Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18 de Noviembre de 2008, G. 482. XLIII

EmisorCorte Suprema de Justicia de la Nación

G. 482. XLIII.

G.D., R.Á. y otros c/ Estado Nacional (M° de Justicia) Cdto. 1770/91C s/ empleo público.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008 Vistos los autos: A.D., R.Á. y otros c/ Estado Nacional (M° de Justicia) Cdto. 1770/91C s/ empleo público@.

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que revocó la sentencia de primera instancia y admitió la demanda entablada, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs.

    240/247, contestado a fs.

    250/252, que fue concedido a fs. 253.

  2. ) Que la decisión cuestionada fue adoptada en virtud de la previa intervención de esta Corte a fs. 218/219 vta., donde se dejó sin efecto lo resuelto por la cámara por considerarse que las cuestiones debatidas guardaban sustancial analogía con las definidas en la causa A.311.XXXIV AArrabal de C., O. y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia s/ empleo público@, sentencia del 4 de julio de 2006 (Fallos: 329:2361). En virtud del reenvío allí dispuesto, y atendiendo también a la doctrina sentada en el plenario del fuero A. de F., G. c/ Estado Nacional - M° de Justicia s/ empleo público@, el a quo tuvo por cierto que las sumas reconocidas a los jueces y funcionarios por los decretos 1770/91 y 2024/91 revisten naturaleza remuneratoria a los fines de la aplicación de la escala salarial establecida por la ley 22.969.

    En su consecuencia, admitió la acción intentada y condenó al Estado Nacional al pago de las diferencias salariales no abonadas resultantes de computar la suma de $ 835 Cestablecida por el decreto 1770/91C en los términos de la escala remuneratoria establecida por la ley 22.969, corres-

    pondiente al cargo de los actores, desde el 1° de abril de 1987 al 25 de septiembre de 1989. Estableció al respecto que cada diferencia debería ser actualizada según la variación del índice de precios al consumidor Cademás de generar un interés del 5% anual sobre el monto ajustadoC desde que fue devengada hasta el 1° de abril de 1991. A partir de dicha fecha los créditos liquidados devengarían los intereses previstos en la ley 23.982 y sus reglamentaciones, en virtud de encontrarse sometidos a ese régimen de consolidación.

  3. ) Que el recurrente se agravia puntualmente del reajuste monetario ordenado por la cámara, pues la suma establecida por el decreto 1770/91 ya había sido expresada a valores de octubre de 1991, encontrándose vigente el régimen de convertibilidad y prohibida todo tipo de actualización de los créditos, de modo que no correspondía retrotraerla hasta el mes de abril de 1987 y los meses siguientes hasta el 31 de octubre de 1990. Aclara también que la aplicación de la metodología cuestionada conduciría a resultados desproporcionados, ya que se reconocería a los actores una suma sustancialmente mayor a la que percibieron los destinatarios del decreto 1770/91.

  4. ) Que el remedio federal resulta formalmente admisible, toda vez que se encuentra controvertida la inteligencia de un pronunciamiento de la Corte Suprema recaído con anterioridad en la misma causa (conf. Fallos: 317:95), a la vez que se ha cuestionado la interpretación de una norma federal Cel decreto 1770/91C, y la decisión de la alzada ha sido adversa al derecho que los apelantes fundan en el precedente y la norma citados.

  5. ) Que en el recordado precedente de Fallos:

    329:2361, el Tribunal puso de relieve el carácter remunerativo

    G. 482. XLIII.

    G.D., R.Á. y otros c/ Estado Nacional (M° de Justicia) Cdto. 1770/91C s/ empleo público. de los pagos dispuestos en el decreto 1770/91, pues tuvieron por objeto compensar el deterioro operado en las remuneraciones judiciales en un período determinado, lo que significó el reconocimiento de una diferencia salarial. Se destacó también que las sumas abonadas en virtud del referido decreto traducen el cumplimiento Ceconómicamente parcial pero jurídicamente cancelatorio por haber sido aceptado por los acreedoresC de la originaria obligación remuneratoria por el lapso consignado.

    El aludido carácter remunerativo de estas diferencias salariales, según se expresó, no se alteraba por la mera circunstancia de que hayan sido pagadas por Aúnica vez@ y sin incorporarse a la remuneración habitual, ni por el hecho de que se hubiese concretado en una suma fija y uniforme para todos los funcionarios y magistrados comprendidos en la norma (cons. 6°).

  6. ) Que, en efecto, el decreto 1770/91 reconoció a todos los magistrados nacionales que se hubiesen desempeñado como tales en el período comprendido entre el 1° de abril de 1987 y el 31 de octubre de 1990, hasta un monto equivalente a la suma que resulte de multiplicar la cantidad de $ 835 por los meses en que los interesados hubieren revestido efectivamente la calidad de magistrados, dentro del período antes señalado (art.

  7. ). Si bien en la norma citada delimitaba Centre las fechas indicadasC el lapso en el que había tenido lugar el desfasaje salarial que se pretendía reparar con el pago, lo evidente es que la suma mensual allí reconocida se expresó en valores actualizados a la fecha de su entrada en vigencia (8 de octubre de 1991).

  8. ) Que en tales condiciones, al conceder el reajuste de la deuda desde cada período mensual en el lapso de

    prestación de servicios tenido en cuenta para el pago, la alzada repontenció un crédito ya actualizado a la fecha de su reconocimiento, incrementando de ese modo su real significado económico en detrimento del deudor.

    En este sentido, debe tenerse presente que este Tribunal consideró legítima la pretensión de los actores por el cobro de la proporción que les correspondía C. arreglo a lo dispuesto en la ley 22.969C sobre los pagos instrumentados por el decreto 1770/91 (Fallos:

    329:2361), teniendo en consideración que dichos pagos formaron parte de una política de recomposición salarial para el Poder Judicial de la Nación que abordaba globalmente esta problemática, de modo que no cabía circunscribir su alcance a los beneficiarios directos de la intangibilidad salarial garantizada por la Constitución Nacional (cons. 8°). Mas de ello también se sigue que los beneficiarios de aquellos pagos por un título derivado no pueden obtener por esa vía una compensación superior Cen términos nominalesC a la percibida oportunamente por los destinatarios directos del sistema C. no cobraron actualización ni intereses por el período en cuestiónC, limitándose su derecho al porcentual correspondiente a su cargo según el régimen salarial por entonces vigente y a los intereses derivados del incumplimiento de la demandada.

    Por ello, habiendo dictaminado la Procuradora Fiscal, se resuelve:

    Declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado.

    Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo

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    G.D., R.Á. y otros c/ Estado Nacional (M° de Justicia) Cdto. 1770/91C s/ empleo público. fallo con arreglo a lo resuelto. Costas por su orden (art.

    68, 2° párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y devuélvase. R.L.L. -E.I. HIGHTON de NOLASCO - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M.

    ARGIBAY.

    Recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, demandado en autos, representado por el Dr. A.A.C..

    Traslado contestado por R.Á.G.D. y otros, actores en autos, representados por el Dr. J.R.M..

    Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.I..

    Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 4; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, S.I..

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