a interpretar que el traspaso de las obligaciones a la Nación hubiese importado la pérdida de la movilidad especial que regía a la jubilación del causante.

    11) Que tal conclusión aparece corroborada por la circunstancia de que el mencionado decreto constituyó el sistema común que rigió a la generalidad de los pasivos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sin afectar la vigencia del régimen especial de la ordenanza 29.214 sancionada con anterioridad, por lo que no se justifica una solución que lleve a suprimir o retacear las fórmulas particulares de

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    Chimondeguy, A. c/ ANSeS s/ reajustes varios. recomposición de haberes que coexistían con las del sistema general al tiempo del traspaso, pues ello implicaría una discriminación en las obligaciones asumidas respecto de los beneficiarios que el convenio no contempla y, además, dejaría inoperantes las cláusulas primera, segunda y tercera que garantizaron la intangibilidad de las situaciones consolidadas.

    12) Que en tal sentido, debe señalarse que las resoluciones del Instituto Municipal de Previsión Social dictadas en los años 1992 y 1993 (fs. 3 y 7/7 vta.) fueron enfáticas al reconocer el derecho del jubilado a que la movilidad continuara calculándose según el método de la ordenanza 29.214, sin perjuicio de la consideración de los topes máximos, después declarados inaplicables en la sentencia que ha quedado firme en ese aspecto por no haber sido objeto de reparos por la ANSeS.

    13) Que, en consecuencia, deben desestimarse los agravios de la apelante pues se basan en la incorporación de los funcionarios y empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al régimen previsional de la ley 24.241, sin tomar en cuenta las condiciones de aplicación de esa ley en el ámbito local pactadas en el convenio de transferencia, que no ha sido modificado ni podría ser modificado unilateralmente sino por una norma de similar jerarquía en el orden federal.

    14) Que, por lo demás, deben ser desestimadas las objeciones relativas a la equiparación salarial de los jueces municipales con los jueces nacionales supuestamente efectuada por el a quo, pues no guardan relación con el pronunciamiento confirmado por la cámara, que se fundó en lo dispuesto por el art. 4° de la referida ordenanza 29.214 y en el informe sobre la evolución de haberes obrante a fs. 70, de cuyos resultados el organismo previsional tampoco se ha hecho cargo.

    ) Que los planteos vinculados con la tasa pasiva de interés encuentran adecuada respuesta en el precedente "Spitale" publicado en Fallos: 327:3721, al que cabe remitir.

    Además, resulta abstracto el tratamiento de los agravios referentes al art. 23 de la ley 24.463, ya que ha quedado derogado según lo dispuesto por la ley 26.153 y atento a la entrada en vigor de la última norma citada, el cumplimiento de esta sentencia deberá efectuarse en el plazo allí previsto (conf. art. 2°).

    Por ello, el Tribunal resuelve:

    declarar formalmente procedente el recurso ordinario interpuesto por la ANSeS, confirmar el reajuste de haberes en lo que ha sido materia de agravios y por los fundamentos de esta sentencia y modificar el plazo de cumplimiento de acuerdo con la ley 26.153. N. y devuélvase.

    R.L.L. -E.I.

    HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PE- TRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M.

    ARGIBAY.

    Recurso ordinario interpuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social, demandada en autos, representada por la Dra. G.B., en calidad de apoderada.

    Traslado contestado por A.C., actor en autos, representado por el Dr. R.N. De Luca, en calidad de apoderado.

    Tribunal de origen: Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

    Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N_ 1.