Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 26 de Marzo de 2009, M. 1251. XLIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 1251. XLIII.

    R.O.

    Márquez, G.C. c/ EN - M° de Educación s/ Contrato de obra pública.

    Buenos Aires, 26 de marzo de 2009 Vistos los autos: "M., G.C. c/ EN - M° de Educación s/ contrato de obra pública".

    Considerando:

    1. ) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al modificar la sentencia de primera instancia, rechazó parcialmente la demanda, en lo relativo al reclamo de recomposición contractual.

      En lo que al caso interesa, el 22 de septiembre de 1988 la actora suscribió un contrato de locación de obra pública con el Estado Nacional para la construcción de la Escuela Nacional de Comercio n° 1 de San Salvador de Jujuy. La demandante alega que durante el período comprendido entre octubre de 1988 y febrero de 1990, debido a la hiperinflación, existieron distorsiones significativas entre la evolución real de los precios de mercado de los materiales y los servicios necesarios para la construcción, y las cláusulas de ajuste pactadas en el contrato. En consecuencia, la actora solicitó que se le abonara la suma de $ 1.604.021,63, que resultaba de calcular los perjuicios sufridos sobre la base de los factores de corrección previstos por la resolución 249/89 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para aplicar en los acuerdos de recomposición contractual autorizados por el art.

      49, inc. b, de la ley 23.696.

      Contra aquella decisión, la actora interpuso recurso ordinario de apelación, que fue concedido mediante el auto de fs. 550. La apelante presentó su memorial a fs. 573/595 vta. y la demandada respondió en el escrito de fs. 598/602.

    2. ) Que al decidir de ese modo, la cámara consideró que para obtener una compensación en los términos del art. 49,

      inc. b, de la ley 23.696, era necesario suscribir un acuerdo de recomposición contractual con la comitente. Al respecto, destacó que ese acuerdo era un acto administrativo complejo, cuya celebración exigía el cumplimiento del procedimiento previsto por las normas e importaba el ejercicio de facultades regladas y discrecionales por parte del órgano administrativo competente. En consecuencia, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato el actor había hecho reserva de adherir al régimen pero no había impulsado el procedimiento, la cámara concluyó que no tenía derecho a reclamar la recomposición sobre la base de los índices previstos en la resolución 249/89 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, reglamentaria del art. 49 de la ley 23.696.

    3. ) Que el recurso ordinario interpuesto resulta formalmente admisible toda vez que se trata de una sentencia definitiva en un pleito en que el Estado Nacional es parte y el valor disputado en último término, supera el mínimo establecido por el art.

      24, inc.

    4. , ap. a, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y reajustado por la resolución 1360/91 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

      41) Que cabe recordar que la ley 23.696 declaró la emergencia del sector público nacional, y consideró que esa circunstancia configuraba una causal de fuerza mayor que habilitaba, respecto de los contratos vigentes, a tenerlos por rescindidos o a negociar su recomposición.

      Para el supuesto en que las partes decidieran negociar la recomposición del contrato, el art. 49 de la ley disponía que los acuerdos debían inspirarse en el principio del sacrificio compartido por ambas partes contratantes y que debían ser aprobados por el ministro competente en razón de la materia. A tal efecto, los acuerdos debían reunir las con-

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    Márquez, G.C. c/ EN - M° de Educación s/ Contrato de obra pública. diciones mínimas enunciadas en el art. citado, entre ellas: la acreditación de una distorsión significativa por la aplicación de los sistemas de ajustes o reconocimientos de variaciones de costos previstos en el contrato; y la aplicación de factores de corrección que, a los efectos de preservar el principio del sacrificio compartido, incluyeran en sí mismos o por separado un índice de reducción aplicable sobre las diferencias resultantes.

    1. ) Que de las constancias de autos resulta que el actor solicitó su inclusión en el régimen de recomposición contractual pero, posteriormente, no impulsó el procedimiento.

    Según surge de fs. 88/89 del expediente, el 24 de octubre de 1990 la Comisión Liquidadora Ley 12.910 informó que la contratista no había acreditado la existencia de una distorsión significativa, de conformidad con los valores exigidos por la resolución 249/89 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Por ese motivo, la mencionada comisión concluyó que para autorizar un acuerdo de recomposición contractual la empresa debía acreditar que la distorsión alcanzaba entre el 1,3 y el 5% del monto actualizado, como mínimo.

    Ahora bien, la actora no se hace cargo de esta circunstancia. En su recurso ordinario no invoca ni demuestra haber impulsado el procedimiento con posterioridad a ese informe. Sus agravios se limitan a insistir sobre la existencia de una distorsión significativa debido a la hiperinflación. Y esta circunstancia es determinante para el rechazo de su reclamo.

    En efecto, el art. 49 citado no establece nuevos factores de corrección para todos los contratos afectados por la hiperinflación y la emergencia. Según la norma, para quedar incluido en el régimen de recomposición contractual resulta necesario suscribir un acuerdo. Y este acuerdo sólo resulta

    válido si el Estado verifica, mediante un procedimiento en el cual el órgano administrativo ejerce facultades regladas y discrecionales, que se encuentran reunidas las condiciones mínimas enunciadas en el art. 49 de la ley 23.696.

    En tales condiciones, asiste razón al a quo en cuanto a que el actor no tiene derecho a una compensación calculada según los factores de corrección previstos en el art. 49 de la ley 23.696 y la resolución 249/89 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

    Por ello, se declara admisible el recurso ordinario interpuesto y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art.

    68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

  3. y devuélvanse los autos. R.L.L. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE S.P. -J.C.M. -E.R.Z. -C.M.A..

    Recurso ordinario deducido por G.C.M., representado por los Dres.

    A.D.O. y D.E.O..

    Traslado contestado por el Ministerio de Cultura y Educación, representado por la Dra. M. delC.M.M., con el patrocinio del Dr. R.G.N..

    Tribunal de origen: Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

    Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11.